Preparar la Defensoría del Pueblo para el posconflicto propone un proyecto de ley que se radicará en el Congreso en los próximos días.
“Estamos preparando un proyecto que queremos presentar en el mes de marzo para reestructurar la Defensoría del Pueblo, porque tenemos grandes problemas logísticos y salariales”, le anunció a EL NUEVO SIGLO el defensor Jorge Armando Otálora.
En concreto, la iniciativa propende por una entidad con mayor número de defensores, ya en la actualidad no hay suficientes recursos para atender a las víctimas.
“Si se quiere materializar la Ley de cara a los colombianos, hay que generar el presupuesto”, manifestó Otálora, anotando que la Defensoría del Pueblo no está en capacidad de asumir ninguna responsabilidad en la implementación de la Ley de Víctimas, precisamente por no contar con los recursos. El cálculo es que se requieren 72.000 millones de pesos.
De acuerdo con Otálora, la Ley 1448 establece de manera puntual que “se deberán establecer medidas de prevención suficientes para mitigar esos riesgos, para lo cual se tendrá en cuenta la información del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo si es del caso. Especialmente, en aquellos municipios en donde se estén adelantando procesos de restitución, las alcaldías deberán formular estrategias de seguridad pública de manera conjunta con el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de prevenir afectaciones a los derechos de las víctimas, sus representantes”.
Otálora recordó que se establece que en cada una de las entidades públicas en las que se brinde atención a asistencia a víctimas, deberá disponer de personal capacitado en atención de víctimas de violencia sexual y género, que asesore y asista a las víctimas. Y la preocupación es que no hay dientes, ni recursos para hacerlo.
Otro de los puntos que se plantea es de nivelar los salarios de los funcionarios con los de la Procuraduría.
Sin embargo, una fuente consultada recordó lo que señala la Ley 24 de 1992 es que la Defensoría del Pueblo es un organismo que forma parte del Ministerio Público, ejerce sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación y le corresponde esencialmente velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los Derechos Humanos. Con todo, la Defensoría del Pueblo tiene autonomía administrativa y presupuestal.