La intervención de la Procuraduría hace énfasis en los elementos que dificultan el cumplimiento y eficacia de las medidas adoptadas por las autoridades competentes a favor de la población indígena desplazada.
 
“La vulneración de los derechos humanos de los miembros de los pueblos y comunidades indígenas en situación de desplazamiento forzado y confinamiento por causa del conflicto armado aún persiste”, señaló el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, ante la Corte Constitucional.

El pronunciamiento se realizó en el marco de la sesión técnica e informativa sobre la protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados o en riesgo de desplazamiento forzado, convocada por la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional a la sentencia T-025 de 2004, en la cual la Corte declaró un Estado de Cosas Inconstitucional respecto de la situación de la población internamente desplazada.

El Ministerio Público presentó ante la Alta Corporación un balance sobre los resultados de las medidas adoptadas por las autoridades estatales competentes para solucionar la crisis humanitaria que afrontan los pueblos indígenas desplazados.
Para cumplir con esta labor de vigilancia, la Procuraduría mantuvo una continua interlocución con las entidades del orden nacional que tienen responsabilidades en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Sala de Seguimiento al cumplimiento la sentencia T- 025 de 2004 y fortaleció su control preventivo, con el objetivo de aplicar en todo el territorio nacional procedimientos de verificación estandarizados y sistematizados para ejercer el seguimiento efectivo a la protección y garantía de los derechos de los grupos étnicos. 
Luego de la acción preventiva adelantada, la Procuraduría concluyó que las medidas adoptadas por las diferentes autoridades estatales en esta materia, en cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, pese a reconocer los avances del Gobierno Nacional en este sentido, no parecen haber resultado totalmente eficaces para contrarrestar o superar la grave situación de esta población desplazada.

“El proceso de diseño, formulación y consulta o concertación de las medidas ha comprometido la mayor parte de los esfuerzos de las instituciones sin que se trascienda de manera integral a la fase de implementación que garantice el goce efectivo de los derechos de los destinatarios de las mismas”, señala el informe de la Procuraduría ante el máximo organismo constitucional.
De otra parte, la Procuraduría advirtió posibles debilidades en la coordinación y articulación entra las distintas entidades del orden nacional responsables de la atención y asistencia a las comunidades, entre sí, y con las autoridades del nivel territorial.
 
Por todo lo anterior, el Jefe del Ministerio Publico recomendó a las autoridades del orden nacional y territorial en las que se encuentran radicadas las competencias para dar cumplimiento a las decisiones emitidas por la Corte Constitucional, analizar la pertinencia de implementar medidas para subsanar las aparentes debilidades y agilizar la implementación de los planes y programas destinados a salvaguardar los derechos humanos de las poblaciones étnicas cuya subsistencia se encuentra actualmente en riesgo.