El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, restringió por decreto las facultades del Parlamento -controlado por la oposición- para aprobar mociones de censura y remover a sus ministros, alegando que ello agravaría la crisis económica, informó el Ejecutivo.

"Se restringe y difiere (...) las mociones de censura que pudiera acordar la Asamblea Nacional contra los ministros o el vicepresidente ejecutivo, en las cuales solicitaren su remoción, hasta tanto cesen los efectos del decreto de emergencia económica", indica la orden presidencial.

La medida se toma luego de que el pasado jueves la mayoría opositora en el Legislativo destituyera al ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, al votar una moción de censura que lo responsabiliza de la grave escasez de alimentos.

Maduro descartó remover al ministro, afirmando que la "decisión es írrita y nula" y por tanto "no existe".

El decreto considera que la Asamblea está en desacato frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y actúa con una "mayoría burguesa circunstancial opuesta al orden constitucional" que ha "propiciado un clima de confrontación".

El TSJ -al que la oposición acusa de estar alineado con el gobierno- modificó recientemente el reglamento interno y de debates de la cámara, lo que según Maduro invalida la moción de censura contra Marco Torres.

El pasado 17 de marzo, la corte prorrogó por 60 días una emergencia económica declarada por Maduro en enero, dándole al gobernante poderes especiales en un escenario en que asegura hay "una crisis estructural del modelo rentista por la caída abrupta de los precios del petróleo", a lo que añade un supuesto "boicot económico y financiero nacional e internacional".

Esos poderes autorizan al gobierno a disponer de bienes del sector privado para garantizar el abastecimiento de productos básicos, limitar el ingreso y salida de moneda local en efectivo y facilitar la entrega de divisas para agilizar las importaciones.

Aunque el Legislativo se negó a convalidar la emergencia por considerar que el mandatario ya disponía de medidas para enfrentar la crisis, el TSJ dejó en firme el articulado.

El país petrolero, que obtiene 96% de sus divisas del crudo, ha recortado drásticamente las importaciones de alimentos, medicinas y bienes esenciales, de las cuales depende la economía.

El cuadro muestra un retroceso de 5,7% en el PIB el año pasado, una inflación de 180,9% en 2015 y pronosticada en 700% por el FMI para 2016, la escasez de dos tercios de los productos básicos, y cortes eléctricos diarios e intempestivos.

Frente a esta crisis, la oposición entregó esta semana 1,85 millones de firmas, casi 10 veces lo requerido por ley, para activar un proceso de referendo revocatorio contra Maduro.