Por medio de un documento de 7 puntos, los transportadores presentarán la próxima semana ante el Gobierno un plan para acabar con los problemas que impiden un mayor desarrollo del sector.

Se trata de las propuestas realizadas por la Federación de Empresas Transportadoras de Carga de Colombia (Fedetranscol), el gremio de Defensa para el Transporte Terrestre de Carga (Defencarga), la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) y la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), quienes están finalizando el proceso de firmas para su oficialización.

Justamente el presidente Ejecutivo de Colfecar, Juan Carlos Rodríguez Muñoz, le explicó a EL NUEVO SIGLO que muchas de estas propuestas llevan varios años sin solución alguna.

 

 

EL NUEVO SIGLO: ¿Específicamente qué contendrá el documento?

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ: Siempre hemos dicho que los gremios  nos unimos alrededor de la problemática, pero también alrededor de las soluciones.

Queremos presentarle al presidente una problemática en 7 puntos que son sensibles al sector de  transporte.

Fórmula de combustibles, la chatarrización y más específicamente la modernización del parque automotor, toda una política pública en esa materia que todavía no se ha definido a pesar de que está descrita en un documento Conpes.

ENS: ¿Qué decir de los fletes?

JCR: El de la libertad vigilada es sensible para el sector toda vez que tenemos el esquema como un mecanismo para el monitoreo de los fletes en los corredores del país, pero las herramientas que sustentan este esquema todavía no se han concretado en un 100%.

Por ejemplo, el registro nacional del despacho de carga, y requerimos conocer del Ministerio en qué vamos de ese esquema, pues los fletes están deprimidos.

Aquí hablamos mucho de los sobrecostos pero no hablamos de los infrafletes, es decir de los fletes bajos que tienen que soportar los transportadores de la industria y camioneros.

ENS: ¿Qué piden en ataque a la informalidad?

JCR: La informalidad se está atacando por la Superintendencia de Puertos y Transportes, creemos que tiene que haber una mayor agresividad por parte de esta entidad, toda vez que tiene una tasa de vigilancia que le permite tener un músculo de funcionarios que visitan las empresas.

También aspectos como la sobreoferta vehicular que ha sido especulado, porque todavía no se tienen cifras.

Propuestas

ENS: ¿Ha habido interlocución con el Gobierno?

JCR: Desde el momento en el que se creó el observatorio de transporte de carga hace 3 años por el Ministerio de Transporte, no hemos sido convocados, no conocemos en este momento en qué van los temas económicos del sector, tampoco conocemos nada en materia de intermodalidad.

ENS: ¿Cuándo entregarán el documento?

JCR: En una semana ya presentaremos formalmente esa comunicación al Presidente, para efectos que reiniciemos el trabajo que desde hace unos años es una metodología importante de diálogo y concertación con el Gobierno.

ENS: ¿Persisten en la idea de vender internacionalmente los vehículos de chatarrización?

JCR: Está atado al tema de la modernización del parque automotor, que es una política pública que tiene un documento Conpes, que es el 3759, que determina la necesidad de establecer si hay sobreoferta y en qué vehículos, en qué tipología vehicular.

Con esos componentes es fundamental considerar que, de acuerdo con cifras del Ministerio, un 37% de los vehículos de carga superan los 20 años.

La modernización se impone, lo que implica que tienen que salir esos vehículos del mercado, al hacerlo tenemos que considerar que no pueden entrar en cascada a sobreofertar, sino que tienen que ser desintegrados o vendidos. Pero en Colombia no se permite la importación de vehículo usado, ni el mecanismo de lo usado es propósito del Gobierno.

Beneficios

ENS: ¿Cuáles mercados serían los ideales?

JCR: Podemos explorar el mercado centroamericano, el de Ecuador, Perú y los países vecinos, ese es uno de los temas en el que no se ha concretado la respuesta por parte del Gobierno.

ENS: ¿Cómo garantizar un equilibrio en la renovación del parque automotor?

JCR: Es un tema que no es fácil, porque el concepto de la depreciación en Colombia choca también con otros esquemas de repotenciación que se permitió en su momento, para que los vehículos pudieran tener su cirugía plástica y prolongarle su vida útil.

Pero el componente fundamental es establecer ese tiempo, para aquellos vehículos que están cercanos a los 20 años, un régimen de transición con incentivos económicos que le permitan a ese propietario tener unos recursos para acceder a un vehículo nuevo.

ENS: ¿Para ello el Gobierno debería asignar recursos?

JCR: Necesariamenteel Gobierno debe dar unos recursos, porque actualmente los que hay son producto de una póliza que pagó el mismo sector de transporte. Aquí no ha habido en ningún momento de la historia del transporte de carga un incentivo.

 

Opciones para la sobreoferta

 

 

En consideración de Rodríguez, la vida útil es un factor fundamental y no solo en el servicio público, pues “Colombia debe tomar una posición muy clara en materia de desintegración de vehículos viejos públicos y privados, porque no hay espacio para tanto vehículo”.

Debe existir un direccionamiento a través de incentivos tributarios “y creo que los modelos existen, muy cerca de países que han logrado darle un desfogue al incremento vehicular. Sobre todo tendiente a la modernización del parque automotor”.

En el sector de transporte de carga “es fundamental hablar de la modernización antes de hablar de la sobreoferta, pero cuando uno habla de modernización vs. vida útil se requiere que el Gobierno dé unos incentivos”.

Por ello propusieron que a través del IVA se logre la modernización del parque automotor, “que se forme una cultura del ahorro para prever que cuando el vehículo al igual que una persona se pensiona, el vehículo también llegue cumpliendo su vida útil y con la posibilidad de tener unos ahorros para sustituir ese carro viejo”.

Es así que en la medida en que exista una política clara en esta materia y un direccionamiento claro por parte del Gobierno, “se determinará cuál es la oferta de la capacidad ofrecida, cuál es el número de vehículos de carga que hay en Colombia”.