1.    VENEZUELA NO NOS VENDERÁ GAS: El viernes se confirmó lo que se venía rumorando tanto en Bogotá como en Caracas, pero nadie se atrevía a asegurar frontalmente. De acuerdo con comunicación enviada el 30 de diciembre por Pdvsa –la petrolera venezolana–, la empresa no iniciaría la entrega de gas a Colombia desde el viernes siguiente debido "al comportamiento de la generación de energía eléctrica, derivada de la variabilidad climática" en el vecino país. Ello pese a que la importación de gas de Venezuela hace parte de un acuerdo entre los dos países cuyo fundamento era establecer una relación de mutuo beneficio y bajo el cual Colombia le exportó gas durante aproximadamente ocho años y Venezuela debía hacer lo propio una vez desarrollados sus proyectos de producción. El contrato especificaba la entrega de 39 millones de pies cúbicos al día desde Venezuela, que corresponden a un poco más del 3 por ciento de la oferta diaria en Colombia. Durante 2015, Ecopetrol realizó las gestiones conducentes a recibir el gas en 2016, dando cumplimiento a los requerimientos regulatorios, comerciales, técnicos y operativos, para garantizar la puesta a punto del sistema en la fecha prevista. Ahora se espera que Pdvsa informe prontamente la nueva fecha en que podrá iniciarse dicha operación.

2.    FALLA ESTRUCTURAL EN CARGO DE CONFIABILIDAD: Semanas atrás se generó una polémica cuando el Gobierno aumentó las tarifas de energía eléctrica para ayudar a financiar a las termoeléctricas, cuya generación se necesita ahora para afrontar la emergencia derivada de la sequía (que afecta la cadena hidroeléctrica) provocada por el fenómeno climático del Niño. El Cargo de Confiabilidad lo pagan todos los usuarios de energía en el país desde hace años y, se supone, debía financiar la ampliación y operación de las termoeléctricas cuando fuera necesario prenderlas, sin que fuera necesario aumentar las tarifas. Pero no fue así, de allí la controversia sobre la utilización de esos billonarios recursos. La Contraloría emitió hace dos semanas un informe al respecto y estableció que existió una presunta falla del Estado en su papel de órgano regulador del mercado eléctrico y que se ha aplicado un mecanismo ineficiente para los requerimientos energéticos del país en momento de crisis. Encontró, además, que pudo haber falta de pericia de parte de los generadores térmicos al momento de calcular los costos reales de generación energética. Se llamó la atención sobre la preocupante situación financiera de empresas generadoras como Gecelca, Tebsa, Termoemcali y Termovalle que está afectando su viabilidad y continuidad en el mercado y por ende su aporte a la oferta de energía. También se prendió la alarma sobre Termocandelaria, sus deudas y cómo utilizó los recursos que recibió por cargo de confiabilidad.

3.    ALERTA ECONÓMICA DE EXPERTOS: Según centros de investigación del sector, por falta de planificación el sector energético seguirá en crisis durante 2016. En 2015, la brusca caída de los precios y exportaciones de petróleo desencadenaron problemas estructurales en la economía colombiana y condujo a la reestructuración de los planes de inversión y el recorte de personal de las industrias del sector. “En 2016 no será muy diferente. Los precios del crudo seguirán bajos, quizás no tanto como los actuales; por tanto, las finanzas públicas continuarán muy afectadas y, de paso, habrán dificultades en términos de impuestos y empleo, sobre todo en las regiones productoras del país”, indicó el profesor Germán Corredor, director del Observatorio de Energía del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UN). De acuerdo a Unimedios, Corredor dijo que el cuello de botella del sector gasífero es de vieja data por la ineficiente actuación y regulación del Gobierno. En opinión del experto, la problemática energética -que considera se extenderá a lo largo del 2016- es claro ejemplo de la falta de políticas públicas serias y de largo aliento para incentivar el desarrollo de fuentes alternativas, como plantas solares o eólicas, las cuales, como lo ha demostrado la academia, tienen un potencial enorme en el país.

4.    FENÓMENO DEL NIÑO: En este primer trimestre esta coyuntura climática tendrá su pico de maduración, registrando las temperaturas más altas de los últimos 15 años. Aunque el Gobierno descarta un racionamiento de luz, si la temporada invernal de abril no entra con fuerza la situación podría complicarse. El nivel de los embalses bordea el 60 por ciento, aunque su nivel histórico por esta época siempre era superior al 70 por ciento. Aun así ese 60 por ciento debería ser suficiente aunque las temperaturas serán muy altas, ahondando los ya críticos niveles de muchos ríos y, por ende, la presión sobre las reservas de agua de las represas y la generación hidroeléctrica. Según el Ideam, El Niño ha generado un descenso significativo en los niveles de los ríos en el territorio nacional, los cuales presentan los registros más bajos de los últimos 15 años y se acercan a los mínimos absolutos. El caudal del río Magdalena está en sus mínimos históricos y fue necesario declarar la alerta roja en 23 departamentos. En 2015 hubo 4.400 incendios, que afectaron más de 100.000 hectáreas. Hoy por hoy más de 300 municipios ya afrontan racionamientos de agua o restricciones en su servicio. Si no llueve lo suficiente en el segundo trimestre, habrá más presión para las termoeléctricas, poniendo de nuevo la lupa sobre el costo de su operación y si es suficiente el volumen de recursos derivado del aumento de tarifas.

5.    OJO A CONDICIONES DE MERCADO: Para el ya citado profesor Corredor, la sequía también hace mella en aquellas empresas que distribuyen y comercializan energía eléctrica (sobre todo las más pequeñas) y no tenían contratos de compra energética previos a la crisis; por ello, deben acudir a la Bolsa de Energía, donde los precios están muy altos. Los más afectados, a la larga, serán los usuarios a quienes se les trasladarán los costos. Agregó que debía tenerse en cuenta que el Gobierno, en su momento no calculó los costos de poner a funcionar las termoeléctricas a largo plazo con combustible líquido, pues una cosa es funcionar con gasolina durante unos pocos días y otra, durante meses. “En conclusión, la actual crisis no es por falta de proyectos, pues tenemos suficiente capacidad instalada, sino de planificación, específicamente de regulación; la situación fue mejor manejada en el 2009. Creo que a Colombia le ha faltado definir una política energética que utilice mejor los recursos; es inconcebible, por ejemplo, que aún no tengamos energías renovables e incluso una industria a su alrededor”, precisó Corredor.

6.    EL LÍO DE EL QUIMBO: La semana pasada el Gobierno volvió a perder la batalla jurídica para reabrir y poner en funcionamiento la hidroeléctrica de El Quimbo, en el Huila. Sobre la planta pesaba desde febrero de 2014 una medida cautelar del Tribunal Administrativo del Huila para que permaneciera apagada, en previsión de una afectación a la represa de Betania. En octubre, el Gobierno expidió un decreto al amparo de la emergencia económica declarada en la frontera con Venezuela, ordenando prender la hidroeléctrica para subir el cauce del río Magdalena y por esa vía que se pudiera movilizar combustible de la refinería de Barrancabermeja hacia los santanderes. Sin embargo, la Corte Constitucional, al comienzo de diciembre, tumbó el decreto al considerar que por esa vía no se podía desconocer la orden del Tribunal. El Gobierno interpuso una acción de tutela ante un juez de Neiva pero la semana pasada le fue negada. El problema aquí es que El Quimbo prendido aporta el 5 por ciento del parque diario de  generación energética, algo clave cuando se está en pleno pico crítico del fenómeno del Niño. Aunque el presidente Santos y los ministros, tanto del área económica como del agro, habían urgido –casi rogado– a la justicia que entendiera la difícil coyuntura climática y energética, lo cierto es que, a la luz de la norma jurídica, el juez no podía desconocer los argumentos de la Corte Constitucional.

7.    IMPACTO INFLACIONARIO Y POLÍTICO: Si bien el Gobierno, en cabeza del presidente Santos y el ministro de Minas, Tomás González, insisten en que no hay riesgo de racionamiento eléctrico y que los avances en el nivel de oferta y confiabilidad del parque de generación hidroeléctrica y térmica son garantía de ello, lo cierto es que la situación se complica. Un apagón, por pequeño que sea, tendría no sólo un alto costo económico para el sector productivo, sino político para la ya alicaída imagen del Ejecutivo. De otro lado, las reservas de agua (sobre todo de ríos que surten acueductos) están muy bajas, y el racionamiento de este servicio podría extenderse en pocas semanas a más de 500 poblaciones. A ello se suma que más de un millón de usuarios ya han pagado sobre-tarifa por superar los nuevos topes de consumo. Los bolsillos de los colombianos también se están viendo golpeados por las alzas en las tarifas de la energía para solventar la operación de las termoeléctricas. Todo ello tiene un impacto inflacionario muy alto (2015 cerró con un aumento cercano al 7 por ciento), pues no sólo se paga más en servicios públicos sino en el precio de los alimentos que han subido por cuenta de la sequía. Ello hace más difícil para el Gobierno romper la escalada inflacionaria este 2016.

8.    EL PULSO POR ISAGEN: Tras más de un año y medio de rifirrafe jurídico, por fin a finales del año pasado se destrabó todo el proceso para la subasta de la generadora Isagen, luego de que el Consejo de Estado fallara de fondo las demandas contra la venta del 57 por ciento de acciones que posee la Nación en esa rentable entidad. Incluso a finales de diciembre el Consejo de Ministros revisó la valoración de la empresa y aprobó un precio mínimo por acción de 4.130 pesos, representando un incremento del 21,5 por ciento frente al precio mínimo anterior de 3.399 pesos, publicado en mayo de 2015. Según el Ministerio de Hacienda el valor de la participación de la Nación se incrementó en 1.148 billones de pesos, al pasar de 5.338 billones de pesos en mayo de 2015 a 6.486 billones de pesos con el nuevo precio mínimo. Ahora bien, si el panorama jurídico parece estar despejado definitivamente para la subasta, hay tres elementos clave a tener en cuenta. De un lado, quiénes están interesados. Ayer, tras vencerse el plazo para entregar garantías de seriedad, dos oferentes (BRE Colombia Investments L.P. y Consorcio del Pacifico) quedaron facultados para presentarse a la subasta de las acciones. En segundo lugar, la oposición política a la venta de Isagen no se reduce, no solo por parte del uribismo sino al interior de la propia coalición de la Unidad Nacional, sobre todo en el liberalismo. Y, por último pero no menos importante, sigue el debate en torno a si debe venderse un activo energético tan estratégico como rentable de la Nación para financiar otro, como el de la infraestructura vial. A ello se suma, la polémica por la legalidad de la figura escogida para dicha destinación presupuestal.