El presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó este viernes una controvertida reforma constitucional en materia energética que abre por primera vez la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) a la inversión privada, y aseguró que esto impulsará a las empresas y mejorará el poder adquisitivo de los mexicanos.
"He promulgado la reforma constitucional en materia energética aprobada por el Congreso de la Unión", dijo Peña Nieto durante un acto público en el Palacio Nacional, tras firmar la ley que modifica tres artículos constitucionales para abrir la exploración y explotación de petróleo y gas a inversionistas nacionales y extranjeros.
La nueva ley, una de las "más trascendentes de las últimas cinco décadas", traerá consigo inversión, tecnología y competencia que harán que México "crezca más rápido", según el mandatario, quien "a la brevedad" presentará las normas secundarias que garanticen su aplicación.
Con la reforma, las empresas mexicanas serán parte crucial de la cadena productiva e industrial del sector energético y habrá más oportunidades laborales para ingenieros y técnicos formados en universidades mexicanas, señaló Peña Nieto, quien espera que la industria de su país sea más competitiva y próspera al contar con energía más barata.
El jueves, la agencia internacional de calificación financiera Standard & Poor's subió la nota de la deuda soberana de México de "BBB" a "BBB+", argumentando la aprobación de la "histórica" reforma energética, que impulsaría "las perspectivas de crecimiento" a mediano plazo.
En el ámbito microeconómico, las familias se beneficiarán con mejores precios de luz eléctrica, gas y alimentos. "Al haber mayor abasto de petroquímicos, se podrán producir más fertilizantes en México, apoyando la reactivación del campo y la producción alimentaria", aseveró el presidente.
Una reforma histórica pero cuestionada
En 1938, el entonces presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de la industria petrolera y la creación de la estatal Petróleos Mexicanos. La reforma aprobada actualmente pone fin a 75 años de monopolio de esta empresa mediante distintos tipos de contrato: de servicios, de utilidad o de producción compartida o de licencia.
Peña Nieto, quien aseguró que la nueva ley "mantiene y asegura la propiedad de la nación sobre Pemex, CFE (Comisión Federal de Electricidad), los hidrocarburos y la renta petrolera al tiempo que abre nuevas oportunidades para el país", se felicitó por el pronto proceso de ratificación.
El Congreso de México aprobó la reforma el jueves pasado. Tres días después, la iniciativa ya contaba con el aval de la mayoría de los 31 estados del país, requisito necesario para poder promulgar una reforma constitucional en México. Hasta ahora, sólo el Congreso de Tabasco (sureste) se ha pronunciado contra la reforma, de los 24 estados que han votado.
Desde un inicio se anticipaba que la reforma no enfrentaría mayores obstáculos en los congresos locales debido a que el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el conservador Partido Acción Nacional (PAN) tienen la mayoría de curules y estuvieron de acuerdo en promover la iniciativa.
Sin embargo, el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), la tercera fuerza política en el país, se opuso duramente a la reforma argumentando que "privatizará" el sector y representará "un atraco al pueblo".
A la oposición del PRD se unen otros partidos minoritarios de izquierda, organizaciones civiles y un colectivo de artistas mexicanos e intelectuales que este viernes congregaron a un millar de manifestantes frente a la céntrica explanada de Bellas Artes pugnando por una consulta popular sobre el tema.
El proyecto también incluye la creación de un fondo que se encargará de administrar las regalías petroleras fomentando un ahorro a largo plazo, teniendo en cuenta que Pemex destina actualmente un 67% de sus ganancias a las arcas públicas.
Además, se elimina del consejo de administración de Pemex a los cinco representantes del influyente sindicato de la petrolera, cuyo dirigente, Carlos Romero Deschamps, fue acusado años atrás de haber desviado fondos.
Poco después de asumir la presidencia en diciembre pasado, Peña Nieto firmó con el PAN y el PRD un inédito Pacto por México, mediante el cual fueron aprobadas reformas de gran calado en materia de telecomunicaciones, educación, finanzas, hacienda y política. Sin embargo, las discrepancias sobre la reforma energética ocasionaron que el PRD se retirara del Pacto.