El cierre de camas y de servicios especializados en las IPS es una realidad que conlleva a la no atención oportuna a los pacientes y que termina afectando no solo a los usuarios, sino a sus familias y la comunidad médica en general.
La deuda que tienen las Entidades Promotoras de Salud, EPS, con las clínicas y hospitales que ofrecen el servicio en Colombia, la cual llegó a los $7,3 billones convirtiéndose en el mayor monto de cartera adeudado en los últimos 18 años, es una de las causas más importantes de la crisis que afronta el sistema de salud colombiano.
De acuerdo con el más reciente estudio realizado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC, los mayores deudores del régimen contributivo son Nueva EPS, Coomeva EPS y Cafesalud EPS acumulando una deuda de $1,7 billones, con una morosidad promedio del 65%.
En cuanto al régimen subsidiado, el informe revela que las EPS que más deben a los hospitales y clínicas son Savia Salud, con $557.843 millones; y Caprecom en liquidación, con $291.263 millones.
Estas deudas, que aumentan día a día, hacen que la atención a los pacientes sea cada vez más restringida y que el acceso a un servicio oportuno y de calidad sea una odisea. Por esta razón, muchos colombianos optan por acudir a las vías legales, dando como resultado, según la Defensoría del Pueblo en sus últimos informes, que cada cuatro minutos se interponga una tutela en el país, en la que se reclaman procedimientos, dispositivos y medicamentos amparados en el Plan Obligatorio de Salud, POS.
“Cada vez la no atención está llevando a que la carga de enfermedad se intensifique en la población. La gente no puede acceder al servicio, esto aumenta la carga de enfermedad y, como consecuencia, esa persona es más vulnerable y debe enfrentarse a las consecuencias de las complicaciones, que van desde el deterioro de su estado de su salud hasta la muerte”, explica el doctor Juan Edgar Marín Restrepo, gerente de Serviucis.
¿Cómo frenar esta situación?
Marín, también vocero de la ‘Alianza Somos 14+1’, iniciativa integrada por hospitales y clínicas de Medellín y Antioquia que busca sensibilizar a los gobiernos nacional y regionales, a los pagadores del sistema y a la comunidad en general, sobre la importancia de la toma de medidas de fondo para revertir la crisis social derivada de la crisis en el sistema de salud, con el fin de brindar servicios integrales a los pacientes, lo resume en cuatro aspectos:
1. Es urgente que en Colombia se haga un alto en el camino y se normalice el flujo de recursos en el sistema de salud.
2. La excesiva intermediación financiera y económica por parte de algunos actores del sistema es lo que limita su funcionamiento. Necesitamos EPS comprometidas con el aseguramiento de los ciudadanos y con el pago oportuno de sus obligaciones con los hospitales y clínicas.
3. Como el problema es el flujo de recursos y se evidencia una debilidad en la vigilancia y el control por parte de la Superintendencia de Salud, consideramos que esta función podría ser asumida por la Superintendencia Financiera.
4. Es urgente buscar una conciliación con todos los aseguradores y el Gobierno nacional para tomar medidas concretas y contundentes para el pago de la cartera. Se debe llegar a acuerdos para determinar en qué momento, una vez regulado el flujo de recursos, se saneará la cartera y pagarán las deudas que, en el caso de ‘Somos 14 + 1’, asciende a $2 billones.
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