La necesidad de una declaratoria de emergencia social por parte del Gobierno nacional, con el fin de solucionar de manera eficiente la crisis carcelaria que se registra actualmente en el país y la cual ha llevado a registrar un nivel de hacinamiento del 54%, fue reiterada por el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.
La insistencia del funcionario se da luego de visitar 24 centro penitenciarios y carcelarios del país, tras lo cual, concluyó que “hasta los presos tienen que hacer fila para entrar a las cárceles”, y esto se debe, según él, a la desorganización de las administraciones locales que han permitido que este fenómeno se salga de control. Por lo tanto, insistió en la necesidad de declarar la emergencia social para que el gobierno nacional tome acciones inmediatas en el tema carcelario.
En su más reciente recorrido por Santa Marta y Cartagena durante la semana que termina, el Defensor del Pueblo, en compañía de la representante en Colombia de Acnur, Terry Morel, y del representante de la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH., Todd Howland, pudo evidenciar las precarias condiciones en las que se encuentran los reclusos de los penales Rodrigo de Bastidas en Santa Marta y de Ternera en Cartagena.
Otálora aseguró que la radiografía carcelaria es muy preocupante, pues además de encontrar que los reclusos no tienen los mínimos vitales para llevar una condena digna las condiciones salariales del equipo de guardianes y de las directivas de las cárceles son pésimas. “Hay directores de cárceles en el país que tienen más de 20 años de experiencia que ganan un salario de $2,5 millones, entonces se imaginarán cómo serán los salarios de ahí para abajo”.
Destacó que la cárcel de Ternera registra un hacinamiento del 107% pues actualmente cuenta con 2.285 reclusos y su capacidad apenas llega a 1.033 internos. La situación en el centro de reclusión de Santa Marta es todavía peor con un nivel de hacinamiento de 242%, con un total de 1.068 reclusos mientras que su capacidad es de apenas 312 cupos.
Además, Otálora recibió quejas en relación con la deficiente atención en salud. “Estamos mirando la manera de hacer más eficiente el sistema y buscaremos la forma de que las EPS se animen a participar para mejorar la prestación de servicios en todos los centros carcelarios”, aseguró.
Ante este panorama, el Defensor insiste en la declaratoria del estado de emergencia social, “le estamos recomendando, muy respetuosamente, al Presidente de la República tomar las medidas extraordinarias que le otorga el artículo 215 de la Constitución Nacional, que habla de la emergencia social cuando se registran hechos sobrevinientes que pongan en riesgo a la sociedad. Y es claro que el país nunca en la historia había cerrado cárceles por disposición de un juez y ahora tenemos 16 cárceles cerradas total o parcialmente.