En medio de una crisis política que tiene a su propio hijo como protagonista, la presidenta chilena Michelle Bachelet cambió el eje de la agenda al anunciar los debates para la promulgación de una nueva Constitución que acabe con la legada por Augusto Pinochet.

Sorpresivamente y a través de un mensaje presidencial, Bachelet anunció la noche del martes que en septiembre se iniciarán una serie de diálogos y consultas que deberán desembocar en la Nueva Carta Fundamental "plenamente democrática y ciudadana".

Si bien la propuesta estaba en su programa de gobierno, habían dudas acerca de que si en medio de un complejo programa de reformas sociales que lleva adelante y los escándalos de corrupción, Bachelet tendría espacio para animar esta reforma, transcurridos 25 años desde el fin del régimen militar.

Bachelet incluyó el anuncio dentro de un esperado paquete de medidas anticorrupción, con el que busca afrontar los escándalos derivados del millonario negocio inmobiliario que concretó su hijo mayor, Sebastián Dávalos, y los de financiamiento ilegal de campañas políticas que involucran a dos de los más importantes grupos económicos del país, el grupo Penta y la minera Soquimich.

"La presidenta está jugando tempranamente su última carta", dijo a la AFP el cientista político de la Universidad Diego Portales, Mauricio Morales.

Según Morales, se trata de una "decisión estratégica para cambiar el eje en la agenda de los medios de comunicación al trasladar el debate desde la transparencia hacia el proceso constituyente".

"Hay que tener harta personalidad y decisión como para impulsar una reforma de este tipo en medio de una crisis de confianza y con sólo el 30% de aprobación ciudadana. La apuesta es extremadamente riesgosa, pero el gobierno ya no tiene nada más que perder", agregó.

Aprobada en un cuestionado plebiscito, la Constitución de Pinochet ha sufrido algunas modificaciones en estos 25 años de democracia, pero hasta ahora no se había planteado ninguna iniciativa para erradicarla completamente.

"El momento era para hablar de medidas anti-corrupción", criticó por su parte el analista Patricio Navia, afirmando que Bachelet "dinamitó" el paquete de medidas al introducir el debate constitucional.

Pero Bachelet dijo este miércoles que "no hay más tiempo que perder", al etiquetar como urgentes los primeros proyectos de ley anticorrupción.

- Bachelet condena los negocios de su hijo -

En su mensaje público, Bachelet tomó también las riendas del asunto familiar y dentro de las medidas anticorrupción anunciadas, propuso una serie de iniciativas que buscan evitar el tipo de negocios de especulación inmobiliaria que concretó su hijo.

"Tenemos que evitar los negocios irregulares y especulativos. Nadie podrá sacar ventajas indebidas con los cambios de los planos reguladores", dijo la mandataria.

Su hijo mayor y su nuera Natalia Compagnon son investigados por el "uso de información privilegiada" y "tráfico de influencia" tras una millonaria compra y venta de terrenos en el sur de Chile.

Sin el capital suficiente, Dávalos y Compagnon pudieron comprar los terrenos tras acceder a un crédito por 10 millones de dólares gestionado directamente con uno de los hombres más poderosos y ricos de Chile, el empresario Andrónico Luksic.

Luego, vendieron los terrenos a un precio superior, obteniendo una ganancia de casi cinco millones de dólares, por un proyectado cambio en el uso de suelos, de agrícola a residencial.

El escándalo derrumbó la popularidad de Bachelet al mínimo de sus dos períodos presidenciales (30%) y la llevó incluso a descartar públicamente rumores de una eventual renuncia al cargo.

En paralelo, decenas de políticos tanto oficialistas como de oposición se han visto involucrados por el uso de boletas falsas (o por servicios no prestados) para financiar sus campañas políticas, un mecanismo usado por Penta y Soquimich para descontar tributos de sus declaraciones de impuestos.

Bachelet anunció el fin del aporte de las empresas a la política, pues será el Estado el que financie los partidos políticos, en tanto éstos deberán someterse a controles más estrictos. Los políticos que cometan delitos también perderán sus escaños.