Esta iniciativa viola la separación de poderes, promete una justicia estratificada y busca acabar con la Constitución de 1991 y el Estado Social de Derecho.

Mientras el país se ahoga en un invierno inclemente, el Gobierno ha demostrado gran incompetencia para auxiliar a los damnificados y ejecutar obras de prevención indispensables, y en cambio sí ha mostrado una ilimitada eficacia en reformar la Constitución en contra de los derechos de los más pobres y desvalidos de la sociedad. Tal es el caso del acto Legislativo de Sostenibilidad Fiscal y la Reforma a la Justicia en curso, cuya aprobación sepultará definitivamente el Estado Social de Derecho. Sin importar estos y otros graves cuestionamientos de importantes juristas y organizaciones de jueces y funcionarios de esta Rama, la Reforma a la Justicia fue aprobada en primera vuelta el pasado 14 de diciembre, con la evidente complacencia del Gobierno. Poco importó al Presidente y su Ministro de Justicia tan autorizadas críticas, ni siquiera el retiro de las deliberaciones de la cúpula de la Rama Judicial, quienes conocen a fondo los verdaderos problemas que aquejan a la justicia, como tampoco le interesaron los serios reparos de Human Rights Watch a la ampliación del fuero militar. Esta reforma constitucional viola la separación de poderes, promete una justicia estratificada y, como señala el editorial de este Diario, “Se da una maniobra deliberada para arrinconar a la Rama Judicial, quitarle sus atributos y emascularla del escenario nacional después de haber sido el dique de contención contra la desinstitucionalización y los vasos comunicantes entre el crimen y el Estado”1/. Lejos de resolver los problemas de congestión y menos aún de brindar garantías de justicia para todos los ciudadanos la verdadera esencia de la reforma es sepultar la independencia de esta Rama del Poder Público, privatizar la justicia y acabar con la Constitución de 1991 y el Estado Social de Derecho.
Por las anteriores razones, el Observatorio Nacional Permanente de la Administración de Justicia ha pedido el retiro de dicho proyecto. María del Pilar Arango, Presidenta Ejecutiva de dicha asociación, ha expuesto algunas de dichas objeciones. La congestión de la justicia es un hecho innegable; un Juez Civil Municipal tiene a su cargo en promedio entre 3.000 y 4.000 casos y un Juez Civil de Circuito entre 1.300 y 1.600 procesos. Pero ello no explica el por qué “una propuesta de reforma a la Justicia de nivel constitucional -en lugar de asegurar que el Estado disponga de un mayor número de juzgadores- pretenda imponer de manera ligera y apresurada fórmulas que desconocen el principio de gratuidad y que finalmente afectarán de manera grave la calidad del servicio”. Pues dicha reforma privatiza la Justicia al permitir que particulares, notarios y abogados tomen decisiones y fallen procesos. Arango pone en duda que esta autorización descongestione la justicia, pues finalmente son los jueces quienes deben fallar las apelaciones y por lo tanto dedicar tiempo al estudio y fallo de los procesos.2/ Esta posición es compartida por numerosos juristas, entre ellos Juan Manuel Charry: “Buscar resolver los procesos por personas extrañas a la administración de justicia, resulta francamente insólito”.3/ Pero, como anota el citado editorial, en lugar de nombrar los jueces que sea necesario, “a los mismos jueces, que son los representantes primigenios de la institucionalidad judicial, les ponen una nómina paralela y contradictoria de abogados…” 1/.
La privatización de la Justicia, como ocurrió con la del derecho a la salud, cuyos resultados fueron nefastos, dice Arango, también limitará especialmente el derecho a la justicia de los más pobres, pues la reforma limita a una única instancia los procesos que no superen los ocho millones de pesos, los cuales “nunca serán conocidos por un juez ¿Si esto no es estratificar la administración de justicia, entonces qué lo es?” ¿Qué será del Estado Social de Derecho y del principio rector de la igualdad, que nuestra Constitución preserva tan celosamente, cuando se permite que controversias de baja cuantía, pero que no por eso dejan de ser muchas –constituyen el 40 por ciento del total de conflictos civiles– se sustraigan del conocimiento del juez natural?”2/
La reforma además busca apartar a la Corte Suprema de Justicia del juzgamiento de los congresistas al contemplar una “supercorte” para juzgar a los funcionarios con fuero especial, entre ellos, congresistas, magistrados de las altas Cortes, Fiscal, Procurador, Contralor y Defensor del Pueblo. Con razón el país la entiende como una retaliación por la eficaz y valiente actuación de la Corte Suprema de Justicia en la parapolítica, sin haberse amilanado ante la gravísima persecución por parte del DAS bajo el gobierno Uribe. Esta institución ha sido relegada en la investigación de los congresistas a una segunda instancia, convirtiéndola en “un convidado de piedra”, un 'eunuco'.1/ En efecto, antes del conocimiento de la Corte Suprema de Justicia los investigará dicha 'supercorte', conformada por seis magistrados, dos designados por el Presidente de la República, dos por el Congreso y dos por el Consejo de la Judicatura. ¡El presidente nombrando jueces, y el congreso nombrando sus propios jueces! Al respecto La Fiscal de la nación ha advertido que esta 'supercorte' puede ser un Frankestein.
Con cuanta razón titula el citado editorial “El Réquiem”, refiriéndose a la Constitución de 1991, pues la Reforma a la Justicia perfecciona la gravísima fractura del equilibrio de poderes entre las distintas Ramas que significó la aprobación de la reelección presidencial bajo el gobierno Uribe 1/; reelección, que cabe recordar, fue comprobadamente ilegítima y en consecuencia debería desaparecer de nuestro ordenamiento jurídico. Pero, por el contrario la Reforma a la Justicia y otras reformas constitucionales como la de Regalías y la Sostenibilidad Fiscal, apuntan a dotar al Ejecutivo de superpoderes sin importar cuánto se viola nuevamente la Constitución Política de Colombia.

1/ “El Réquiem” El Nuevo Siglo 15/12/ 2011
2/http://razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/2614-la-…
3/http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/2590…