El fiscal general del Estado español, Eduardo Torres-Dulce, se querellará contra el presidente regional catalán, Artur Mas, por la consulta simbólica sobre la independencia de esa región del nordeste, suspendida por el Tribunal Constitucional, informó  la fiscalía en un comunicado.

"El Ministerio Fiscal emprenderá las acciones legales oportunas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña", señaló el texto, para plantear esta "querella por el llamado proceso de participación ciudadana del pasado 9 de noviembre".

Torres-Dulce ha recibido este miércoles el apoyo de la Junta de Fiscales de Sala, órgano asesor presidido por el propio fiscal general del Estado. La querella podría ser por desobediencia, prevaricación, usurpación de funciones y malversación, según su propuesta.

Los delitos precisos se conocerán tras concretarse en la demanda "las precisiones de carácter técnico realizadas durante la reunión celebrada" ayer.

La consulta tuvo lugar a pesar de la suspensión, decretada el 4 de noviembre, por el Tribunal Constitucional, con los medios del Estado y la implicación directa del ejecutivo catalán, abriendo una crisis sin precedentes entre poder regional y central desde la promulgación de la Constitución en 1978.

Según resultados divulgados al día siguiente de la votación, 2,3 millones de los 7,5 millones de catalanes participaron en la consulta en esta región donde el independentismo ha crecido, favorecido por los efectos de la crisis.

Cerca de un 80% de los que acudieron a votar, es decir, 1,8 millones, dijeron "sí" a la independencia. La votación fue calificada de éxito total por Mas, que asumió abiertamente la eventual responsabilidad judicial de estos actos. 

El presidente del gobierno español consideró, por su parte, que se trataba de un "fracaso", subrayando que sólo un tercio del electorado potencial acudió a las urnas.