La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmó el primer proyecto de ley de su gobierno en materia de educación, que crea la figura de un administrador provisional de universidades en crisis para garantizar la continuidad de clases para sus alumnos.

Se trata de una ley corta, que precisa y aumenta facultades de un interventor en casos como el ocurrido con la Universidad del Mar, en que miles de estudiantes quedaron a la deriva por una mala gestión de la institución.

"Estamos dando el primer paso de un camino, el que será complejo", dijo -tras la firma de la iniciativa en el Palacio de La Moneda- Bachelet, quien ha prometido una profunda reforma del sistema educativo privatizado y segregacionista heredado de la dictadura (1973-1990).

El administrador podrá actuar cuando una investigación del Ministerio de Educación o un fallo judicial determinen la incapacidad de la universidad de asegurar la continuidad de los estudios tal y como se habían ofrecido.

El proyecto de ley otorga amplias atribuciones al administrador, quien asumirá el control académico, administrativo y financiero de la universidad durante su intervención, a diferencia de la normativa actual, en la que rectores y dueños mantenían la gestión.

El proyecto, que se podrá aplicar a universidades y centros de formación técnica de educación superior, obliga al interventor en un plazo limitado a diseñar un plan que reconstruya la gestión del centro, o en caso de imposibilidad, determinar su cierre.

El proyecto no busca "innovar en materia de condiciones por las que se puede cerrar (una universidad), sino establecer una figura de un administrador para saber si es necesario cerrar, y viabilizar los estudios de los alumnos", según el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre.

El ministro aseguró que esperan que la figura del interventor sea utilizada de forma excepcional, ya que el gobierno pretende crear una Superintendencia de Educación que sea capaz de fiscalizar el funcionamiento de las universidades y detectar las malas gestiones a tiempo.

Dos años atrás se nombró un interventor el caso de la Universidad del Mar, que fue cerrada por irregularidades administrativas y mala calidad de algunas de las carreras que impartía, dejando a la deriva a unos 18.000 alumnos.

Una auditoría detectó el incumplimento de los estatutos por parte de la universidad, la mala calidad de las carreras del área de salud, y el "abandono" del proyecto educativo con la intención de obtener ganancias, una situación prohibida por ley.