Gabriel Sonny Cubillos

Periodista de EL NUEVO SIGLO

No ha caído bien en las colectividades que se oponen al segundo gobierno del presidente Santos el mutismo que ha mostrado hasta el momento sobre  el reclamado estatuto de oposición. Algunos coinciden que este tema no puede quedar a los avances que se den en La Habana en materia de participación política de desmovilizados de las Farc.

Esta situación contrasta con el primer mandato del presidente Santos, pues días antes de posesionarse en agosto de 2010 ya entre los proyectos de ley que se anunciaba tenían en mente para presentar al Congreso, el ministro del Interior designado, Germán Vargas, anunciaba el estatuto de la oposición. “Propongo llevar un estatuto a los partidos de oposición, para que finalmente este país cuente con un estatuto integral de oposición y visitaré a los sectores que no hacen parte de la coalición en los próximos días, fundamentalmente al Polo Democrático, para concertar con ellos un estatuto que los rodee y les dé garantías”, dijo en esa oportunidad el hoy Vicepresidente de la República.

Y efectivamente el primer gobierno de Santos materializó su intención en este sentido, pues a finales de 2010 ya había sostenido reuniones con el Polo Democrático en oposición y el Partido Verde, para ese entonces declarado en oposición reflexiva, tendiente a consensuar los puntos principales que debería incluir el estatuto de oposición.

En febrero de 2011 el Polo Democrático se levantó de la mesa de discusión del estatuto de la oposición, inconforme porque un artículo del proyecto reglamentario de la Reforma Política de 2009 planteaba depurar el censo electoral de la época, en el sentido que del mismo hicieran parte solo los ciudadanos que votaron en las elecciones presidenciales de 2010 y las cédulas nuevas.

Esta iniciativa fue interpretada por el Polo como una forma de perjudicarlo con miras a los comicios regionales de 2011, pues buena parte de su militancia no participó en las presidenciales de 2010, atendiendo un llamado de esta colectividad a la abstención.

Luego en marzo de 2012, por iniciativa del Gobierno se reactivaron las conversaciones con el Polo para discutir un estatuto de oposición, pero nuevamente se enfriaron los diálogos sobre este tema. En octubre del mismo año, el propio presidente Santos junto con el ministro del Interior de la época, Fernando Carrillo, se reunieron nuevamente con la dirigencia del Polo y acordaron reanudar la discusión de este proyecto. La colectividad reiteró en ese entonces los puntos que aún hoy considera indispensable deben estar presentes en un proyecto de estatuto de la oposición: integración de los sectores de oposición a la organización electoral, empezando por el Consejo Nacional Electoral, acceso a los medios de comunicación y los jefes de la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo así sean de la oposición.

Sin embargo, a partir del inicio de las conversaciones con las Farc en Cuba para buscar una salida al conflicto armado en noviembre de 2012, el estatuto pareció dejó de ser una prioridad para el primer gobierno de Santos, pues no mostró mayor interés en reactivar con el Polo, para ese momento la única colectividad en la oposición, la discusión sobre ese tema.

Ya se cumplen 23 años sin que el país tenga un estatuto de oposición, como lo establece la Constitución Política, que en ese sentido hace un reconocimiento de las garantías políticas a las fuerzas políticas que son contrarias al Gobierno, por medio de una ley estatutaria que defina, entre otros, el acceso a la información y a la documentación oficial; el uso de los medios de comunicación social del Estado y la réplica en los mismos medios de comunicación.

Frente al actual Congreso se han declarado en oposición el Centro Democrático y el Polo Democrático.

Mutismo

En el discurso que pronunció Santos el 15 de junio pasado pocas horas después de ganar la reelección ni el pasado 20 de julio en la instalación de la primera legislatura del actual Congreso así como tampoco en el discurso de posesión para su segundo mandato el pasado 7 de agosto, el presidente Santos hizo mención alguna al estatuto de oposición, a pesar de que anunció que presentará una reforma política y un acto legislativo de reforma de equilibrio de poderes, frente a lo cual explicó que esta última propondrá la eliminación de la reelección y la ampliación del periodo a 5 o 6 años.

El presidente de la Unión Patriótica, Ómer Calderón, le dijo a EL NUEVO SIGLO  que lo que se sabe del estatuto de oposición en el nuevo Gobierno “es lo que el Presidente nombró en el discurso, que fue mutismo por el foro, silencio absoluto sobre el tema. Y el Ministro del Interior tampoco se ha pronunciado sobre eso, y hasta donde tenemos conocimiento de los retiros espirituales que hicieron los ministros este fin de semana, el tema tampoco estuvo circulando”.

Por eso Calderón dijo que “entendemos que el Gobierno está asumiendo una situación contraria al estatuto de oposición y estará, una de dos: dejando eso a los resultados de las negociaciones en La Habana, pero a su vez pone de presente que esa no es una convicción del Gobierno sino una moneda de transacción en La Habana, algo que nosotros, digo las fuerzas alternativas y de oposición, no debería ser así. O sea el tema de que exista una oposición no debe ser un asunto de negociación en La Habana, aunque tampoco es un tema que se plantea allí, sino que es una obligación constitucional que han tenido todos los gobiernos, y este con más veras que recibió el apoyo de la izquierda para ser elegido”.  

Otras fuerzas

En cualquier país del mundo existe un estatuto de la oposición y eso es uno de los fundamentos de una democracia. La democracia colombiana lo necesita y más cuando hay tantas sospechas, tantos interrogantes sobre la campaña pasada, sobre los auxilios, llamada popularmente “mermelada”, le dijo a este Diario la senadora Ana Mercedes Gómez (Partido Centro Democrático), quien añadió que este tema “no parece ser prioridad para el gobierno Santos”.

Aunque la Alianza Verde no está en la oposición sino que mantiene una actitud de independencia deliberativa frente al Gobierno, la representante Ángela Robledo señaló a este Diario que el estatuto de oposición “es prioritario para el país”. Aunque la Parlamentaria cree que este tema “por ahora no se va a mover hasta tanto no se firme la agenda porque ese punto está dentro de lo que se está conversando en La Habana”. 

En tanto que el senador Iván Cepeda (Polo) dijo a este Diario que “nuestra posición es que ese es un asunto que debe discutirse, por supuesto está incluido en los acuerdos de La Habana, y nosotros esperamos que comience a desarrollarse muy pronto, y se lo hemos manifestado así al Gobierno”.

Añadió que lo ideal en esta materia sería hacer una discusión concertada “para no ir a hacer cosas que después hay que volver a rehacer. Es decir, pienso que el Gobierno debería considerar si comienza esa interlocución desde ahora, pero sin perder de vista de que ese es un punto acordado (en La Habana) ya y que va a tener que realizarse como lo dice el acuerdo preliminar, un gran foro nacional para discutir este tema”.