La concentración de poder en el Ejecutivo y la falta de contrapesos le ha permitido al gobierno del presidente Hugo Chávez intimidar y procesar judicialmente a quienes se le oponen, afirmó la  organización Human Rights Watch (HRW).

"La acumulación del poder en el Ejecutivo, la eliminación de garantías institucionales y el deterioro de las garantías de derechos humanos le han dado al gobierno de Chávez vía libre para intimidar, censurar e investigar penalmente a los venezolanos que critican al presidente", indicó HRW en un nuevo informe.

Este reporte actualiza el anterior hecho por la organización estadounidense en 2008, en el que ya denunció un "debilitamiento del sistema democrático".

Desde ese momento, "la situación de los derechos humanos en Venezuela se ha tornado aún más precaria", afirmó este martes en su informe, titulado "Concentración y abuso de poder en la Venezuela de Chávez".

En Venezuela existe "una maquinaria y una legislación (que ha ido) redefiniendo instituciones con el propósito de finalmente tenerlas al servicio del gobierno actual" para "convalidar" sus políticas, afirmó en rueda de prensa el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco.

El caso más sobresaliente es el de la Corte Suprema de Justicia, que "no solo tiene una composición progobierno sino que en sus sentencias ha mostrado total parcialidad", afirmó Vivanco.

Chávez ha tomado "medidas drásticas" para "conservar su control político" sobre el Poder Judicial, agregó el informe.

Este panorama genera "enormes desafíos y obstáculos" para la oposición de cara a las elecciones presidenciales de octubre, en las que el presidente Chávez busca ser reelecto, dijo Vivanco.

El directivo de HRW estimó que un antecedente del modelo instaurado en Venezuela podría ser el Perú de Alberto Fujimori (1990-2000), que contaba con una "fachada" de legalidad pero usaba a los poderes públicos para "sus propósitos políticos".

En su nuevo informe, HRW enumeró casos como el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV), las investigaciones y millonarias multas contra el canal Globovisión, también privado, y la detención de la jueza María Lourdes Afiuni, presa desde 2009 por otorgar libertad condicional a un banquero acusado de corrupción.