Se cumplieron cuatro años de la llamada norma antitrámites, el Decreto-Ley 019 de 2012, por la cual, entre otros, ahora para acceder a los servicios de salud solo es necesario el documento de identidad, no se cobra por formularios, se puede obtener duplicado de la cédula por medio de un aplicativo, registrar visas en línea, se pueden hacer en línea consultas sobre situación militar, pagar multas de tránsito por medios electrónicos y se eliminó la exigencia anual de la revisión técnico-mecánica de vehículos nuevos, los certificados de supervivencia para el pago de mesadas pensionales y de contraseña de la cédula de ciudadanía.

La Función Pública explicó que producto de este Decreto en sus cuatro años de vigencia se ha logrado la racionalización de 1.244 trámites, para hacer la vida más fácil a los ciudadanos.

El Departamento Administrativo de la Función Pública indicó que las mejoras logradas en desarrollo de la norma  van desde la reducción de documentos y tiempos de duración del trámite, la apertura de sitios adicionales de atención al usuario, reducción de costos, el intercambio de bases de datos, instalación de call centers, hasta la habilitación de requisitos en línea por parte de las entidades responsables de los trámites.

Los avances obtenidos se han logrado por el desarrollo de la estrategia de racionalización de trámites al interior de las entidades del orden nacional y territorial (alcaldías y gobernaciones), que consiste en realizar mejoras sustanciales de tipo normativo, administrativo y tecnológico a los trámites considerados de mayor impacto.

Entre los principales logros del Decreto antitrámites se cuenta la celebración de convenios, acuerdos de servicio o consulta en las páginas web para el acceso a los registros públicos de la Cámara de Comercio, Superintendencia de Notariado y Registro, Dirección General Marítima y la Aeronáutica Civil, por parte de instituciones públicas o particulares que presten servicios públicos.

De igual forma, la Registraduría Nacional del Estado Civil implementó un aplicativo para que las notarías, consulados y demás autoridades encargadas de expedir el registro civil de defunción lo reporten en tiempo real.