“Hoy escuchamos de parte de la Fiscalía el detalle de este plan de priorización y se requiere una coordinación tanto con la Judicatura, como con la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Víctimas, entre otras entidades, que nos permitan articular las piezas de este proceso con la aplicación de la reforma a la Ley de Justicia y Paz. Por eso como Ministerio de Justicia, ponemos a disposición este espacio en este comité para propiciar esta articulación”, explicó Catalina Díaz, Directora de Justicia Transicional, del Ministerio de Justicia.

En la justificación de este plan de priorización, la Fiscalía expuso que “debido a la dimensión no esperada que debió afrontar el aparato judicial” con la entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz el 25 de julio de 2005, al tener que procesar de manera individual a más de 35.000 desmovilizados de los grupos armados organizaos al margen de la ley “y con un registro de de más de 417.000 hechos delictivos reportados por las víctimas (…) hizo que los resultados después de 6 años de entrada en vigencia (de la ley) no fueran los esperados”.

En este sentido, la Fiscalía ha reunido por cada uno de los máximos responsables los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra e infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidos por los frentes y bloques a su cargo.

Por ejemplo, para el caso de Salvatore Mancuso ya se tienen documentados 45.496 casos de desplazamiento forzado, 10.066 de desaparición forzada, 120 casos de reclutamiento ilícito, 269 casos de delitos sexuales y 148 casos de crímenes cometidos contra población indígena, para un total de 56.099 casos a priorizar.

En el caso de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, se tienen 23.471 casos de desplazamiento forzado, 6.249 casos de desaparición forzada, 159 casos de delitos sexuales, 109 casos contra indígenas y 9 hechos contra sindicalistas, para un total de 29.997 casos.

Y en lo que concierne a Elda Neyis Mosquera, alias ‘Karina’, se tiene un informe con 7.048 casos de desplazamiento forzado, 2.322 casos de desaparición forzada, 109 casos de reclutamiento forzado de menores, 170 casos de delitos sexuales y 166 casos que afectaron a población indígena, para un total de 9.815 casos.

“El interés principal de la sesión extraordinaria del Comité Interinstitucional de Justicia y Paz desarrollado hoy en el Ministerio de Justicia fue precisamente socializar esta iniciativa de la Fiscalía y ponerla a consideración de los miembros. Este espacio es de gran utilidad en la medida en que el nuevo enfoque estratégico a implementar tendrá efectos en el desarrollo del trabajo de las demás instituciones que tienen injerencia dentro del procedimiento”, puntualizó la Directora de Justicia Transicional.