La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, envió este lunes al Congreso un proyecto de ley de reforma tributaria que busca recaudar 8.200 millones de dólares anuales, el primer paso para financiar su esperada reforma educacional y disminuir los altos índices de desigualdad.

A solo tres semanas de asumir el poder, Bachelet dio una señal del ritmo que quiere imponer a su mandato, y envió al parlamento la primera de sus reformas estructurales, junto a la educativa y la constitucional, con las que quiere abrir un nuevo ciclo político en Chile.

El proyecto establece un alza gradual de los impuestos a las empresas de 20% a 25% al año 2017, y eliminar en 2018 el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), un instrumento para favorecer la inversión que permite a las empresas posponer el pago de impuestos sobre sus beneficios de forma indefinida si estos son reinvertidos.

El FUT, creado en 1984 por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), se ha convertido en la práctica en un "un camino para pagar menos impuestos" por parte de las grandes empresas y fortunas del país, según el secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría.

La eliminación del FUT tiene "un efecto político, ideológico y comunicacional, en términos de ir mostrando que se van sacando todas las huellas de Pinochet que quedaron en la institucionalidad chilena, tanto en lo económico y en lo político", dijo a la AFP, en tanto, el analista de la Universidad de Chile, Guillermo Holzmann.

Otro de los principales puntos de la reforma es una rebaja del impuesto de la renta de 40% a 35% a las personas con sueldos de más de 10.500 dólares mensuales, medida criticada por algunos sectores de la izquierda oficialista.

"El objetivo detrás de esta medida es dar un trato impositivo más equitativo a las rentas del trabajo en relación a las rentas del capital", dijo Bachelet, quien destacó que las autoridades -parlamentarios, ministros y subsecretarios- no se podrán acoger a esta reducción.

En Chile, a los salarios de todos los trabajadores se les descuenta cerca de 20% por salud y pensiones, pero solo un 18% de la fuerza laboral chilena paga impuestos a la renta, al tener salarios superiores a 1.000 dólares.

El proyecto iniciará esta semana su tramitación con urgencia simple en el Congreso, donde el oficialismo cuenta con la mayoría suficiente para su aprobación.

-Reforma no frenará crecimiento-

La reforma ha levantado gran expectativa e incertidumbre en el entorno empresarial, que teme que se desincentive la inversión.

"Lo que nos importa es que los instrumentos sean los que no frenen ni la inversión ni la creación de empleo, ni del ahorro", dijo el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz.

La economía chilena se encuentra en una fase de desaceleración, marcada por la disminución de las inversiones y una baja en el precio del cobre, del que el país es el principal productor mundial.

Este lunes, el Banco Central redujo la estimación de crecimiento del PIB chileno en 2014 de un rango de 3,75% a 4,75%, a otro de 3% a 4%.

"Esta reforma no va a frenar el crecimiento económico, por el contrario, sólo puede haber un crecimiento fuerte y sostenido en una sociedad equitativa, que fortalece su capital humano y que crea instituciones públicas de calidad", afirmó Bachelet.

El gobierno quiere reformar el sistema para poder garantizar ingresos permanentes dedicados a la educación, y a la vez, lograr mayores índices de distribución de la riqueza, en el país con mayores desigualdades de la OCDE.

Bachelet se comprometió a garantizar gratuidad en la universidad en seis años, así como mejorar la calidad de la educación pública y acabar con el lucro en las escuelas subvencionadas, donde acude la mayoría de estudiantes chilenos.

El anterior gobierno del presidente derechista Sebastián Piñera, presionado por las masivas marchas de los estudiantes, ya había incrementado los impuestos de las empresas de 17% a 20%.

La meta de la reforma de Bachelet es recaudar un 3% del PIB chileno: con el cambio en la estructura tributaria, el gobierno pretende conseguir 2,5% del PIB, y el otro 0,5% restante, provendrá de un mayor control de la evasión y la elusión, es decir, el diseño de contabilidad para evitar tributar, que será penalizado.

La propuesta incluye otros aumentos de impuestos como el de timbres y estampillas, a los vehículos diésel de gran cilindrada para uso particular, las bebidas alcohólicas y por primera vez, a las bebidas azucaradas.