Responsabilidad  fiscal en cuantía de 4.374 millones de pesos le imputó la Contraloría General de la República al alcalde de Mitú, Vaupés, Carlos Iván Meléndez, y a su secretario de Obras, Mario Alberto Pérez.

Según la Contraloría, Meléndez, avalado en 2011 por el Partido de Integración Nacional (hoy Opción Ciudadana), le habría producido al Municipio un presunto daño patrimonial por haber pagado el 94 por ciento de un contrato suscrito en 2010 para la construcción de la planta de tratamiento de aguas PTAR, sin que a la fecha la obra, construida en una zona inundable, haya entrado en funcionamiento.

Igualmente, se tuvo en cuenta para esta imputación que se haya pagado el 88 por ciento del valor del respectivo contrato de interventoría, suscrito con Habocic SAS, sin que las funciones contratadas con esta firma fueran realizadas a cabalidad: para empezar, nunca exigió al contratista de la obra (Carlos Alberto González) que entregara a satisfacción y en total funcionamiento la planta.

Para la Contraloría, Meléndez, que se mostró renuente a entregar información solicitada por el organismo de control dentro de sus averiguaciones, incurrió en omisión en el ejercicio de sus funciones al recibir con observaciones la obra cuando la misma no se ha ejecutado en su totalidad. Tampoco realizó las acciones pertinentes para que tanto el contratista como el interventor cumplieran con la construcción de la PTAR.

Por su parte, Pérez no cumplió adecuadamente con las labores de supervisión de los dos contratos cuestionados, pues no emprendió acciones para que se cumpliera el programa de trabajo ni practicó inspecciones completas a la obra que dejaran ver las verdaderas razones por las cuales no se ha terminado, no funciona, se inunda, presenta fallas técnicas y vierte al río Vaupés aguas residuales sin tratar (el municipio de Mitú no tiene permisos de vertimiento ni plan de saneamiento por parte de la autoridad ambiental).

La imputación fiscal a Meléndez y Pérez (supervisor de los contratos de obra y de interventoría) se hizo a título de culpa grave y en forma solidaria. Y cobija también al interventor, Habocic SAS, representada legalmente por Camilo Andrés Beltrán.

Igualmente, dentro de la cuantía estimada del presunto daño patrimonial se le imputó responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, al encargado de la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Mitú, el contratista González, para que responda de manera solidaria por el valor de 4.116 millones de pesos.