Más de 78.500 millones de pesos que le giró el Gobierno a Electricaribe para subsidiar alrededor de 600.000 usuarios fueron utilizados por la empresa en un objeto totalmente distinto y presuntamente ilegal: disminuir sus pérdidas.

La Contraloría General de la República informó a través de un comunicado que el hallazgo fue detectado en la auditoría que acaba de realizar a Electricaribe S.A. E.S.P, luego de analizar un promedio de 800.000 facturas mensuales expedidas durante los años 2015 y 2016, para un total de 19 millones de pesos en facturas revisadas aproximadamente.

Los 78.500 millones de pesos que empleó la empresa con el objeto de disminuir sus pérdidas provienen del subsidio otorgado por el Fondo de Energía Social (FOES) que deben ir destinados para aliviar al pago de la factura de energía de los usuarios de menos recursos de usuarios de estratos 1 y 2.

Esta cifra corresponde al 99 por ciento del beneficio FOES que debieron recibir los usuarios afectados que hacen parte de la población más pobre, en este caso de los 7 departamentos de la Costa Atlántica.

La CGR calculó que mensualmente la empresa Electricaribe afectó entre el 64 por ciento y el 80 por ciento de la facturación de estas, porcentaje equivalente a cerca de 600.000 usuarios mensuales.

La CGR trasladará este hallazgo a la Fiscalía y Procuraduría para que adelanten las investigaciones a que haya lugar.

No es claro, desde cuando se vienen aplicando estas prácticas por parte de Electricaribe, razón por la cual el contralor general Edgardo Maya ordenó realizar nuevas acciones de control para investigar vigencias correspondientes a los 5 años anteriores al 2015.

Un beneficio que desconoció Electricaribe

El FOES es un sistema especial de cuentas creado por la Ley 812 de 2003 (Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006) y que ha sido prorrogado sucesivamente por los planes de desarrollo hasta el año 2018.

El objeto principal del FOES es subsidiar a los usuarios con menor capacidad económica para disminuir el valor del pago de su servicio hasta su consumo de subsistencia. Para los años 2015 y 2016, analizados por la Contraloría, el valor del subsidio girado por el Ministerio de Minas y Energía fue de 46 pesos por cada Kwh.

El beneficio tiene como propósito ayudar, junto con el subsidio del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingreso (FSSR), en el pago de su servicio de energía a la población de los estratos 1 y 2 de zonas especiales, es decir la población con menores ingresos.

Según el informe de auditoría, al revisar en detalle la aplicación individual del subsidio a los usuarios durante los años 2015 y 2016, se encontró que al asignar el beneficio FOES en su sistema de facturación, Electricaribe desconoció la esencia del subsidio, que es aminorar el valor de la obligación a cargo del usuario en su factura y a cambio lo destinó a disminuir sus pérdidas.

Caso de análisis

Para ilustrar cómo funcionaba esta práctica, se presenta el siguiente caso de un usuario en el departamento del Atlántico: se le aplicó un descuento por subsidio FOES de solo 19,78 pesos, cuando tenía derecho a recibir 1.978 pesos, resultantes de multiplicar su consumo de 43 Kwh por los 46 pesos que establece la ley. Los 1.958,22 pesos de diferencia, Electricaribe los restó en la factura al “aporte empresa”, concepto que refleja las pérdidas que asume la Compañía. Como se ilustra en la figura, en la factura aparecen como “aporte empresa” sólo 8.950,98 pesos, cuando la suma real para este caso era de 10.909,20 pesos.

Debido a que el sistema es programado en una forma estándar para realizar la aplicación de los beneficios y el cálculo de los demás factores en la factura, la situación se repite en todos los usuarios con las mismas características, es decir aquellos donde en su recibo aparecen los conceptos “Consumo Distribuido” y “Aporte Empresa”.

Vale anotar que Electricaribe presenta en las facturas del usuario los valores del beneficio FOES y del subsidio a la tarifa, proveniente del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingreso (Fssri), en forma global, lo que impide al ciudadano común verificar el valor del beneficio real recibido por su consumo individual, tal como indica la ley.

¿Cómo se afectaron los usuarios?

Para ilustrar la situación, el equipo auditor de la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía hizo un análisis detallado de un municipio con mayores porcentajes de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), por cada uno de los siete departamentos de la Costa Caribe atendidos por la empresa, para cuantificar el perjuicio causado a los usuarios.

Como resultado se estableció una afectación en estos siete municipios que asciende a 2.495,5 millones de pesos, cifra relevante al compararla con los presupuestos de los mismos y las necesidades de sus habitantes, en especial aquellos de los estratos 1 y 2.

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