El gobierno de Costa Rica anunció que estudia ampliar una demanda contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), debido a que ese país continúa dañando el humedal de Isla Portillo, en un territorio que Costa Rica reclama.

La presidenta Laura Chinchilla dijo en conferencia de prensa que el gobierno de Nicaragua ha abierto dos nuevos canales para conectar el limítrofe río San Juan a través del humedal, en clara violación de las medidas cautelares dictadas por la CIJ.

"El equipo de abogados que Costa Rica tiene a su haber, que son quienes nos han venido asesorando en el juicio que ya tenemos abierto en la CIJ, está también estudiando los nuevos hechos para analizar una posible acción adicional", afirmó la mandataria.

Chinchilla dijo que el caso ya ha sido comunicado formalmente a la CIJ y a la Convención Ramsar (Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional).

Además, para informar de la situación, "estaremos sosteniendo una reunión con el secretario general de la OEA (Organización de Estados Americanos)", el chileno José Miguel Insulza, la proxima semana, aseguró la gobernante.

La presidenta costarricense dijo que su gobierno realizará también acciones para poner al tanto de la situación al Congreso y a la ciudadanía en general.

El gobierno costarricense denunció en octubre de 2010 que el ejército nicaraguense había invadido Portillo, una isla fluvial de aproximadamente 3 km2, ubicada en el extremo este de su territorio, para construir un canal artifical a través del humedal, que se encuentra ubicado dentro del régimen de protección de Ramsar.

En esa ocasión, las autoridades costarricenses estimaron que las obras habían causado severos daños ambientales en la zona.

Nicaragua, por su parte, asegura que esa franja de territorio le pertenece históricamente.

El caso provocó una de las más profundas crisis diplomáticas entre San José y Managua y desembocó en la demanda interpuesta por Costa Rica ante la CIJ.

En marzo de 2011, los jueces de La Haya dictaron una serie de medidas cautelares, como la exclusión de personal militar o población civil de ambos países en el territorio en disputa, mientras dicta un fallo.

Sin embargo, la cancillería costarricense ha realizado numerosas denuncias respecto a la presencia en Isla Portillo de grupos afines al gobierno de Ortega, en particular de militantes de la juventud sandinista./AFP