Fiscales de las direcciones de Lavado de Activos y de Extinción de Dominio iniciaron las respectivas indagaciones preliminares tras la captura de ocho personas en el departamento del Huila por posibles manejos irregulares en la contratación de la salud en ese departamento.

De acuerdo con el Director de la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, Mario Montes, en la primera etapa de la investigación penal se detectaron irregularidades en la contratación por un valor cercano a los 30 mil millones de pesos, que habrían afectado a 180 mil beneficiarios del Régimen Subsidiado de Salud (Sisben).

Las irregularidades investigadas tienen que ver con la contratación realizada por la EPS  Comfamiliar Seccional Huila para prestar el servicio de salud a todos los afiliados al régimen subsidiado de salud del departamento con la IPS Mediláser, para los años 2006 a 2011. Al parecer, la empresa al parecer no estaba habilitada para funcionar en las zonas centro, sur y occidente, y que además no contaba con la infraestructura física necesaria para brindar el servicio.

Otra posible irregularidad que están investigando los fiscales tiene que ver con la contratación simultánea de Comfamiliar Eps Seccional Huila con las ESE de los municipios por 6.000 millones de pesos para prestar el mismo servicio de salud que se había contratado con mediláser.

Igualmente, los alcaldes de los municipio de La Plata y Garzón durante los años 2006 a 2011 realizaron contratos de administración de recursos para la salud con la Eps Comfamiliar S.A  sin cumplir con los requisitos mínimos para la negociación y suscripción de los acuerdos para la prestación de los servicio de salud en el régimen subsidiado; además sin efectuar un concurso público.

Por esta razón los fiscales analizaran si hubo incrementos injustificados de los patrimonios de las ocho personas capturadas y si con ello adquirieron bienes muebles e inmuebles.