Aprueban preacuerdo suscrito entre la Fiscalía e Inocencio Meléndez.

EN DESARROLLO de la investigación que adelanta la Fiscalía por irregularidades descubiertas en la contratación de obras viales en Bogotá, la Juez 27 con función de conocimiento de la capital del país avaló el preacuerdo suscrito entre la entidad e Inocencio Meléndez, exsubdirector Técnico y Jurídico del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en el que éste aceptó cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contratación sin el cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y prevaricato por omisión.

En consecuencia, Meléndez será condenado a una pena de siete años y seis meses de prisión y a pagar una multa de 142 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Al dar a conocer su decisión, la Juez manifestó que la Fiscalía respetó las reglas y las normas jurídicas en el preacuerdo, ya que en ningún momento se dio al acusado un beneficio escandaloso y tampoco se impuso una pena irrisoria.

En las próximas horas la Juez leerá la sentencia y decidirá el sitio de reclusión para Meléndez. En la audiencia, la Fiscalía indicó que otro de los delitos imputados en su momento a Meléndez, como es el de concusión, será tratado en una audiencia posterior.

La jueza determinará en la diligencia si decreta la ‘ruptura procesal’, que supone continuar este juicio únicamente con la presencia de la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, y el excontralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, y analizar la situación jurídica de Meléndez en otro expediente aislado.

De hecho, la actuación del fiscal Germán Pabón en el caso culminó con la solicitud del exfuncionario al despacho para que tuviera en cuenta a Meléndez como testigo en contra de Pardo y Moralesrrusi.

El asistente del acusado indicó que ya no es necesario que el exdirector jurídico del IDU siga dentro de este proceso como indiciado, sino como testigo de cargos, pues sus señalamientos, al parecer, son de utilidad para sustentar la acusación de la Fiscalía.

Meléndez, exsubdirector jurídico del IDU, aseguró al término de la audiencia que sólo ha investigado el 1 por ciento de las irregularidades presentadas en el carrusel de la contratación

Igualmente indicó que hay más funcionarios y personas particulares implicadas a quienes no se les ha adelantado investigación por estos hechos.

Para cumplir la pena, el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Ricardo González, pidió como centro de reclusión la escuela de Aquimindia del DAS, ubicada en el norte de Bogotá, acogiendo una petición que hizo el propio Meléndez.

“Teniendo en cuenta el compromiso que adquirió el ex funcionario es actuar como testigo de cargos de la Fiscalía, nos parece que allí”, en Aquimindia, “se mejoran las condiciones de seguridad, de traslados y demás”, sostuvo el fiscal González.

Sin embargo, el representante de la Procuraduría pidió que Meléndez cumpla su condena en un sitio diferente a la mencionada escuela del DAS y que en su lugar sea vinculado al programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía.

Precisamente el preacuerdo establece que la familia de Meléndez hará parte del programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación.
De otro lado, ante la existencia de una declaración que habría sido efectuada dentro de un proceso penal según la cual se involucra en hechos ocurridos en el mes de diciembre de 2008  para “agilizar” el pago de un anticipo para un contrato de la fase III, ayer Fernando Álvarez, secretario distrital de Movilidad, desmintió esas versiones: “Estas afirmaciones son falsas. Ni he recibido, ni me han ofrecido, ni he solicitado suma alguna por el ejercicio de mis funciones. No es cierto que para esa fecha yo me desempeñara como gerente de Transmilenio, pues a partir del 11 de noviembre de 2008 me desvinculé y asumí la Secretaría Distrital de Movilidad. De acuerdo con documentos que me han sido suministrados por Transmilenio, el pago a todos los contratistas de la Fase III de Transmilenio, se llevó a cabo más de un mes después de mi retiro y en la misma época para todos, sin que se hubiera gestionado en forma especial el pago a contratista alguno”.