En pocas semanas será presentado al Congreso un proyecto de código integral de extinción de dominio, que pretende hacer más ágiles los procesos por medio de los cuales pasan al Estado los bienes que han sido adquiridos con dineros de actividades de narcotráfico, lavado de activos, financiación del terrorismo y delitos contra la administración pública.
La iniciativa será presentada por la Fiscalía General de la Nación, aunque desde hace meses la viene trabajando en conjunto con el Ministerio de Justicia.
Al respecto el vicefiscal general Jorge Fernando Perdomo explicó que “hay un interés de la Fiscalía en avanzar en estos procesos de extinción de dominio en una nueva fase con más contundencia, por lo que en las próximas semanas se va a radicar un proyecto en el Congreso que va a permitir crear un código integrado de extinción de dominio, lo que existe es una ley que ha sido reformulada, cambiada varias veces, pero que no es un verdadero estatuto integral con principios y valores”.
Perdomo dijo también que la lentitud con que avanzan los procesos de extinción de dominio se explica en parte por la falta de funcionarios judiciales especializados para llevar a cabo la identificación así como el control y verificación de los bienes incautados y ocupados.
“Existen 5.000 procesos de extinción de dominio pero solamente hay 23 fiscales y tres jueces encargados en todo el país”, dijo al respecto Perdomo.
El Vicefiscal indicó igualmente que se ha planteado al Consejo Superior de la Judicatura el incremento del número de jueces para los procesos de extinción de dominio. “Nada sacamos nosotros metiendo 20, 30, 40 fiscales si están los mismos tres jueces”, dijo.
Perdomo explicó que el trabajo de la Fiscalía finaliza cuando comienza el proceso de extinción de dominio y se dictan medidas cautelares sobre los bienes incautados, que anteriormente pasaban a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), hoy en liquidación, por lo que estas funciones fueron asumidas por el Ministerio de Justicia. En este sentido Perdomo hizo hincapié en que la extinción de dominio se maneje como una política de Estado.
“Estas incautaciones deben ser correctamente administradas. Esa es la gran dificultad que tiene el Estado colombiano”, dijo.
La iniciativa
El proyecto de código integral de extinción de dominio presenta varias medidas puntuales para hacer más eficiente esta acción real, como la eliminación de la segunda instancia en la Fiscalía General, mayor capacitación para los jueces y fiscales y una selección de jueces y fiscales que tengan conocimiento específico sobre esta acción.
La iniciativa también abrevia los términos, aunque sobre el particular el Ministerio de Justicia considera que el problema no es tanto los términos sino que las acciones que se toman dentro del proceso hacen que se haga engorroso. Hoy en día, un proceso puede durar entre 8 y 10 años en desarrollarse.
En el último año, la Fiscalía ha ocupado bienes avaluados en 960.000 millones de pesos, según un informe que el martes anterior presentó el organismo.
Estas propiedades pertenecían a organizaciones criminales dedicadas, entre otros delitos, al lavado de activos, narcotráfico, financiación del terrorismo y delitos contra la administración pública.
Entre los bienes ocupados por extinción de dominio se cuentan según la Fiscalía 32 inmuebles de alias Chupeta por 21.000 millones de pesos; 38 propiedades de alias el Arquitecto por 30 millones de pesos; extinción de 56.000 hectáreas de tierra despojadas por las Farc a cargo de Darío Polanía, testaferro de la guerrilla, en Huila, Caquetá y Meta avaluadas en 10.000 millones de pesos; 18 predios de alias Coleta, miembro de la organización criminal de alias el Loco Barrera por 20 millones de pesos; posibles bienes en el exterior de los Nule por 6.000 millones de pesos; propiedades de alias el Zar de Oro, miembro de Los Rastrojos por 35 millones de pesos.
También se cuenta entre los bienes ocupados por extinción de dominio, 35 propiedades ubicadas en Medellín de alias el Cebollero por 6.700 millones de pesos; 68 bienes de testaferros del cartel del Norte del Valle por 200.000 millones de pesos; propiedades en Bolívar, Córdoba y Antioquia de Fabio Ochoa Vásquez y su núcleo familiar por 10.000 millones de pesos.
Preocupación por demoras
El viceministro de Política Criminal, Farid Benavides, indicó que desde el Gobierno Nacional se está trabajando para aplicar de manera pronta y expedita la Ley de Extinción de Dominio a bienes procedentes del narcotráfico o de hechos de corrupción.
"Hay casos que son preocupantes como el de La Posada Alemana. Ustedes recuerdan que Carlos Ledher fue extraditado a Estados Unidos en 1987 y tan pronto entró en vigencia la Ley de Extinción de Dominio esos bienes entraron en ese proceso. El Ministerio está trabajando para que este caso sea uno de los que puedan finalizar pronto en beneficio del Estado. Y en ese mismo orden bienes como Drogas La Rebaja", explicó el viceministro.
El alto funcionario agregó que estos procesos están tardando en promedio entre 10 y 12 años para ser resueltos, y que por esa razón el Ministerio de Justicia está presentando propuestas al proyecto de ley de la Fiscalía y que busca modificar la mencionada ley.
Además de reducir estos tiempos a un promedio de solo 3 años, estas propuestas planteadas por el Gobierno pretenden que los bienes decomisados no solo a narcotraficantes sino también a corruptos, sean rápidamente monetizables y útiles para el Estado, ya sea en la lucha contra el crimen organizado o en la reparación a las víctimas de los delitos perpetrados.
“Dentro de las modificaciones que se proponen se encuentra la de eliminar la segunda instancia dentro de los procesos de la Fiscalía. Además, estamos en conversaciones con el Consejo Superior de la Judicatura que en este momento adelanta un estudio para ver de qué manera se puede ampliar el número de jueces dedicados a estos procesos de manera exclusiva. Para estos casos en Colombia solo se cuenta con tres jueces una cantidad mínima para el número de bienes decomisados, los cuales ya están alrededor de 95.000”, agregó el viceministro Benavides.