Una ola de despidos de trabajadores estatales en Argentina motivará la primera huelga de protesta contra el gobierno del presidente Mauricio Macri a menos de dos meses de asumir, informó el domingo un líder sindical.

"Se implementarán medidas de acción directa. Como mínimo será un paro nacional de estatales. No va a pasar febrero sin que esta medida se realice", dijo en declaraciones a la prensa Hugo Godoy, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Hasta mediados de enero los despidos sumaban 15.000, según Godoy, pero los gremios, incluido la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), consideran que es sólo el comienzo de una operación mayor.

Macri argumenta que el Estado se está desprendiendo de militantes afines a la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) y de otros que presuntamente cobran salario sin trabajar. El kirchnerismo reforzó las estructuras del Estado con su política peronista de centroizquierda.

El mandatario asumió el 10 de diciembre y es el primer líder de la derecha liberal que gana elecciones democráticas en la historia argentina.

Las cesantías en la administración central se registran en la Casa Rosada (gobierno), Jefatura de Gabinete y la Agencia Federal de Inteligencia, así como en los ministerios de Economía, Defensa, Cultura, el Banco Central, una planta de Fabricaciones Militares y el Museo de la Memoria, entre otros.

El viernes, un millar de manifestantes marcharon en Buenos Aires por los despidos en el sector público.

El gobierno afirma también que combate el déficit fiscal en torno al 6% en 2015, según algunas consultoras. Otro foco de conflicto que se avecina con los sindicatos es por la escalada inflacionaria que desató una devaluación de 30%, tras asumir Macri.

En la ciudad de La Plata (al sur), capital de la provincia de Buenos Aires, una manifestación de estatales que protestaba contra su despido fue reprimida hace dos semanas por la policía con balas de goma, dejando al menos cuatro heridos.

Las medidas de fuerza serán analizadas el miércoles por delegados de todo el país, dijo Godoy.

Fuentes gremiales calculan que sólo en la administración central hay unos 350.000 empleados.