Los países suscriptores del Pacto de San José prevén reunirse en Bolivia en una fecha aún por definir para seguir debatiendo sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño.

El diplomático señaló que el encuentro tendrá lugar antes de la próxima Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en Guatemala en junio próximo.

“Vamos a tener una nueva reunión de los estados parte del Pacto de San José”, como también se conoce a la Convención Americana de Derechos Humanos, “posiblemente en Bolivia que ha ofrecido la sede”, dijo Patiño, citado en un boletín de la cancillería.

La reunión se anunció horas después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobara mantener abierto el debate sobre el funcionamiento de la CIDH bajo presión de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), de la que hacen parte Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, entre otros.

No obstante, la OEA resguardó la independencia presupuestaria del órgano que vigila el respeto de los derechos humanos en la región.

Quito y sus aliados reivindican las propuestas emanadas de una conferencia organizada en Ecuador hace dos semanas con los países firmantes del Pacto de San José.

Los miembros de la ALBA, en particular, plantean sacar la sede de la CIDH de Washington, prohibir su financiación fuera de la región y dar las mismas capacidades a todas las relatorías del ente, lo que equivaldría a debilitar la Relatoría sobre Libertad de Expresión (RELE).

Estados Unidos no ha ratificado el Pacto de San José, suscrito en 1969.

Patiño insistió en destacar como un éxito que la OEA hubiera decidido mantener abierta la discusión sobre esos temas.

"Es un triunfo no solo del Estado sino también de la sociedad civil que insistentemente ha solicitado que estas reformas se hagan. Las organizaciones de niños, de migrantes han pedido que se los tome en cuenta y que no sigan siendo relatorías de segundo nivel", declaró el ministro.

Fortalecimiento

El presidente Juan Manuel Santos ratificó su rechazo a que se debilite la libertad de expresión en el marco de eventuales reformas al funcionamiento de la CIDH de la OEA.

"La posición de Colombia sobre la CIDH es muy clara: bienvenidas reformas que la fortalezcan. No queremos debilitar la libertad de expresión", tuiteó Santos.

Como lo publicó EL NUEVO SIGLO el sábado, tras casi doce horas de debate, los cancilleres reunidos en una Asamblea General Extraordinaria aprobaron por consenso una resolución que permite aportes financieros externos claves para la CIDH, pero también ordena "continuar el diálogo sobre los aspectos fundamentales" del ente autónomo de la OEA.

Los debates enfrentaron a un grupo mayoritario de países, que deseaban cerrar el proceso de reformas de la CIDH que se ha prolongado por casi dos años, y a Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que se negaban a ello, alegando que aún quedaban "distorsiones" en la Comisión.

La reacción de Santos sobre el tema, reafirma la posición que había expresado públicamente hace ocho días.

"En lo que a Colombia se refiere, nuestra postura de defensa y protección de la libertad de expresión no tiene ni tendrá fisuras", dijo Santos.

"Se trata en todo caso de fortalecer y no de debilitar. Por eso no compartimos posiciones extremas, ni tampoco la tentativa de debilitar a la Relatoría especial para la libertad de expresión, cuyo papel ha sido crucial para proteger esta libertad tan importante para el desarrollo democrático de nuestros pueblos", agregó.

La RELE, objeto de fuertes críticas de los gobiernos de Caracas y Quito, se mantiene exclusivamente con donaciones.

Financiamiento

Estados Unidos saludó la resolución de los miembros de la OEA sobre la reforma de la CIDH, que fortalece sus relatorías y promete alcanzar el pleno financiamiento desde la región.

La resolución de los 34 estados miembros, "adoptada por consenso" permite que la CIDH sea "más fuerte y más capacitada", aseguró un comunicado de la vocera del Departamento de Estado, Victoria Nuland, en un comunicado.

Estados Unidos reafirmó "su apoyo al trabajo de la Comisión", añadió Nuland, ante las críticas de los regímenes del ALBA, que consideran que la CIDH está sometida a los intereses de Washington.

"Esta resolución abre el diálogo continuamente" reconoció la subsecretaria adjunta para América Latina, Roberta Jacobson, a la prensa después de la votación.

Pero "preserva la independencia y la autonomía de la CIDH", se congratuló la responsable de la diplomacia estadounidense para la región.

Estados Unidos anunció que aportaba un millón de dólares suplementario para el presupuesto de la Comisión, de 9,5 millones de dólares, considerado insuficiente por el propio ente.