El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que llamará en 2015 a un referéndum para reformar el sistema de Justicia, una iniciativa que la oposición considera como un reconocimiento implícito del fracaso de las transformaciones impulsadas por el gobierno.
"Que el pueblo defina mediante un referéndum una profunda revolución dentro de la justicia boliviana", dijo Morales, quien inicia el 22 de enero un tercer mandato hasta 2020, al inaugurar el año judicial boliviano.
Morales calificó a la Justicia de su país de lenta y corrupta, pese a haber impulsado una inédita elección popular en 2011, cuando se eligió a 28 autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Agroambiental.
"Yo tenía confianza en que las autoridades electas presten servicio al pueblo, más bien se ha empeorado la justicia", afirmó Morales, quien explicó que tras asumir su tercer mandato consecutivo comenzará a trabajar en el diseño, elaboración y convocatoria de una consulta popular.
El gobernante enumeró las fallas de la Justicia boliviana: "cuoteos (prorrateo de cargos jerárquicos), peleas internas", así como corrupción, porque "hay venta de cargos" en la Justicia.
La oposición criticó inmediatamente la iniciativa presidencial.
El senador opositor Marcelo Antezana afirmó que el referéndum "es un reconocimiento tácito del fracaso de la revolución judicial" que impulsó el oficialismo, cuando hace menos de cuatro años se realizaron elecciones para la Justicia.
La diputada de derecha Norma Piérola opinó que la gran falla de la Justicia boliviana es la intervención política. "Lo que pedimos al presidente es que deje de poner su pie en la garganta de la Justicia para hacer persecución política", aseveró.
Un informe de las Naciones Unidas de 2014 señala que la Justicia boliviana "se caracteriza por problemas estructurales, tales como la retardación, la insuficiente cobertura de servicios judiciales en el país, el acceso limitado a la justicia por parte de los sectores más vulnerables, el preocupante rezago judicial, la corrupción y en última instancia, la impunidad".
La Defensoría del Pueblo reveló por otro lado que un 84% de los presos (cerca de 13.800) en las cárceles carece de sentencia/AFP.