Revisar las irregularidades que se vienen presentando en la contratación de alimentos dirigidos a niños, niñas, jóvenes y viejos por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), pidió a los organismos de control la representante Ángela Robledo, del Partido Verde.

Robledo, que prepara un debate de control político a la directora del Icbf, Elvira Forero, afirmó que esa entidad “ha duplicado su presupuesto en los últimos años: ha pasado de manejar 1,7 billones a 3,1 billones en los últimos años. Es la segunda entidad del Estado, después del Ministerio de Defensa, que más recursos tiene para ejecución. Parece más una gran empresa contratista que una institución garante de los derechos de la infancia, la vejez y la familia. Pareciera que la misión del Icbf es contratar, contratar y contratar y no garantizar, alimentar y proteger a la población más pobre y vulnerable”.

Según la congresista, estos problemas con la contratación involucran a políticos del Partido Social de Unidad Nacional (La U), en particular al senador Efraín Torrado y al concejal Edgar Torrado.

Al respecto, la representante Robledo aseguró que es urgente revisar en qué va la investigación sobre la contración del Icbf a nivel nacional con la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooprosperar, vinculada a los hermanos Torrado y que adelanta la Fiscalía desde enero de este año.

Robledo explicó que, según la investigación, Cooprosperar y otras empresas relacionadas con los mencionados dirigentes de La U habrían firmado contratos con la Secretaría Distrital de Integración Social por cerca de 162 mil millones de pesos para suministrar refrigerios escolares y alimentos a comedores comunitarios en Bogotá, durante el gobierno de Samuel Moreno. Pese a la mala calificación que dichas empresas recibieron por parte de la Contraloría de Bogotá, en 2009, las operaciones con esas firmas corresponden al 28 por ciento del total de la contratación de la Secretaría entre 2008 y 2010 en la capital.