“Inmensas empresas nacionales y extranjeras y bufetes de abogados a quienes el país les abre las puertas violaron las leyes para acumular tierras en contra de los derechos de los campesinos", afirmó el senador Jorge Enrique Robledo ante la plenaria del Senado durante el debate sobre la apropiación ilegal de tierras campesinas, en el que demostró en detalle las actuaciones ilegales de Cargill, Riopaila, Corficolombiana y otras empresas, al igual que la firma de abogados Brigard & Urrutia que determinaron las rutas jurídicas para violar la Ley 160 de 1994.

El congresista pidió que las autoridades que tienen el deber de investigar, y el presidente exijan que estos hechos se investiguen a profundidad para saber que ha pasado con este tema, "la ley 160/94 prohíbe acumular tierras campesinas de reforma agraria y determina que se mantengan en manos campesinas, las falsas teorías de Urrutía y Martínez y la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento", puntualizó Robledo.

Para el senador del Polo democrático este es un debate de corrupción, en el que se muestra a funcionarios del Estado haciendo cosas ilegales afirmó.  "El jefe de la Casa de Nariño ha asumido una conducta reprochable y ya es hora que fije una posición clara sobre el tema".

Durante el debate el ministro de Agricultura, Francisco Estupiñan, anunció la presentación de un Proyecto de Adjudicación de baldíos en quince días a consideración del Congreso, el cual tiene como base la coexistencia de los pequeños productores y grandes empresarios, "sólo así podremos lograr una verdadera productividad en el sector agropecuario".

El funcionario reconoció que en Colombia hay una distribución ineficiente de la tierra, e insistió que en el gobierno del presidente Santos es prioridad enfrentar de una manera decidida todo lo que tiene que ver con la política de restitución tierras y la formalización de la titulación de tierras, como un compromiso con las víctimas.

"El gobierno es consciente de las dificultades jurídicas que ha llevado a la incertidumbre total en la destinación de los baldíos, por esta razón el proyecto que se está preparando busca garantizar la seguridad jurídica para las inversiones desarrolladas desde 1994", puntualizó el jefe de la cartera.

Finalmente sostuvo que el exministro Juan Camilo Restrepo inició una serie de investigaciones para detectar la acumulación de tierras de forma ilegal, las cuales han sido reportadas a las autoridades competentes. "Ni el Ministerio, ni el Incoder tienen las atribuciones para entrar a decidir en esta materia".

En sesión informal el superintendente de Registro y Control, Jorge Enrique Vélez manifestó que existen 65 formas de despojo jurídico con Colombia, las cuales que se han expuesto en muchos foros del país, así como 60 investigaciones de carácter penal contra personas que han despojado.

"Así mismo, existen 7 millones de hectáreas protegidas donde se le está diciendo a personas desplazadas, que no hay ninguna posibilidad de que les vendan sus tierras", precisó el funcionario.