“El Gobierno colombiano no acoge la solicitud de medidas cautelares” otorgadas la víspera por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que suspendiera la destitución proferida por la Procuraduría contra el alcalde Gustavo Petro, anunció ayer el presidente Juan Manuel Santos.

El jefe de Estado expresó que aunque “el Gobierno de Colombia entiende la importancia y ha defendido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, considera “que el papel de dicho sistema es complementario y alternativo, por lo cual solo debe operar en el evento de que no funcione o se dé una falla en el sistema interno”.

Petro fue destituido por la Procuraduría e inhabilitado por 15 años para ocupar cargos públicos por la implementación del nuevo esquema de aseo en Bogotá que el Ministerio Público consideró irregular y en la que el burgomaestre habría cometido faltas disciplinarias que el organismo calificó como gravísimas.

Desde el 9 de febrero, cuando el procurador Alejandro Ordóñez anunció la sanción, recordó ayer Santos, “dijimos clara y tajantemente que tanto el proceder del presidente como el del Gobierno sería el de cumplir con la Constitución y las leyes, y defender las instituciones. Al mismo tiempo, solicitamos que al alcalde Petro se le respetaran sus derechos y se le permitiera usar todos los recursos legales a su disposición”.

Tras repasar las “más de 300 tutelas que la Justicia tuvo que resolver, ante los jueces, en los tribunales y las altas cortes” y rememorar que “el Consejo de Estado ha señalado que el alcalde Petro aún dispone de otras instancias y mecanismos de defensa judicial ante la jurisdicción colombiana”, Santos anotó que es “evidente que la justicia colombiana no solamente ha actuado sino que lo ha hecho de manera transparente, eficaz y oportuna”.

Acusando recibo de la solicitud del procurador para destituir a Petro, anunció la designación del ministro de Trabajo, Rafael Pardo, como alcalde mayor de Bogotá.

 

“No son mandato”

 

Por su parte, la canciller María Ángela Holguín les explicó a un grupo de periodistas que “las medidas cautelares no son parte de la Convención de San José. Las medidas cautelares surgen de un reglamento” de la CIDH, “reglamento que lo hacen los mismos comisionados”.

De manera que, agregó, “las medidas cautelares no son un mandato que hubieran dado los Estados a la Convención, por esta razón no son obligatorias. Por esa misma razón es que la Comisión solicita al país, no le dice le obliga, ni le requiere. Lo que dice exactamente es que le solicita al país unas medidas cautelares. Entonces eso debe quedar claro”.

La alta funcionaria aclaró que “nosotros hemos, en el pasado, aceptado esas solicitudes porque en el ciento por ciento de las medidas cautelares que hemos aceptado está de por medio la vida, está la amenaza la vida y con ello la integridad personal”.

El embajador colombiano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Andrés González, presente en la rueda de prensa con la canciller Holguín, explicó que cuando la Corte Constitucional dice que las medidas cautelares son de obligatorio cumplimiento “se refiere, fundamentalmente a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la seguridad personal, la gran mayoría de casos, como dijo la canciller, se refieren a estos derechos. No a un tipo de derechos, en este caso, temas nuevos, diferentes, como es el caso de los derechos políticos, frente a los cuales también vale la pena precisar” que la CIDH “se había abstenido durante muchos años de no abocar, de no solicitar medidas cautelares en estos temas”.

 

 “Asamblea Constituyente”

 

El destituido alcalde Petro convocó anoche a una "huelga general" desde el balcón de su despacho, en rechazo a la decisión del presidente Santos de decretar su remoción.

"De manera pacífica el pueblo colombiano debe ir a la huelga general por la Asamblea Constituyente y la paz en Colombia", dijo Petro en un enérgico discurso desde el balcón del Palacio Liévano.

"Este gobierno no es capaz de aceptar las decisiones del pueblo, ni las decisiones de la justicia, como en el día de hoy ha demostrado", dijo Petro al justificar su llamado a "un paro nacional", al considerar que la decisión de Santos es "un golpe de Estado" a la ciudad y convocar a sus simpatizantes a movilizarse para presionar por una Asamblea Constituyente que cambie la Constitución vigente desde 1991.

"La democracia y la paz en Colombia se respetan, y las haremos respetar", afirmó el alcalde destituido.

Al final de su discurso parte de los manifestantes abandonaron la plaza de Bolívar sin que se presentaran choques con la policía, observaron fotógrafos de la AFP.

 

Empalme

 

"La democracia está siendo violentada", exclamó airado a la AFP Elías Quintero, un pensionado de 70 años.

Petro cuenta en teoría con más recursos de defensa dentro de la legislación colombiana, aunque todo apunta a que a partir de hoy se iniciará la transición de poder en la capital.

Ya anoche, durante una reunión con Petro, la mayoría del gabinete convino en presentar una renuncia masiva que se haría efectiva el 19 de abril, con el fin de permitir que se realice un empalme con el equipo que acompañaría al designado de la terna que presente el movimiento Progresistas hasta que se elija un nuevo burgomaestre, en comicios que se realizarían probablemente el 1º de junio.

Queda esperar "si la CIDH remite el caso a la Corte interamericana; si la comisión remite el caso, entonces sería vinculante" un eventual fallo a favor de Petro, dijo a la AFP el abogado Gustavo Zafra, quien formó parte del equipo que redactó la actual Constitución colombiana.

Tras el pronunciamiento de Santos, analistas dividieron opiniones sobre el impacto que tendrá en el proceso de paz abierto en noviembre de 2012 y la campaña de reelección de Santos.

"Yo no veo razón para que las Farc lleguen a hacer una ruptura, porque para todo el mundo es claro que es un juicio político y no un golpe de Estado", dijo a la AFP el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Jorge Alberto Restrepo.

"Todo el sentido del proceso de paz es hacer que las guerrillas entren en la política. Si ahora el alcalde se destituyera, eso va a reforzar esas dudas" entre los rebeldes, dijo a la AFP Christian Voelkel, analista para Colombia del International Crisis Group./AFP-ENS

 

 

Sin revocatoria

 

Tras la decisión de Santos, la Registraduría Distrital procederá a suspender la votación donde los ciudadanos acudirían a las urnas y decidirían si le revocaban o no el mandato al alcalde de la capital del país.

Los registradores distritales mediante la Resolución 0183 habían fijado como fecha para la realización de la consulta el domingo 6 de abril de 2014.

A través de un comunicado, la Registraduría reiteró que “a la fecha no ejecutó los recursos destinados por el Gobierno nacional para la consulta con fines de revocatoria que ascendían a 35.000 millones de pesos”.

 

Reacciones

 

Juan Fernando Cristo, presidente Senado

 

El presidente Santos “no tenía alternativa distinta” y está actuando conforme a la Constitución y a la Ley. “El presidente Santos  está actuando y defendiendo la institucionalidad nacional, está actuando como jefe de Estado y no como candidato presidencial”.

Cristo hizo un llamado a todos los ciudadanos para acoger la decisión del mandatario nacional con serenidad “a los contradictores  y a los amigos de Petro, al propio Alcalde, los invito a trabajar para  que podamos superar las dificultades que existen en Bogotá  y  evitar que la ciudad se siga deteriorando”.

 

 

Hernán Penagos, presidente Cámara

 

“Ahora el desafío del Congreso es trabajar para que prevalezca el orden constitucional del país, pues es claro que se ha respetado la justicia de Colombia”, señaló Penagos, quien reiteró el respaldo que la Cámara siempre ha dado a las decisiones que respeten la institucionalidad y, sobre todo, dirigidas a garantizar el bienestar de los ciudadanos de Bogotá.

Penagos anotó además, que sería irresponsable promover la desobediencia civil, y que por el contrario, es el momento de trabajar para solucionar los problemas que hoy tiene la capital del país

 

 

Simón Gaviria, Partido Liberal

 

El Partido Liberal respaldó la determinación del presidente Santos.

“El presidente hace bien en salvaguardar la soberanía jurídica del país”, dijo Gaviria, recordando “que la Corte Interamericana es una Corte subsidiaria y Gustavo Petro todavía tiene herramientas jurídicas dentro del estamento jurídico colombiano. Aprovechamos también para hacer un llamado  a la Registraduría Nacional para suspender el referendo de revocatoria en contra del alcalde Gustavo Petro. También queremos celebrar la designación de Rafael Pardo como alcalde encargado de Bogotá. En estos momentos Bogotá necesita de todos”.

 

 

Ómar Yepes, Partido Conservador

 

“Me parece que era lo que tenía que hacer, hacer valer la institucionalidad colombiana, entre otras razones, porque ese organismo solo opera de manera subsidiaria o complementaria ante la ausencia de determinaciones en el país, pero aquí se dieron todas las garantías por parte de los diferentes organismos internacionales, lo obvio es que se acogiera la determinación del Procurador.  Nosotros respaldamos la decisión del Procurador reiteradamente. Por lo mismo celebramos la determinación del Presidente y nos parece que el encargo cae en una persona de alta respetabilidad y competencias”.

 

 

Sergio Díaz-Granados, La U

 

“Hay que tener en cuenta que las determinaciones de CIDH no son de obligatorio cumplimiento, lo segundo la justicia colombiana funcionó, con lo cual las medidas de la Comisión no tienen ningún sustento. De manera que el Presidente no tenía sino que cumplir las leyes colombianas y en ningún caso presentar las recomendaciones así vinieran en el empaque de unas medidas cautelares. Bogotá comienza a dejar atrás el limbo que se generó en esta situación de inestabilidad en estos últimos tres meses, lo importante es que hay unas leyes, unos procedimientos que indican la salida institucional”.

 

 

Antonio Sanguino, Alianza Verde

 

“Es una desafortunada decisión del Presidente, nosotros habíamos solicitado  que respetara el estado social de Derecho, que acatara una decisión de un organismo internacional, y además del cumplimiento del pacto de Costa Rica, el pacto de San José, y que mantuviera la tradición colombiana de respetar los tratados internacionales. Pero el Presidente tomó una determinación en otro sentido y eso crea una nueva situación para Bogotá”.

 

 

Clara López, Polo Democrático

 

“Se trata de unas medidas de carácter provisional, de que se toque una determinación de fondo y puede favorecer o no favorecer al Alcalde, en caso de que lo favorezca se habría evitado un daño irreparable. Desconocer el sistema Interamericano de derecho es un funesto precedente para Colombia”.

 

 

Gloria María Borrero, CEJ

 

A nombre de la Corporación Excelencia en la Justicia, su directora ejecutiva respaldó “a la institucionalidad colombiana y rechaza la solicitud de medidas cautelares” de la CIDH, “debido a que internamente han operado los recursos jurídicos pertinentes. La justicia interamericana hace parte de nuestro ordenamiento jurídico, pero ella solo puede actuar en caso de que la Justicia colombiana no opere o lo haga tardíamente. En el caso del doctor Petro nuestra justicia actuó; definió clara y oportunamente la gran cantidad de tutelas que se interpusieron en un claro abuso del derecho y de la administración de justicia”.

 

 

Jaime Bernal, exprocurador

 

“A mí me parece que la Comisión tomó una determinación en un momento en el que no había adquirido una competencia funcional para hacerlo y yo siempre había entendido que las decisiones que adopta la comisión deben partir de un presupuesto fundamental que deriva de la misma convención y que se hayan agotado todas las instancias en el país respectivo. Si bien la convención  tiene un poder vinculante a nivel constitucional, tiene que cumplir unos requisitos, debe acudir a la justicia del país y si después de tramitar todas la instancias en Colombia se considera que debe tomar medidas cautelares, porque fueron insuficientes, o no se protegieron los derechos de una persona, pero no puede de manera anticipada, tratar de sustituir a las autoridades colombianas. Aquí en Colombia faltaba la acción de tutela, en consecuencia tenía vía que tenía el señor Alcalde. Me parece que fue una decisión sin competencia y no tenía carácter de competencia”.

 

 

Carlos Gustavo Arrieta, exprocurador

 

“El presidente Santos tomó una determinación correcta, me parece que la tomó de una manera correcta, eso le da mucha tranquilidad al país. Me parece que la decisión que adoptó es totalmente ajustada a derecho y es una decisión que va a fortalecer la institucionalidad colombiana, me parece que el Presidente hizo lo que tenía que hacer. Creo que las medidas no eran vinculantes en ese tipo de decisiones, pero en este tipo de hechos no son vinculantes”.

 

 

 

¿Presentará el petrismo terna para alcalde (e) de Bogotá?

 

Gabriel Sonny Cubillos

Periodista de EL NUEVO SIGLO

 

El 4 de abril, a más tardar, la capital del país tendría un alcalde encargado proveniente del sector del Progresismo liderado por el hoy mandatario destituido, Gustavo Petro, teniendo en cuenta que ante la falta absoluta en el cargo, la ley obliga al presidente Santos a designar un burgomaestre interino del mismo partido o movimiento que inscribió esta candidatura, mientras que se realizan los comicios atípicos que elijan un gobernante para que cumpla lo que resta del periodo, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2015.

En ese sentido la Ley 1475 de 2011, que reglamentó la Reforma Política de 2009, establece en el parágrafo 30 del artículo 29, que “en caso de faltas absolutas de gobernadores o alcaldes, el Presidente de la República o el gobernador, según el caso, dentro de los dos días siguientes a la ocurrencia de la causal, solicitará al partido, movimiento o coalición que inscribió al candidato una terna integrada por ciudadanos pertenecientes al respectivo partido, movimiento o coalición. Si dentro de los diez  días hábiles siguientes al de recibo de la solicitud no presentaren la terna, el nominador designará a un ciudadano respetando el partido, movimiento o coalición que inscribió al candidato”.

Sobre el particular todo indica que el derecho de presentar dicha terna al presidente Santos corresponde a  los tres ciudadanos que en 2011 en representación de un movimiento por firmas inscribieron la candidatura de Gustavo Petro para los comicios de alcalde de Bogotá, que se efectuaron el 31 de octubre del mismo año.

Los ciudadanos a que se hace referencia son el excontralor Carlos Ossa; la catedrática Consuelo Ahumada y el caricaturista Vladimir Flórez, más conocido como ‘Vladdo’, quienes conformaron el comité de ciudadanos que bajo el nombre de Progresistas inscribieron ante la Registraduría a Petro con el respaldo de 120 mil firmas de colombianos.

Y parece que el entonces alcalde Gustavo Petro se anticipó a esta situación, pues en enero de este año convocó una reunión privada con Ahumada, Flórez y Ossa, en la que les dijo que fueran pensando en nombres en caso de que se hiciera efectiva la decisión de destitución por parte del procurador Ordóñez, porque, argumentó, ellos son los legítimamente señalados para tomar la decisión sobre la terna. No obstante, Petro no sugirió nombres ni se habló sobre la forma como se integraría dicha terna, si por votación o por consenso, o que cada uno presentara su candidato.

Sin embargo, desde esa época los tres ciudadanos en mención no volvieron a conversar sobre el asunto, por lo que al día de hoy no hay claridad sobre si presentarán una terna al presidente Santos.

Carlos Ossa le dijo a EL NUEVO SIGLO que “hasta donde entiendo la terna debe ser presentada por las personas que inscribieron al Alcalde. Eso es lo que entiendo y sobre lo cual parece haber claridad en el Ministerio del Interior”.

Por su parte, Vladdo le dijo sobre el particular a este Diario que “se supone que los tres que inscribimos la candidatura de Gustavo Petro, que fuimos Consuelo Ahumada, Carlos Ossa y yo, se supone que somos los que deberíamos proceder a integrar la terna para que el Presidente escoja al alcalde encargado. Sin embargo, no he hablado con ninguno de ellos desde hace tiempo”.

Incluso Vladdo dijo que “en este momento no he hablado con Presidencia, ni con la Alcaldía, ni con los verdes, ni con los demás de Progresistas…no sé, esperando qué puede pasar porque la otra versión que circulara es que esa terna la tenía que hacer la Alianza Verde, pero no creo porque Progresistas no existía como un ente jurídico. De hecho por eso se presentaron con Alianza Verde en las elecciones porque no había personería jurídica, por lo tanto no hay directivas ni una junta nacional. Lo  más parecido a una directiva que tenía Progresistas, seríamos nosotros tres”.   

El conocido caricaturista dijo también que tiene algunas ideas sobre los nombres que propondría para esa terna “pero no me atrevo a hablar todavía sobre el tema hasta no saber qué va a pasar”.

En tanto que el concejal de Bogotá y copresidente de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, consultado por este Diario sobre a quién le correspondería presentar dicha terna, dijo que “nosotros no hemos discutido el tema porque esta es una nueva situación que se nos presenta y nosotros confiábamos en que el Presidente iba a acatar la solitud de medidas cautelares de la Comisión Interamericana”.

“Ahora con esa nueva situación nos toca examinar el tema y creo que lo más lógico es que si hay que presentar terna, la proponga el antiguo movimiento significativo de ciudadanos Progresistas, que fueron los que inscribieron al Alcalde”, explicó.

 

Sigue ‘Bogotá Humana’

El alcalde encargado de Bogotá designado por Santos mientras que llega a sus manos una terna por parte del movimiento ciudadano que lo inscribió, el ministro de Trabajo Rafael Pardo, indicó que no llega a hacer grandes cambios y que respetará el programa de gobierno ‘Bogotá Humana’, con el que fue elegido Gustavo Petro.

“El plan de gobierno ganó en las elecciones y el alcalde encargado no puede cambiar el plan de gobierno…Ese programa es el que, en este encargo que dure lo que determinen las circunstancias jurídicas y la decisión del Presidente, voy a buscar, adelantar, ejecutar y continuar”, aseguró.

Añadió que“en este encargo coyuntural debe quedar claro que un alcalde que tiene un encargo coyuntural, no llega a traer programas de gobierno ni a cambiar programas de gobierno”, aclaró.

También dijo que “trabajaré de la mano con el Presidente de la República, con mis colegas de gabinete, con el equipo de la Alcaldía de Bogotá, en espera de que esta circunstancia que Bogotá no buscó pueda ser superada con el concurso de todos los bogotanos”.

 

Abanico

En el abanico de las personas que podrían integrar la terna que sería presentada al presidente Santos figurarían varios que trabajaron o están en el gobierno de Petro.

Podrían ser considerados Ana Teresa Bernal, actual Consejera para Derechos Humanos de la Administración capitalina, y Guillermo Alfonso Jaramillo, quien renunció al cargo de secretario de Gobierno para acaudillar la campaña por el no para la revocatoria del mandato, hoy cancelada tras hacerse efectiva la destitución del Burgomaestre. También suena Jorge Rojas, actual secretario de Integración.