El próximo martes se cumplirá un año de los comicios regionales en que fueron elegidos por cuatro años los actuales gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Como ha sucedido en anteriores periodos, es alto el número de alcaldes y gobernadores encartados con investigaciones disciplinarias y algunas penales.

Gobernadores

La gobernadora del Huila, Cielo González, fue destituida el pasado 25 de abril por la Procuraduría General al concluir que omitió su obligación de dirigir y controlar el uso de las regalías cuando fungía como alcaldesa de Neiva durante el periodo 2004-2007. Corresponde a unos recursos que fueron invertidos en una entidad sin vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera. La Mandataria se mantiene en el cargo a la espera de la apelación que presentó frente a este fallo.

En tanto que Héctor Useche se convirtió en el primer mandatario destituido este año, el pasado 26 de marzo, por una decisión de la Contraloría General, al encontrarlo responsable, junto con otros funcionarios del Departamento, de un detrimento patrimonial por 40.767 millones de pesos que se presentó en la Industria de Licores del Valle. En tanto que a mediados de junio pasado, el Ministerio Público también destituyó a Useche y lo sancionó durante 12 años para ocupar cargos públicos por un contrato sin licitación que entregó la Gobernación del Valle del Cauca a una institución especializada en tratamientos de obesidad.

En el departamento de Caldas su gobernador Guido Echeverri está en vilo porque su elección fue anulada el pasado 3 de julio por una decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, al fallar una demanda de inhabilidad para ocupar el cargo porque su esposa ejerció como Secretaria de Hacienda encargada en la Alcaldía de Manizales durante el año previo a la elección. A pesar de ello, Guido Echeverri se mantiene en el cargo a la espera de los recursos que presentó ante el Consejo de Estado.

Otro gobernador que está tambaleando es Luis Murillo en Chocó, quien fue suspendido por el Consejo de Estado de forma provisional, mientras analiza una demanda contra su elección porque estaría inhabilitado para ejercer el cargo, pues fue condenado en 1997 por el delito de peculado por destinación indebida, el cual desapareció del Código Penal. Murillo se mantiene en el cargo a la espera de que la medida quede en firme.

Mientras que el gobernador de Norte de Santander, Édgar Díaz, fue suspendido en febrero pasado del cargo durante 10 meses por la Procuraduría General porque cuando era concejal de Cúcuta autorizó la creación de una corporación sin ánimo de lucro de carácter municipal. No obstante, este fallo no obliga a que el Mandatario se apartara del cargo.

Mientras que el gobernador de Casanare, Nelson Mariño, es investigado por la Procuraduría por supuesta destinación indebida de las regalías cuando se desempeñaba como alcalde de Yopal. Además el organismo de control tiene abiertas dos investigaciones más, una por celebración irregular de convenios para almuerzos escolares y una condena en primera instancia por irregularidades en un contrato de obra pública.

A la vez la Fiscalía General investiga las declaraciones de varios desmovilizados que vinculan a Mariño con grupos paramilitares de la región.

Por su parte, el gobernador de Arauca, José Castillo, tiene dos investigaciones preliminares en la Fiscalía y la Procuraduría por supuesto interés ilícito en contratos cuando se desempeñaba como director del Hospital San Vicente del municipio de Arauca.

Mientras que el gobernador de La Guajira, Juan Gómez, tiene varias investigaciones disciplinarias por actuaciones que tuvo como alcalde del municipio de Barrancas.

Por su parte el mes pasado la Procuraduría General abrió una investigación contra el gobernador de Caquetá, Víctor Isidro Ramírez, para que explique sus continuas ausencias del cargo. El Mandatario ha hecho varios desplazamientos, algunos por varios días, los cuales no habrían sido justificados.

Alcaldes

La Procuraduría General de la Nación abrió EL 17 de este mes una investigación disciplinaria al alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez por la presunta comisión del delito de concusión. De acuerdo con la denuncia presentada por un concejal del municipio, el alcalde habría pedido dinero a nombre del Concejo de Cúcuta para lograr la aprobación de un Acuerdo por el cual se ajustó el Plan de Ordenamiento Territorial, se incorporó el suelo de expansión urbana al perímetro urbano y se declaró el desarrollo y construcción prioritaria de los predios incorporados.

Mientras que al alcalde de Cartagena, Campo Elías Terán Dix, la Procuraduría General le abrió indagación preliminar al principio de este mes por presuntas irregularidades en el proceso de elección y nombramiento de terna para la elección del alcalde de la Localidad Industrial y de la Bahía de la ciudad de Cartagena (Bolívar). Igualmente, por estos días el Mandatario hace uso de una incapacidad médica a raíz del cáncer que le fue detectado. Se ignora si el Burgomaestre prefiera renunciar al cargo.

Igualmente el pasado 26 de septiembre la Procuraduría General de la Nación abrió investigación preliminar en contra del alcalde de Villavicencio, Juan Guillermo Zuluaga, por presuntas irregularidades presentadas en el despido y terminación unilateral del contrato individual de trabajo a término indefinido de 16 trabajadores oficiales.

En tanto que contra el alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bohórquez, y los concejales de esta ciudad la Procuraduría General el pasado 26 de septiembre abrió una indagación preliminar por las presuntas irregularidades en que pudieron incurrir con ocasión del trámite, aprobación y sanción de los acuerdos municipales 036 del 18 de julio de 2012 y 041 del 21 de julio de 2012.

Mediante estos actos administrativos se facultó al Alcalde de Bucaramanga para comprometer recursos por cincuenta mil millones de pesos en vigencias futuras hasta el año 2015.