Los cargos  imputados por la Fiscalía por las irregularidades cometidas en dos contratos por valor de $2.500 millones de pesos, destinados para alimentar a 1.778 niños de Ponedera y Tubará, en edades comprendidas entre cero y 5 años, no fueron aceptados por los 10 procesados.

Los delitos son los de falsedad en documento público, peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos.

De acuerdo con el ente acusador, los contratos en los que se habrían presentado las irregularidades son el 331 del 22 de diciembre de 2014 por $1.028 millones, y el 346 de la misma fecha, por valor de $1.253 millones.

Las capturas de funcionarios del Instituto de Bienestar Familiar, representantes de la Unión Temporal Unidos por la Niñez y cuatro proveedores, entre ellos un policía activo, se realizaron el martes en Barranquilla, Soledad, Baranoa, Sabanalarga y Santa Marta, mediante orden judicial del Juzgado Primero Penal Municipal de Soledad.

Las aprensiones de Yolanda Ruiz Pinzón, exdirectora del ICBF Atlántico; Janeth Ortega de Camargo, Oneida Bayona Barrios, Carlos Gamarra Sierra, Rosmery Maldonado Fontalvo y Luis Avendaño Méndez (representantes de la Unión Temporal Unidos por la niñez; además de Luis Avendaño Fernández, Eduardo Camargo Ortega, Juan Carlos Villanueva Hernández y del policía activo Orlando Alberto Jessurum, adscrito a la Policía Metropolitana de Santa Marta, fueron legalizadas ante el juez 13 penal municipal Carlos Vásquez.

De acuerdo con la Fiscalía, hasta el momento van 24 personas capturadas por corrupción en los contratos para suministrar alimentación a los niños en el Atlántico y La Guajira.

Ha dicho la Directora del ICBF, Cristina Plazas, que el trabajo ha sido mancomunado con las autoridades, con el fin de garantizar que esos recursos llegues a su destino y no se pierdan por el camino.

Por ello, dijo, se han establecido una serie de controles e impuesto nuevos requisitos a los contratistas.

La más reciente captura fue la de Solimar Rodríguez Efer, representante legal de la Fundación Mejor Vivir, quien deberá responder por su presunta responsabilidad en los desfalcos ocurridos a las arcas del ICBF destinadas a la alimentación de los niños más desfavorecidos.

La mujer está siendo investigada por los delitos de concierto para delinquir, peculado y falsedad ideológica en documento público, en el marco de las denuncias recibidas por las irregularidades presentadas en la contratación del ICBF para la atención integral a la primera infancia.