El accidentado proceso en torno al suspendido fallo de la Procuraduría que ordena destituir al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, siguió enredándose ayer.

Lo más importante de la jornada fue, sin duda alguna, las palabras del presidente Santos, quien en una entrevista a una emisora en Cúcuta hizo su primer pronunciamiento después de que el lunes pasado la Procuraduría ratificara en segunda instancia el fallo que ordena la destitución de Petro y la inhabilidad para ocupar durante 15 años cargos públicos, debido a las anomalías que se registraron durante el cambio en el esquema de aseo en la ciudad en diciembre de 2012.

Como se sabe, ese fallo fue suspendido el martes por un magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca que, al admitir una acción de tutela de un contratista del Distrito, que alega que con la destitución de Petro se le violan sus derechos a elegir y ser elegido, suspendió los efectos de la sentencia de la Procuraduría. Esa sentencia, según lo anunciado por el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, el lunes, debía ser comunicada al Presidente Santos a más tardar el 29 de enero, para que procediera “sin dilación” a expedir el respectivo decreto de destitución del mandatario capitalino, designar un alcalde encargado y citar a elecciones para escoger un mandatario que gobierno hasta el 31 de diciembre de 2015.

La medida cautelativa del magistrado José María Armenta (cuya esposa trabaja en la EAAB y ayer fue denunciado penal y disciplinariamente)ordena al Presidente que mientras se define de fondo la acción de tutela, en 9 días hábiles, se abstenga de dar cumplimiento al fallo de la Procuraduría, cuyos efectos están suspendidos.

Al ser interrogado alrededor de toda esta situación, el Jefe de Estado le dijo al medio de prensa regional que si bien no estaba opinando sobre ese tema, ese “es un caso en el que el Presidente tiene que ceñirse a la Constitución, a las leyes y a las instituciones. Yo defiendo la institucionalidad y, por supuesto siempre estamos respetando los fallos de la justicia".

La postura del Gobierno frente a este enredado caso, que comenzó a definirse el 10 de diciembre pasado, cuando se anunció el fallo de primera instancia, es que se respetará la institucionalidad.

Como se sabe, tanto la Constitución como el Código Único Disciplinario y el decreto 1421, que establece el régimen especial del Distrito Capital, señalan que al Presidente de la República le corresponde emitir los decretos de destitución o suspensión del Alcalde de Bogotá, cuando así lo haya solicitado una autoridad judicial o administrativa.

Aunque Petro, en desarrollo de su estrategia de defensa, le ha insistido al Jefe de Estado que no debería hacerle caso al fallo de la Procuraduría, la postura en la Casa de Nariño es que se cumplirá lo que ordena la Carta Magna y la ley.

 

¿Y la CIDH?

El Gobierno nacional también ha estado en el centro de la polémica alrededor de este fallo, debido a que Petro pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que expida medidas cautelares a su favor, bajo la tesis de que la Convención Americana de Derechos Humanos establece que un funcionario de elección popular no puede ser sacado del cargo sino por decisión judicial, y no de una autoridad administrativa como la Procuraduría.

Si bien es cierto que la CIDH no se ha pronunciado al respecto, aunque sí pidió a la Cancillería información sobre el caso Petro -la misma que se le remitió la semana pasada-, hay polémica en torno a si el Gobierno colombiano tendría que cumplir -si se producen- con esas medidas cautelares o, por el contrario, podría ignorarlas.

Mientras el Procurador Ordóñez insiste en que tales medidas cautelares no son de obligatorio cumplimiento, la defensa de Petro sostiene que si Colombia no las acatara, entonces estaría violando la Constitución, puesto que todos los tratados internacionales suscritos por el país (como es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos) hacen parte del llamado “bloque de constitucionalidad”.

Sin embargo, ayer y en días pasados varios juristas, exprocuradores, exministros y analistas indicaron que, de un lado, Petro tiene y está haciendo uso de todas las garantías procesales contra el fallo de la Procuraduría (tutelas, acciones de impugnación, denuncias penales y otras), lo que pondría en evidencia ante la CIDH que sus derechos no están siendo atropellados. Y, de otra parte, que la facultad del Ministerio Público para destituir funcionarios de elección popular ha sido varias veces ratificada por la Corte Constitucional y por ello más dos mil alcaldes, gobernadores, concejales y diputados han sido sacados de sus cargos en la última década.

Aunque el ministro de Justicia, Alfonso Gómez, y el propio Santos han insistido en que tanto a nivel de medidas internas como externas, el Gobierno siempre cumplirá con la “institucionalidad”, no se sabe qué podría pasar si se llegan a producir las medidas cautelares de la CIDH a favor de Petro y en contra del fallo de la Procuraduría, que está soportado en los mandatos de la Carta y la ley.

 

Complot del M-19: Pacho Santos

El otro flanco de este accidentado proceso se está desarrollando en la Fiscalía, en donde se investigan las versiones en torno a que durante el cambio en el esquema de aseo en la capital del país a mediados de diciembre de 2012, hubo un complot de algunos de los operadores privadoscontra Petro, lo que habría ocasionado el caos en la recolección de basuras, que es finalmente por el cual la Procuraduría lo destituyó.

El investigado excontratista Emilio Tapia, procesado por el carrusel de contratación en Bogotá, fue el primero en hablar de un complot contra Petro.  A su turno, el exguerrillero desmovilizado Otty Patiño había indicado, incluso, que el exvicepresidente Francisco Santos lo había llamado días antes del fallo de destitución de Petro para decirle que estaba interesado en ser candidato a la Alcaldía.

Precisamente ayer Santos rindió declaración, bajo la figura de “entrevista”, ante la Fiscalía respecto a si conocía las versiones del presunto complot y por qué él, presuntamente, se enteró de que Petro sería destituido, mucho antes de que se oficializara el fallo de la Procuraduría.

Santos dijo enfáticamente que no había tal complot y precisó que no caía “en el juego de las especulaciones y no caigo en el juego del M19 de querer montar un complot donde no lo hay para deslegitimar unas decisiones judiciales”.

También descartó que conociera de antemano el fallo de la Procuraduría y precisó que toda la prensa estaba sobre el tema antes de conocerse la sentencia. "Los medios revelaban todos los días que ya venía la decisión y todo ese tema era público, ahí no había nada distinto de lo que conocían los periodistas", dijo.

Interrogado sobre si aspiraría a la Alcaldía, el exvicepresidente dijo que por ahora no.

 

Solicitudes de la Procuraduría

Dos solicitudes, las cuales deberán ser tenidas en cuenta al momento de resolver la tutela que busca tumbar el fallo de destitución al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, fueron presentadas por la Procuraduría ante el despacho del magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, José María Armenta.

Al respecto, en una de ellas el Ministerio Público pide que sean unificadas las tutelas radicadas por el alcalde Petro junto con la del contratista José Gotardo, esta última fue la única admitida. En este caso, el órgano de control pide que prevalezca la de Petro.

En otra solicitud la Procuraduría expone que Gotardo no puede ser considerado agente oficioso del mandatario de los bogotanos, pues esta figura solo puede usarse cuando el propio afectado no puede representarse.

Entre tanto, fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para su estudio una segunda tutela que pretende reversar la destitución e inhabilidad por 15 años impuesta al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

La tutela fue interpuesta desde el pasado 19 de diciembre por Isaac Ferreira Castro y admitida por el magistrado José María Armenta, quien ya había aceptado para su estudio una primera tutela y ordenando la suspensión provisional de la drástica sanción impuesta al mandatario capitalino.

En la tutela se formulan cuatro peticiones al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, bajo el argumento de que no sean vulnerados presuntamente derechos fundamentales del alcalde Petro.

Otra magistrada con familiar en la EAAB

La hermana de otra magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que suspendió provisionalmente la destitución del alcalde Gustavo Petro, trabaja en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Así lo dio a conocer Caracol Radio y según la denuncia, Carmen Alicia Rengifo Sanguino es la segunda magistrada de la sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que conoce la tutela y cuya hermana es María Rengifo Sanguino y “según su hoja de vida en la red de perfiles profesionales Linkedin es secretaria en la Empresa de Acueducto y Alcantarilla de Bogotá, a la que ingresó en junio de 2012, bajo la dirección de Diego Bravo”. 
El otro magistrado del Tribunal con un familiar en el Acueducto es justamente el ponente de la tutela, José María Armenta, cuya esposa Cecilia Calderón Jiménez es la directora de Activos Fijos del Acueducto, empresa a la que entró a trabajar en 2012 con la administración de Gustavo Petro, pero de la que era contratista desde antes.
De acuerdo con el gerente de Gestión Humana del Acueducto, Juan Carlos Casas, “nosotros en ese contexto dentro de los marcos funcionales no entramos a mirar los detalles de orden personal, ella cumple un perfil técnico y dentro de éste entramos a trabajar con ella, es más, no tengo conocimiento que era la esposa de un magistrado y el enlace que tenía con Cecilia”.
El funcionario agregó que esta persona es abogada y entró por un contrato público de libre nombramiento y que se contrató bajo la administración Diego Bravo en mayo del año 2013.

Entre tanto, el presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz, explicó que esa Corporación no abrirá una investigación de oficio contra el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, José Armenta, con el argumento de que los jueces son autónomos en sus decisiones.

Sin embargo, ayer fue radicada una denuncia en contra del magistrado Armenta por el abogado Javier Suárez, candidato al Senado por el Partido Conservador y presidente de la Fundación Marido y Mujer, por considerar que el magistrado debió declararse impedido luego de conocerse que su esposa trabaja en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá.

“La solicitud fue radicada ante el Consejo Superior de la Judicatura, sala disciplinaria para que determinen el impedimento porque este magistrado del Tribunal de Cundinamarca, no hizo otra cosa sino defender los intereses de su propia esposa que trabaja con el distrito”.