A disposición de la Fiscalía se pudo el magistrado Jorge Pretelt Chaljub, con la intención de ser citado a una entrevista y declarar en la investigación que se adelanta por la compra de los predios que adquirió su esposa, Martha Ligia Parón López  durante los años 2000 y 2003, que presuntamente estarían involucrados en delitos de desplazamiento forzado.

Su intensión fue expresada a través de una carta que envió al fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema, Juan Vicente Valvuena, en ella Pretelt asegura que los predios “No hay como Dios” o “La María” y “Altobonito” fueron adquiridos legalmente hace más de 15 años, e insiste en que la compra se pactó “sin haber ejercido ninguna coacción, por un precio justo y sin que se haya desplazado a ninguna persona”.

“Estaré atento para acudir a su despacho en la fecha y hora que Usted disponga para aportar todos los elementos de juicio y que demuestran que no ha incurrido en ninguna conducta punible por parte de mi familia”, anuncia la misiva.

El Magistrado aclara que si bien su juez es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la situación que enfrenta su familia le insta a informar su disposición para declarar.

Ayer Martha Ligia Parón López, esposa de Pretelt  cumplió su cita a interrogatorio con la Fiscalía para responder por  la compra de los predios y ante el juez dijo que la compra de las tierras fue legal y que su llegada a la región no coincide con las ejecuciones de desplazamiento forzado que sufrió la población.

Su defensa, Carlos Gómez Pavajeau asegura que "existen las pruebas que confirman que cuando llegaron ellos a la región no existían fenómenos de desplazamiento. Están las declaraciones de los familiares de quien vendió el predio y aseguran que no conocen nada de desplazamiento".

La Fiscalía General estableció que el magistrado, Jorge Pretelt Chaljud y su esposa Martha Ligia Patrón adquirieron esos predios en los años 2000 y 2003, por lo que se investiga si en esta compraventa en la que aparecen Patrón López, como propietaria de los predios, se cometieron también los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos agravado,  destrucción y apropiación de bienes protegidos.

De acuerdo con el ente acusador, las tierras habrían sido compradas por un bajo costo, después que los dueños anteriores fueran obligados por miembros de las AUC a firmar las escrituras.