Un Estatuto contra las Finanzas Ilícitas, orientado a evaluar la efectividad de los mecanismos de prevención, detección, investigación, judicialización y sanción en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, está preparando el Ministerio de Justicia y del Derecho, anunció este jueves en Cartagena el jefe de dicha cartera Enrique Gil.
El gran objetivo es fortalecer la respuesta del Estado en la lucha contra los mercados criminales y las finanzas ilícitas, dijo.
El anuncio de Gil se hizo durante su intervención en el 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que organiza en Cartagena la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria).
Según el titular de la cartera de Justicia, dicho Estatuto se apoyará en cinco puntos principales: el primero, el suministro de herramientas prácticas a los funcionarios judiciales para que puedan investigar y sancionar delitos diferentes al narcotráfico pero que también son fuente de lavado de activos, tales como el contrabando, el tráfico de personas y los que atentan contra la administración pública.
El segundo, la lucha contra los cabecillas criminales y sus finanzas para desarticular redes delincuenciales, ya no concentrándose en los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, el contrabando o la minería ilegal.
El tercero, la priorización de la persecución de los activos con un valor significativo, pues en estos momentos la Sociedad de Activos Especiales (SAE) administra más de 12 mil bienes muebles en proceso de extinción de dominio o extintos que no tienen ningún valor, lo que genera altísimos costos de administración.
El cuarto, la puesta en marcha de reformas en los mecanismos de prevención y control; y el quinto, el fortalecimiento de los mecanismos de Cooperación Internacional para que los funcionarios judiciales entiendan de manera integral el uso y la aplicación de las Convenciones de Palermo, Viena y Mérida, así como los 20 acuerdos bilaterales que se han firmado en materia de asistencia judicial internacional.
Igualmente, el ministro destacó cómo el Decreto Ley 903 de 2017 se expidió con el propósito de buscar y poner a disposición del Estado los bienes y activos de las Farc para reparar a las víctimas del conflicto.
Gil anotó, además, que los cambios en la figura de la enajenación temprana permitirán que el Estado pueda deshacerse de más de 11.000 bienes, entre los que se encuentran carros en desuso, colchones, zapatos y muebles, los cuales le generan al Estado un costo anual de administración que ronda los 15.000 millones de pesos.
Síganos en nuestras redes sociales:
@Elnuevosiglo en Twitter
@diarionuevosiglo en Facebook
Periódico El Nuevo Siglo en Linkedin