La intención del gobierno de vender las acciones del Estado en empresas mixtas y el nombramiento de nuevos magistrados, calentaron el clima político en Panamá, al punto de que el Congreso suspendió la sesión  en medio de escaramuzas en la sala de sesiones.

El enfrentamiento entre el gobierno y la oposición gira en torno al plan del gobierno derechista de Ricardo Martinelli de vender las acciones que el Estado tiene en las empresas mixtas de electricidad y telefonía y al intento de revivir una sala de garantías constitucionales dentro de la Corte Suprema de Justicia.

Durante el período del ex presidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), del Partido Revolucionario Democrático (socialdemócrata), se privatizaron varios servicios, entre ellos la electricidad y la telefonía.

En la telefonía, la concesión recayó en la británica Cable & Wireless, mientras que en la eléctrica cayó en varias compañías distribuidoras y generadoras de electricidad.

Cable & Wireless entró al mercado panameño en 1997, tras pagar 652 millones al Estado para adquirir el 49% de las acciones, quedando otro 49% en propiedad del Estado y el 2% restante en los trabajadores.

El gobierno panameño pretende desprenderse de su 49%, depositando el 24% en bolsa y el 25% depositarlo en un fondo recientemente creado para atender desastres naturales y otras contingencias.

También pretende desprenderse del 49% de acciones que posee en las 6 compañías de generación y distribución eléctrica del país, entre las que está la española Unión Fenosa, con el fin de obtener ingresos para realizar sus proyectos.

Martinelli "está vendiendo todos los patrimonios del pueblo para gastárselos en política y en proyectos que son cuestionados y que no resuelven la vida diaria del pueblo panameño", dijo el vicepresidente, y a la vez opositor, Juan Carlos Varela.

La oposición asegura que las verdadera intención del mandatario es hacerse con abundantes recursos económicos para encarar en 2014 una hipotética reelección.

Aunque está prohibida por la Constitución, los opositores creen que con la nueva sala de garantías constitucionales, cuyos tres magistrados son nombrados por Martinelli, más los millones de estas ventas, el mandatario tendría despejado el camino a una reelección.

Esa polémica se trasladó este lunes al Congreso, donde grupos de manifestantes opositores rompieron las ventanas del hemiciclo e invadieron la sala de sesiones del plenario, increpando a los diputados oficialistas.

"Aquí estamos viendo como un pueblo le dice a Ricardo Martinelli hasta aquí. No podemos seguir permitiendo que siga destruyendo la democracia y el patrimonio del pueblo panameño", dijo al canal Telemetro Francisco Sánchez Cárdenas, presidente del opositor Partido Revolucionario Democrático (socialdemócrata).

El pasado viernes, los partidos políticos opositores, algunos de los cuales habían sido enemigos históricos, llamaron a crear un frente por la democracia y convocaron a las protestas.

"Yo me voy en el 2014", insistió este lunes Martinelli, quien ha asegurado que no buscará la reelección.

"Se habla de institucionalidad y democracia y los que irrumpen la institucionalidad y la democracia son las mismas personas que la pregonan y dicen que no se cumple", aseguró Martinelli, para quien la oposición "no tiene ninguna aceptación popular".

"El país ha entrado en un estrés y una tensión innecesarias" creadas por la forma de gobernar de Martinelli, dijo a la AFP el analista Edwin Cabrera.

"La sociedad panameña está crispada porque el gobierno se niega a aceptar el diálogo sobre leyes económicas que afectan al futuro del país", dijo por su parte el analista Jaime Porcell, para quien al gobierno le gusta "imponer" y no "dialogar" ni "consultar"