Preocupación por la seguridad de los beneficiarios en la implementación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, manifestó ayer la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).

En ese sentido el director General del Codhes, Marcos Romero, destacó que esta ley es un paso importante porque el Estado reconoce que hubo violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, sin embargo anotó que la implementación generará riesgo para la población beneficiaria en las zonas del país en donde hacen presencia los grupos armados ilegales y las bandas criminales.
“En donde el retorno del campesinado no va a ser viable y la gente va a tener que acudir a fórmulas de compensación y se volverán en pobres urbanos al no poder regresar”, previó Romero.
La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, por medio de la cual el Estado se propone reparar en los próximos diez años de forma administrativa a cerca de cuatro millones de afectados por el conflicto interno, se implementará a partir del 1º de enero de 2012.
Entre tanto a lo largo de este año han sido asesinados varios líderes de comunidades que reclaman sus tierras arrebatadas por guerrilla y paramilitares, así como son muchos los amenazados.
Precisamente, el martes pasado el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que las autoridades ya conocen la identidad de seis autores de asesinatos de líderes de tierras. “Es la gran preocupación, desde hace algunas semanas se fijaron recompensas, las seis personas detectadas comprometidas en esos homicidios se han convertido en un objetivo estratégico su captura y su judicialización, porque es importante sentar un precedente para judicializar y capturar a los que estuvieron comprometidos en los asesinatos que han tenido lugar”, explicó Vargas.
El Ministro dijo en esa oportunidad que están listos todos los mecanismos en materia de seguridad de los beneficiarios, a partir del 1º de enero.  
Algunas de las regiones en donde se iniciará el proceso de reparación presentan alta presencia de bandas emergentes y guerrilla, el caso de Norte de Santander, Antioquia y el Pacífico.


Medidas

El martes pasado el Gobierno Nacional expidió los decretos reglamentarios de la Ley de Víctimas, que entre sus apartes establece varias medidas para garantizar la protección de los beneficiarios de las indemnizaciones económicas así como de la población que retorne a sus tierras.
En ese sentido los decretos señalan en materia de prevención, que “el Estado tiene la obligación de adoptar medidas para evitar la ocurrencia de violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, y a neutralizar o a superar las causas y circunstancias que generan riesgo en el marco del conflicto armado interno, y la generación de imaginarios sociales de solución pacífica de conflictos”.
En cuanto a protección señala que se adoptarán medidas especiales para personas, grupos o comunidades en situación de riesgo extraordinario o extremo, con el fin de salvaguardar sus derechos a la vida e integridad personal.
Una de las estrategias en materia de prevención consiste en los mapas de riesgo, cuya coordinación estará a cargo del Gobierno Nacional, y que identificará el riesgo de comunidades, municipios, organizaciones de víctimas, organizaciones para la restitución de tierras, organizaciones de mujeres y grupos étnicos afectados por el conflicto armado interno y la acción de grupos armados
organizados al margen de la ley, que deberán ser priorizados para su protección frente a situaciones de amenaza, pérdida y daño.
Igualmente se crea la Red de Observatorios de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con el fin de articular e intercambiar información, metodologías y análisis estructurales y coyunturales sobre violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con el fin de que sirvan de insumo para la toma de decisiones en materia de prevención, protección y garantías de no repetición.