El presidente egipcio Mohamed Mursi tomó este jueves medidas de carácter constitucional que amplían sus poderes, sobre todo frente al aparato judicial, y destituyó al poderoso fiscal general del país, anunció su portavoz.
"El presidente puede tomar cualquier decisión o medida para proteger la revolución", declaró el portavoz de la presidencia, Yaser Ali, que leyó una "declaración constitucional" por televisión.
"Las declaraciones constitucionales, decisiones y leyes emitidas por el presidente son definitivas y no pueden ser apeladas", añadió.
El opositor Mohammed ElBaradei, exjefe de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) y premio Nobel de la Paz, acusó a Mursi de proclamarse "nuevo faraón".
"Hoy Mursi usurpó todos los poderes y se proclamó nuevo faraón de Egipto. Un enorme golpe asestado a la revolución que podría tener consecuencias espantosas", escribió ElBaradei en Twitter.
El islamista Mursi también decidió destituir al fiscal general, Abdel Meguid Mahmud, al que no había conseguido relevar del cargo hace un mes y designó en su puesto a Talaat Ibrahim Abdalá por un periodo de cuatro años.
Mahmud fue nombrado durante el régimen del presidente Hosni Mubarak, derrocado en febrero de 2011.
Mursi, el candidato de los Hermanos Musulmanes elegido en junio pasado, tuvo que renunciar a enviarlo como embajador al Vaticano debido a que Mahmud se opuso categóricamente al nombramiento.
Numerosos magistrados habían condenado el intento de Mursi de apartar al fiscal general, por considerarlo una injerencia del poder ejecutivo en los temas judiciales. Esto agravó las relaciones ya de por sí tensas entre la presidencia y una parte del poder judicial.
Mursi también decidió que ninguna instancia judicial puede disolver la comisión encargada de redactar la futura Constitución, una entidad criticada por liberales, laicos y la iglesia copta, que la acusan de estar dominada por los islamistas.
La composición de esta comisión constituyente es objeto actualmente de un recurso ante la Alta Corte Constitucional.
Mursi ya disponía del poder ejecutivo, pero también del legislativo que retiró en agosto pasado al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA).
El CSFA se había arrogado el poder de legislar tras la disolución, en junio, del Parlamento, dominado por los islamistas.