Con el propósito de velar por los derechos fundamentales de los pueblos indígenas desplazados, hoy se llevó a cabo en la Corte Constitucional una audiencia pública para el seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 donde el Gobierno Nacional presentó un balance de las acciones implementadas a favor de estas comunidades durante los tres años de mandato del Presidente Juan Manuel Santos.

En esta sesión técnica estuvieron presentes los Ministros de Educación, Salud, Hacienda y Vivienda, así como también, los Viceministros del Interior, Agricultura y de la Defensa, los Directores de la Unidad Nacional de Protección, Unidad de Atención y Reparación a las Victimas e Incoder.

Durante su intervención el Viceministro del Interior para la Participación e Igualdad de Derechos, Aníbal Fernández de Soto, afirmó que el Ministerio “ha emprendido múltiples acciones en favor de todas las comunidades indígenas del país, dando cumplimiento a los acuerdos pactados y los compromisos realizados con los representantes de esta población obtenidos gracias a un diálogo permanente, fluido y abierto”.

“Si sumamos todos los esfuerzos que el  Gobierno Nacional ha hecho hasta el momento, podemos decir que se han invertido más de 3 billones de pesos, de los cuales 2,2 billones de pesos hacen parte del Sistema General de Participación de donde se desprenden los recursos para los temas de educación, salud, fortalecimiento organizativo de los pueblos indígenas. Cerca de un billón de pesos se ha destinado para estructurar le programa y la política de atención a las víctimas y la política de tierras”, aseguró Fernández de Soto.

Por último reiteró que los esfuerzos emprendidos por los diferentes ministerios obedecen a “la voluntad del Gobierno Nacional de querer acercarse a los pueblos indígenas, de querer llegar a cumplir sus expectativas, satisfacer sus necesidades (…) Cada pueblo es distinto y hemos querido fortalecer ese diálogo regional”.

En esta audiencia pública participaron representantes y delegados de 37 pueblos indígenas del país quienes plantearon sus necesidades en asistencia, atención y protección en torno al goce efectivo de sus derechos.