Los concejales miembros de la Alianza Verde, manifestamos nuestra preocupación por el rumbo que al parecer están tomando los procesos penales contra los participantes en el llamado carrusel de la contratación de Bogotá.
Según se desprende de las informaciones de los medios de comunicación, hay miembros del carrusel que gozan todavía de libertad, a pesar de que cumplieron un papel importante en la organización del esquema delictivo.
De acuerdo con esas informaciones, las sumas de dinero que se han comprometido a devolver los que han celebrado acuerdos con la Fiscalía son minúsculas, si se las compara con el tamaño de los delitos.
En casos como éste, la averiguación del destino de las comisiones ilícitas y otras defraudaciones a los recursos públicos, así como la recuperación de éstos, deben formar parte de los propósitos básicos de la aplicación de los mecanismos de justicia negociada. Sin embargo, en el asunto del carrusel, el rastreo del producto de los delitos deja mucho que desear.
Las penas convenidas con los investigados, reseñadas por los medios, producen en varios casos la impresión de ser exiguas frente a la magnitud de las violaciones a la ley penal cometidas, máxime si se combinan con beneficios como la casa por cárcel y con rebajas por estudio, buen comportamiento bajo privación de libertad, etc.
Hay que reconocer que los esfuerzos de la Fiscalía por obtener la colaboración de los investigados mediante la aplicación del principio de oportunidad y la negociación de las penas, han contribuido a esclarecer los hechos y a develar el entramado del cartel. Sin esos esfuerzos, los resultados de las investigaciones habrían sido menores a los obtenidos. Pero surge la pregunta de si no se está sacrificando demasiado la justicia por avanzar en el conocimiento de la verdad. De hecho, se está corriendo el riesgo de enviar a la sociedad el mensaje de que el crimen sí paga, sobre todo el de cuello blanco y de gran magnitud, pues es posible que algunos de los miembros del carrusel salgan a disfrutar con plena tranquilidad, al cabo de muy pocos años de privación de la libertad, las enormes sumas de dinero en que defraudaron a Bogotá.
En consecuencia, los suscritos hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para que exijan que los investigados entreguen los recursos que se apropiaron ilícitamente, y les impongan penas que guarden proporción con las dimensiones y la gravedad de los delitos que cometieron en contra de la ciudad.