Un conflicto de competencias entre la Nación y los municipios previeron expertos juristas como resultado de la primera consulta popular a realizarse este domingo en Piedras (Tolima) donde se preguntará a la comunidad si están de acuerdo con la explotación minera a gran escala.

Según los especialistas, la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima que ordenó la consulta, finalmente se verá enfrentada a la normatividad nacional, ya que es esta última la que puede decidir sobre el uso de los recursos naturales.

Si bien Juan Carlos Lancheros, director de la Fundación Derecho Justo, especializado en derecho constitucional, consideró importante la implementación de esta herramienta de participación ciudadana, advirtió sobre el choque de competencias entre las dos instancias.

 “Va a plantear un conflicto de competencias entre el municipio y la Nación porque la explotación de recursos naturales no renovables le corresponde a la Nación, en esa medida es esta instancia la que tiene la autoridad de otorgar licencias y para otorgar la explotación de los mismos. Aquí habría un problema porque los habitantes del municipio se están oponiendo a través de un mecanismo de participación previsto en la Constitución”, explicó Lancheros.

El especialista dijo que esto generaría un serio antecedente sobre los proyectos de explotación de recursos naturales que hay en marcha en el país.

“Se va a generar un problema de orden político porque la Nación por más de que sea su competencia no puede negarse a escuchar el clamor de los ciudadanos. Creo que esa consulta popular va a ser favorable para los intereses del municipio pero va a generar unos antecedentes muy interesantes sobre su uso porque imagínese lo que va a suceder entonces en el caso de Santurbán y en otros proyectos mineros muy importantes donde la población se opone a estos proyectos”, sostuvo el constitucionalista.

Por su parte, el también constitucionalista, Juan Manuel Charry, dijo que el uso de esta herramienta crea un nuevo obstáculo para el desarrollo de proyectos de este tipo como ocurrió con las consultas previas.

“Creo que tiene muchas incidencias en distinto orden; se convierte en un posible obstáculo o riesgo para la actividad minera, de que además de consultar a las comunidades, se llegue a la conclusión de que no quieren que haya explotación minera. Además está el contexto de un conflicto entre la actividad minera con la protección del ambiente donde usualmente  el ciudadano ve esta actividad como un riesgo ambiental y no considera que esta pueda realizarse mitigando el impacto ambiental y eso termina siendo un obstáculo para el desarrollo económico ya que el país tenía previsto una locomotora minera, que en alguna medida está funcionando”, recalcó Charry.

De otro lado el abogado calificó como tendenciosa la forma como está redactada la pregunta de la consulta del domingo, ya que de antemano dice que la explotación va a contaminar.

“Me parece que en este caso la consulta tiene un tratamiento tendencioso porque señala si se quiere continuar con la explotación minera en el entendido de que contamina el agua, tiene mercurio. En tal sentido está induciendo la respuesta. Me sorprende que el Tribunal Administrativo haya orientado la pregunta en esa dirección porque me parece que no es imparcial”, anotó Charry.

La polémica

El próximo domingo y por primera vez en Colombia se ejercerá el mecanismo de la consulta popular, proceso que definirá si se da luz verde a la explotación de oro más grande nunca antes descubierta en el país de 24 millones de onzas para los próximos 20 años.

Sin embargo, el hallazgo se enfrenta a la resistencia de un sector de la población por el  uso de millones de metros cúbicos de agua necesarios para la extracción, lo cual dejaría sin el líquido a una vasta zona del occidente del Tolima, lo que obligaría al desplazamiento de la población que allí vive.

Otra arista de la problemática es que a pesar que un fallo del Tribunal Administrativo del Tolima, un reciente decreto del Ministerio de Minas y Energía no reconoce la jurisdicción de los municipios para tomar decisiones sobre proyectos mineros. Incluso, se afirma que si el proyecto cuenta con la autorización del Ministerio y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), no hay marcha atrás.

A pesar de esto, desde el Gobernador del Tolima, pasando por el Alcalde de Piedras, hasta sus habitantes, rechazan la excavación de la montaña y piden el retiro de la Anglogold Ashnati, la compañía encargada de la explotación.

Habla la empresa

En comunicado publicado en su página web, la Anglogold Ashnati señaló que“decirle no a La Colosa es negarle una oportunidad a la industria legal, al dinamismo económico, a los encadenamientos productivos, al empleo digno y al desarrollo sostenible”.

Del mismo modo destaca los beneficios que tendría para la economía del país, ya que el 80 por ciento de las ganancias se quedarían en Colombia.

Frente a los daños de la explotación, la compañía dice que esta se realizaría “en armonía con el medio ambiente y cumpliendo con la prevención, mitigación y compensación de todos los impactos que genera, tal como lo exige la ley”.

En el caso del consumo de agua dice que “La Colosa no representa un riesgo para el agua, ni para la infraestructura de riego del distrito Usocoello ni para los tolimenses. En Tolima hay suficiente agua para todas las actividades económicas. Tanto en Colombia como en el mundo, el promedio de agua que usa la minería es entre 2 y 4%, mientras otras actividades consumen hasta el 70%. Tal como se presentó, La Colosa no afectaría ni en calidad ni en cantidad el recurso hídrico del Tolima. Más aún emplearía agua lluvia, recircularía la tomada y crearía reservorios de agua para las épocas de sequía”.

Finalmente dice el boletín que  “La Colosa cuenta con el permiso otorgado por el Ministerio del Medio Ambiente, para hacer un uso del suelo diferente en una zona determinada de la reserva”.

La consulta

Un total de 5.105 ciudadanos están habilitados para participar en la consulta popular sobre exploración minera que se realizará en el municipio de Piedras, departamento del Tolima, que se desarrollará el domingo 28 de julio.

Para esta consulta la Registraduría Nacional del Estado Civil instalará un total de 8 mesas en 4 puestos de votación, ubicados en el municipio de Piedras.

Un total de 5.105 ciudadanos están habilitados para participar en esta consulta popular, de los cuales 2.681 son hombres y 2.424 mujeres.

Para que la consulta popular prospere se requiere que la opción del “sí” alcance el 50% más uno de los votos que se depositen el próximo 28 de julio de 2013 y adicionalmente que participe no menos de una tercera parte del censo electoral habilitado para votar en dicho municipio, que equivale a 1.702 sufragantes.