La justicia francesa dio un paso decisivo en la investigación sobre el arbitraje en favor del empresario Bernard Tapie en el caso de la venta de la firma Adidas al inculpar el miércoles al juez-árbitro por estafa en banda organizada, lo que deja presagiar otras imputaciones.
En el marco de este caso, la justicia francesa declaró el viernes pasado a la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, testigo asistido, una situación intermedia entre la de testigo y la de inculpado.
El miércoles, Pierre Estoup, ex alto magistrado de 86 años de edad, fue inculpado al término de una detención preventiva de 48 horas.
Los investigadores sospechan que Estoup tuvo vínculos en el pasado con Bernard Tapie y con su abogado, Maurice Lantourne, lo que pudo influir en la decisión de arbitraje tomada en 2008 en favor del empresario en el litigio que lo oponía al banco Crédit Lyonnais sobre la venta de la firma de ropa deportiva Adidas en 1993.
Los jueces decidieron contra Estoup un cargo mucho más grave que el simple conflicto de intereses, sospechándolo ahora de haber intervenido directamente, con otros, en el arbitraje.
Principal protagonista del caso, el propio Tapie tomó nota de la gravedad del cargo, que estimó "incomprensible".
El jurista Thomas Clay, consideró que la expresión "banda organizada" deja pensar "que habrá otras inculpaciones". Un análisis compartido por el dirigente centrista François Bayrou, que estimó que se trata de "una fuerte presunción de maniobra organizada en el propio seno del Estado", "con la aprobación o incluso la inspiración" de las más altas autoridades.
El Estado francés va a declararse demandante en este caso, que permitió a Tapie cobrar más de 400 millones de euros de dinero público.
"Ejecutar órdenes"
Convocada por la justicia en este caso en tanto exministra francesa de Economía, Christine Lagarde se libró de ser inculpada, pero su estatuto puede ser modificado en todo momento.
La directora del FMI reivindicó la responsabilidad de la decisión de recurrir a un arbitraje privado en vez de a la justicia, pero su abogado, Yves Repiquet, dio a entender claramente que ella habría actuado sin duda de forma diferente si hubiera tenido conocimiento de los elementos aportados posteriormente por la investigación.
Según una fuente cercana al caso, la investigación demostró que varias reuniones tuvieron lugar en el palacio presidencial del Elíseo entre protagonistas del caso. Son citados los nombres de Tapie, de Stéphane Richard (actual presidente de la firma Orange y ex director de gabinete de Lagarde), de Claude Guéant, en la época secretario general del Elíseo bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy, y de François Pérol, secretario general adjunto.
"Tenía reuniones periódicas con el secretario general del Elíseo", declaró Richard a la AFP, aunque precisando que el caso Tapie fue evocado "una vez" y que la presidencia "no ejerció jamás una presión particular".
"Impactado" por la inculpación del juez, el presidente de Orange reivindicó su "apoyo a un recurso a un arbitraje honesto", agregando que no tuvo "nunca en su poder informaciones que dejaran suponer que el arbitraje estuviera falseado".
Los investigadores se interesan en particular a un texto del compromiso de arbitraje en el cual el Tribunal de Cuentas descubrió una "falsificación": una modificación aportada al texto final que permitió a Tapie cobrar 45 millones de euros en concepto de perjuicio moral.
"El texto proviene del intercambio entre el presidente del Consorcio de Realización (que administraba el pasivo del banco) Jean-François Rocchi "y su consejo de administración", explicó Richard.
Según él, Rocchi propuso desde el principio el arbitraje, para lo cual recurrió al exministro de Economía Thierry Breton antes de la presidencial de 2007, y luego a los gabinetes de sus sucesores, Jean-Louis Borloo y Christine Lagarde.
Rocchi desmintió en 2011 que hubiera modificado el texto del arbitraje. Según una fuente cercana al caso, él se limitó a "ejecutar órdenes".
Por su parte, Borloo desmintió el jueves haber estado al tanto del asunto.