El Gobierno estudia la acción que tomará frente al fallo de La Haya. Una de ellas es la presentación de una demanda por interpretación.

EL NUEVO SIGLO: ¿De qué manera se va a cumplir el fallo de La Haya?

FERNANDO CARRILLO:Yo creo que el problema fundamental aquí es determinar cuáles son las circunstancias y condiciones para el cumplimiento del fallo.

Me parece que esa discusión o ese dilema entre acatar o desacatar, es un falso dilema, porque independientemente de que se pueda cumplir la sentencia, así sea de obligatorio cumplimiento, supone una serie de condiciones para que se pueda cumplir.

Lo que nos preguntamos cómo colombianos es: ¿cómo se puede cumplir esa sentencia?

Hay una gran cantidad de temas que quedaron en el aire, lamentablemente, en la determinación de la Corte. Temas como los derechos de las minorías étnicas, es decir los pueblos raizales que para este Gobierno son de gran preocupación. Temas que tienen que ver con las implicaciones sociales. Temas que tienen que ver implicaciones ambientales, de protección por ejemplo de la biósfera y los arrecifes coralinos, que están presentes en esta zona. Sobre todo con temas de derechos de todas las personas que están allí.

Yo solo diría que independientemente de la delimitación, a la Corte se le olvido que allí habitan unas minorías étnicas que tienen unos derechos, según jurisprudencia reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

ENS: Son muchos interrogantes…

FC:Así es. Hay una gran cantidad de interrogantes que quedan abiertos por el fallo.

Por eso estamos estudiando en estos momentos la posibilidad de interponer una demanda de interpretación, que es un recurso legal. Colombia continuará acudiendo a los recursos legales. Colombia sigue respetando el derecho internacional. Vamos acudir a los mecanismos legales incorporados en los instrumentos legales para defenderse y así defender los intereses de los colombianos como son los pueblos raizales y los pescadores.

ENS: ¿Se descarta la posibilidad de desacatar el fallo?

FC:La polémica está en relación por la forma como se puede cumplir y para eso toca sentarse con las autoridades nicaragüenses y mostrar un poco como existen unos vacíos, existen muchos interrogantes con las condiciones para el cumplimiento del fallo y ver conjuntamente cómo se pueden resolver esos interrogantes.

Creo que esa es la gran pregunta: cómo cumplir y si existen las condiciones, cuando hay una gran cantidad de vacíos, por no decir muchas inconsistencias.

ENS: ¿Hay plazos para el cumplimento de la sentencia?

FC:Yo creo que cumplir inmediatamente un fallo de esta naturaleza es imposible.

De hecho, en situaciones similares en otras determinaciones de la Corte se han tomado meses, hasta años.

En este caso particular, la controversia está enmarcada en los nuevos principios del derecho internacional, que son principios que tienen que ver con los derechos humanos.

Esto no es un tratado de límites como fueron las sentencias del siglo pasado. Aquí hay comunidades involucradas y en primer año de derecho le enseñan a uno que los tres elementos fundamentales son soberanía, territorio y la población. Aquí estamos con implicaciones para unos elementos fundamentales como es el territorio.

Entonces a la Corte pareciera que se le olvidó que estas zonas están pobladas y que hay personas con derechos.

Yo decía en el debate en el Congreso que hay un divorcio entre el derecho clásico y el nuevo derecho internacional.

La obligación del Estado, y esa será nuestra línea de defensa, es la protección de los derechos fundamentales de los pueblos nativos y las comunidades étnicas.

ENS: ¿El tratado con Nicaragua se hace antes o después de que se falle la demanda por interpretación?

FC:Creo que de todas maneras hay que establecer un diálogo. La vía del diálogo siempre ha sido la más acertada para poder llegar a la demanda  por interpretación y debemos manifestar un desacuerdo de las condiciones de cumplimento del fallo. Y dado ese desacuerdo, debe venir un poco de cómo cumplirlo.

En una demanda el Estado colombiano le puede decir a la Corte que hay un problema de interpretación y necesitamos que usted nos resuelva.

ENS: ¿Usted estará a la cabeza de esa defensa?

FC:No. Yo la verdad hago mis funciones como Ministro del Interior.

Ya para eso está la Defensa Jurídica del Estado y la Cancillería.

Mi principal labor es la de demostrar a la comunidad internacional que aquí se comprometieron los derechos de unas minorías étnicas, aquí se desconoció la importancia de las comunidades raizales y acudiremos a los instrumentos legales.

ENS: ¿Esa demanda se interpondría ante la Corte de La Haya?

FC:La demanda de interpelación es ante la misma Corte.

La posibilidad de defensa de los derechos de las minorías étnicas habría que surtirlas incluso por los propios pueblos raizales ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

ENS: ¿Habría dos demandas al mismo tiempo?

FC:Pues están explorando todas esas salidas. Yo no diría que hay decisiones definitivas. Pero se están explorando todas las vías.

ENS: ¿Estará usted comprometido con San Andrés?

FC:Yo creo que la misma manifestación del presidente Santos de acudir a la emergencia social es una buena muestra de la prioridad, que no va ser transitoria, sino permanente.

El martes estaré en la sesión plenaria en San Andrés y el Gobierno evaluará la próxima semana los incentivos que se tomarán.

 

 

 

Alternativas

 

Para Ricardo Abello, profesor de derecho internacional de la Universidad del Rosario, a Colombia sólo le quedan dos acciones: pedir aclaración del fallo y una revisión.

Aunque consideró que el fallo "es ajustado al derecho", Abello dijo a la agencia France Press (AFP) que "hay puntos que no son claros, por haber dejado enclaves y no haber respetado la unidad del archipiélago".

Para el gobierno colombiano, con el nuevo trazado de la línea limítrofe en el mar, la Corte "fraccionó" el archipiélago de San Andrés, pues dejó enclavados en las nuevas aguas de soberanía nicaragüense los cayos colombianos de Quitasueño y Serrana.

Ello afectará el "equilibrio marítimo de la zona", consideró Abello.

Además, según la canciller María Ángela Holguín el fallo de la Corte "desconoce por completo la zona económica exclusiva y la plataforma continental".

"Si hubiera respetado la plataforma continental de Providencia, esa cubría Quitasueños y esa área", precisó Holguín.

En tanto, Antonio Rengifo, experto en derecho internacional marítimo de la Universidad Nacional, consideró que la decisión de la CIJ es "bastante problemática", e instó al gobierno a "estudiar muy bien la situación".

Además, al margen de las consecuencias para Colombia del fallo, éste "crea una situación de inseguridad jurídica a nivel mundial porque ahora cualquier país podrá desconocer un tratado y acudir a la Corte", dijo Rengifo a la AFP.

El académico hizo alusión de este modo al tratado Bárcenas-Meneses Esguerra, con el que en 1928 Managua cedió a Bogotá las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y declarado nulo por Nicaragua en 1980.

 

 

 

Uribe hace política con fallo: liberales

 

Congresistas del Partido Liberal afirmaron que el expresidente Álvaro Uribe se está aprovechando políticamente del fallo en contra de Colombia, proferido por la Corte Internacional de Justicia, sobre la delimitación marítima con Nicaragua, tras la propuesta del exmandatario de no acatar dicho fallo.

Los dirigentes liberales califican de populista, demagógica y oportunista la decisión de Uribe de ir en contra del fallo de la Corte, por fuera de la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales, que lidera el presidente Juan Manuel Santos.

El representante por Putumayo, Guillermo Rivera, dijo que Uribe tuvo la oportunidad, durante ocho años, de retirar al Estado colombiano de la competencia del Tribunal de La Haya y del Pacto de Bogotá, para evitar este fallo desafortunado para la Nación.

En ese mismo sentido se pronunció el senador caucano Luis Fernando Velasco, quien afirmó que el expresidente Uribe no es coherente con lo que propone ahora, si en el año 2008, cuando la Corte Internacional de Justicia desconoció al Meridiano 82 como zona de frontera con Nicaragua, no desacató ese fallo ni programó un consejo comunal de gobierno en San Andrés para anunciar su descontento.

“El expresidente Uribe debió asistir a las reuniones de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para apoyar desde ese escenario al presidente Santos, pero no hacer demagogia y populismo”, agregó Rivera, recordando que el exmandatario “durante su Gobierno tuvo a cuatro cancilleres para desacatar”. 

El senador Velasco también sostuvo que “el expresidente Uribe colaboraría más con el país si a cambio de hacer un consejo comunal extemporáneo en San Andrés, le ayuda al presidente Santos a construir una sola posición para solucionar el conflicto”.

También criticó la posición de Uribe el representante por San Andrés y Providencia, Jack Housni, quien le pidió al exmandatario “no utilizar como plataforma política esta tragedia nacional, porque le hace un flaco favor a los sanandresanos”

 

 

Política de mares

 

Tres estrategias concretas emprenderá la Universidad Nacional (UN) para apoyar al Gobierno nacional en la priorización de acciones para acompañar a la población del Archipiélago de San Andrés.

Tras perder cerca de 80.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo (similar al área terrestre que ocupa un país como Panamá), el 52 por ciento del Área Protegida de Seaflower (cuya delimitación costó 14 millones de dólares) y una de las reservas de pesca más ricas del Caribe, la UN trabajará en un proyecto integral que permita visibilizar la importancia de la porción de mar que queda, anunció ayer la agencia de noticias Unimedios.

La primera propuesta incluye la puesta en marcha de un observatorio que integre, evalúe y elabore, de manera permanente, información y conocimiento sobre el Caribe insular colombiano en diferentes esferas (sociocultural, ambiental, económica, política y jurídica).

La segunda iniciativa consiste en dinamizar el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología (PECTI), actualizando la Agenda Departamental de Ciencia y Tecnología que la Universidad lideró hace algunos años en alianza con la gran mayoría de las instituciones locales.

La tercera propuesta de la Institución, según cuenta Johannie James Cruz, directora de la UN en el Caribe, es liderar la definición de una política de mares seria, profunda y ejecutable. Esto debido al profundo desconocimiento del Estado colombiano de la inmensa riqueza que tiene el país en sus dos océanos.

Según la académica, la pérdida del territorio marítimo en el Archipiélago es muestra de la desidia que ha existido al respecto, pues la soberanía se ha centrado en la presencia militar, más que en el reconocimiento del territorio.

“Es cierto que nos quedamos con la tierra, pero para los isleños el concepto de territorio es muy distinto. Para ellos el mar es su esencia, es lo que los define, es su sustento, su cultura. Esa pérdida los tiene profundamente conmovidos. Es lo mismo como si a Bogotá decidieran cortarla por la mitad y decidir que ya no se puede transitar por la otra mitad”, manifiesta.

Ahora el reto es que la presencia del Estado sea permanente y no solo coyuntural, como temen muchos. Es a través de instituciones con fuerte presencia regional, como la Universidad Nacional de Colombia, como se pueden llevar a cabo estrategias de desarrollo real que les muestren a los isleños otras alternativas, sobre todo, económicas.