El presidente de Ecuador, Rafael Correa, cesó anticipadamente este viernes al alto mando militar por intromisión en "temas administrativos", luego de que el jefe del Comando Conjunto hiciera declaraciones sobre la venta de un terreno del instituto de seguridad social castrense.

"Busquen en qué país salen los uniformados a dar declaraciones sobre temas administrativos. Con mucho dolor he tenido que cesar anticipadamente al Alto Mando", escribió Correa en su cuenta de Twitter.

En un decreto ejecutivo, el gobernante resolvió "cesar en el ejercicio de sus funciones" al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Luis Garzón; y a los comandantes de la Fuerza Terrestre, general Carlos Obando; de la Fuerza Aérea, teniente general Raúl Banderas; y de la Fuerza Naval, vicealmirante Luis Santiago Chávez.

En otro documento, el presidente nombró como nuevo jefe del Comando Conjunto al vicealmirante Oswaldo Zambrano.

La cúpula militar cesada debía ser reemplazada en abril, cuando cumplía dos años en funciones.

Horas antes del anuncio de Correa, el general Garzón había mostrado su descontento por la decisión del Ejecutivo de debitar 41 millones de dólares al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) por un supuesto sobreprecio en la venta al ministerio de Ambiente de un terreno en Guayaquil (suroeste).

"No podemos estar de acuerdo que se debiten recursos de la seguridad social de las Fuerzas Armadas (...), los recursos de la seguridad social militar le pertenecen a los soldados en servicio activo y pasivo y a sus familias", señaló Garzón en una rueda de prensa.

Correa agregó que "las pensiones militares están GARANTIZADAS" por la Constitución y que el Issfa es "más solvente que nunca".

El ministerio de Ambiente había comprado en 2010 al Issfa un terreno, donde ahora está el parque Samanes de la ciudad de Guayaquil, por unos 48 millones de dólares. Sin embargo, la procuraduría estableció que el terreno fue vendido por un monto mayor al estimado por el municipio de esa ciudad.

El jueves, en una declaración de prensa, el secretario de Comunicación, Patricio Barriga, indicó que el Issfa "no observó lo que la ley manda: comprar o vender una propiedad pública sobre el avalúo que establece cada municipio", sino que "lo hizo con el avalúo de un organismo no competente".

En 2010, el municipio de Guayaquil valoraba en 7,3 millones de dólares el terreno, "lo que significa 41 millones de dólares de más y que deben ser devueltos al pueblo ecuatoriano".

Barriga agregó que "se ha dispuesto que el ministerio de Finanzas debite los valores en exceso al Issfa", para que sean transferidos a la cartera de Ambiente.

De su lado, Garzón llamó a que "las partes respeten el acuerdo suscrito voluntariamente (...) toda vez que ese contrato no tiene ni tuvo vicio alguno".