El presidente egipcio Mohamed Mursi otorgó este lunes poderes policiales al ejército, incluyendo la facultad de arrestar civiles, hasta el anuncio el sábado del resultado de un referéndum constitucional sobre un polémico proyecto de Constitución que divide al país.

Con este decreto que es efectivo a partir de este lunes, el ejército tendrá la autoridad para arrestar civiles, una prerrogativa muy criticada durante el periodo en que los militares dirigieron el país tras la caída de Hosni Mubarak en febrero de 2011 y hasta la elección de Mursi en junio de 2012.

El mandatario pidió al ejército apoyar "a los servicios de policía en total cooperación para mantener la seguridad y proteger las instalaciones vitales del Estado por un periodo temporal hasta el anuncio del resultado del referéndum sobre la Constitución", indica un decreto publicado este lunes en el diario oficial.

"Los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas (...) tienen todos los poderes para proceder a detenciones", según el decreto.

En un comunicado la organización de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional, denunció el texto sosteniendo que en él "hay una peligrosa falla que podría hacer que se procesen a civiles en tribunales militares".

El decreto, publicado en el diario oficial con el nombre de "Ley 107", es la consecuencia de los enfrentamientos y las manifestaciones multitudinarias de los últimos días en El Cairo entre partidarios y detractores de Mursi, muchos de ellos de los Hermanos Musulmanes, la organización a la que perteneció el presidente.

El ejército, que dirigió Egipto desde la caída de Hosni Mubarak, en febrero de 2011 y hasta las elecciones presidenciales del pasado mes de junio, quiere mantenerse neutral en la crisis de las últimas semanas e hizo un llamamiento al diálogo entre ambas partes.

Los responsables militares aseguraron la semana pasada que "no tolerarían" que se deteriore la situación.

Desde el jueves los tanques y las fuerzas armadas están desplegados en los alrededores del palacio presidencial en El Cairo pero no han tomado hasta ahora ninguna acción contra los miles de manifestantes en el lugar.

La oposición, formada mayoritariamente por grupos seglares, liberales y de izquierda, considera que el borrador de la nueva constitución no garantiza libertades fundamentales como la libertad religiosa o los derechos de las mujeres y recorta además la independencia del poder judicial.

A pesar de las protestas, Mursi decidió seguir adelante con el referéndum, que según el presidente es la garantía para seguir con la transición política tras los 30 años de régimen autocrático de Mubarak.

El presidente hizo una concesión el sábado y aceptó anular un decreto, promulgado el mes pasado, que ampliaba y blindaba sus poderes, algo que la oposición considera insuficiente.

El domingo el principal grupo de oposición, el Frente de Salvación Nacional (FSN), convocó nuevas manifestaciones en El Cairo para rechazar el referéndum del 15 de diciembre.

"No reconocemos el borrador de constitución porque no reconoce al pueblo egipcio", dijo un portavoz del FSN, Sameh Ashur, en una conferencia de prensa.

"[Seguir adelante con este referéndum], en esta situación explosiva, con la amenaza de las milicias de los Hermanos Musulmanes, significa que el régimen abandona sus responsabilidades", añadió el portavoz.

En los últimos días los manifestantes no sólo pidieron la anulación del decreto y del referéndum sino también la dimisión del presidente.

Por su parte los Hermanos Musulmanes convocaron una nueva manifestación el martes en El Cairo para apoyar el referéndum y a Mursi.

"Convocamos una manifestación el martes con el lema 'Sí a la legitimidad'" dijo a la AFP un portavoz de la organización, Mahmud Ghozlan, que considera que es el pueblo el que tiene que decidir si aprueba o no el proyecto de constitución.

Si fuera rechazado, Mursi prometió un nuevo borrador elaborado por 100 personas que serían elegidas directamente por el pueblo y no entre los miembros del parlamento, dominado por los islamistas.

Como un signo adicional del tenso clima social y político, Mursi suspendió durante la noche el alza de impuestos a los productos de base (acero y cemento) y de consumo masivo (cigarrillos y bebidas no alcoholizadas), a la espera de la conclusión de un "diálogo" sobre sus efectos en la población.