El Presidente del Senado dijo que ‘falsos positivos’ seguirán en Justicia Ordinaria

Por no existir en el Código Penal serían modificados los términos violencia sexual y ejecución extrajudicial en la ponencia para último debate en Senado de la reforma al Fuero Penal Militar. Esto no quiere decir que desaparecerán de la lista de siete delitos que no serán conocidos por la Justicia Penal Militar o Policial, solo que serán precisados.

De esta forma los ponentes buscan que en la redacción del proyecto de acto legislativo haya absoluta claridad para que procesos que están en curso, como los llamados falsos positivos, y los que vienen en curso no salgan de la Justicia Ordinaria.

Así quedaría consignado en la ponencia para octavo debate en la plenaria del Senado, la cual será radicada hoy.

El senador Juan Manuel Galán, coordinador ponente para este debate, explicó a EL NUEVO SIGLO que la ponencia contendrá un artículo transitorio para el acto legislativo y lograr el propósito que es cerrarle la puerta totalmente a la interpretación por parte de un operador de justicia, de que falsos positivos puedan pasar de la Justicia Ordinaria a la Justicia Penal Militar, sea procesos que vengan en el futuro o procesos que estén en curso en instrucción por parte de la Justicia Ordinaria”.

Galán explicó que es necesario hacer estas precisiones porque “ejecuciones extrajudiciales es un delito que no existe, no está tipificado en la legislación penal internacional, en los tratados internacionales ni en la legislación de Colombia, lo mismo pasa con violencia sexual.

Entonces toca estudiar muy bien la terminología para que ningún operador de justicia en una interpretación en un momento dado pueda fallar en favor de que procesos que hoy están en Justicia Ordinaria por falsos positivos, por ejemplo, pasen a la Justicia Penal Militar”.

La ComisiónPrimeradel Senado revivió en séptimo debate de la iniciativa la lista de delitos que no serán competencia de la justicia castrense, la cual sobrevivió hasta el cuarto debate del proyecto, pero que luego fue excluida por la Cámara. En este sentido también operó la presión internacional y nacional de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que calificaron esta reforma al fuero militar como una puerta abierta a la impunidad de delitos cometidos por los uniformados.

Es el caso de un grupo de delegados de ONU que a finales de octubre enviaron una carta al Gobierno y al Congreso, indicando que “de aprobarse esta reforma, se perjudicaría seriamente la administración de justicia para casos de presuntas violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, incluidos los crímenes graves, por parte de las fuerzas militares o de la policía”.

El sector militar y el propio ministro de Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón, y varios congresistas consideraban que para garantizar una adecuada aplicación de justicia para los uniformados y a la vez que no hubiera impunidad era suficiente con la redacción que aprobó Cámara, en el sentido que la Justicia Penal Militar no conocerá de los crímenes de lesa humanidad, ni de los delitos de genocidio y desaparición forzada.

Sin embargo, el ministro Pinzón aceptó la decisión de la Comisión Primera de Senado la semana anterior,  de sumar  la ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado a la lista de delitos, que en caso de ser cometidos por militares serán conocidos por la Justicia Ordinaria.

“Al hacer esto de una u otro manera se acogen preocupaciones de algunos activistas y conocedores de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, no me cabe duda que podemos avanzar con una reforma que el país necesita”, señaló Pinzón en esa oportunidad.

Incluso, Pinzón hace mención a los nuevos delitos que introdujo el Senado en una comunicación de más de 10 páginas que el lunes pasado dirigió a José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), para responder las observaciones que esta ONG ha venido haciendo a la reforma al Fuero Militar.

Debate sin fin

El fortalecimiento del Fuero Militar fue uno de los compromisos que adquirió Juan Manuel Santos como candidato presidencial, que busca hacer efectivo a través de este proyecto de reforma constitucional.

Sin embargo, la iniciativa desde su radicación ha sido motivo de polémica porque por un lado, el gubernamental y el sector militar y policial, los uniformados no tienen las suficientes garantías para el desarrollo de sus actividades propias del servicio pues se habría menoscabado el Fuero Militar en los últimos años.

En ese sentido el Gobierno habla de la existencia de una guerra jurídica contra la Fuerza Pública que busca ‘empapelar’ a los uniformados por acciones que son propias del servicio, y que en casos en que efectivamente cometen delitos, que no sean conocidos por la Justicia Penal Militar, la cual se argumenta brinda mayores garantías de un juicio justo pues conoce la especificidad de la operación militar, el cual escapa a la Justicia Ordinaria.

En contraposición, ONG defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales se han opuesto con ahínco a esta reforma porque consideran que la justicia castrense no ofrece las suficientes garantías para que sean juzgados delitos de lesa humanidad y violaciones al Derecho Internacional Humanitario, más teniendo en cuenta el conflicto interno que sigue viviendo el país.

Sin embargo a pesar de la inclusión de la lista de delitos la polémica no ha perdido fuerza, más teniendo en cuenta que la próxima semana espera ser votado en último debate por la plenaria de Senado.

El martes anterior hicieron presencia en el país varias personalidades pata hacer escuchar su voz sobre este proyecto, como es el caso de José de Jesús Orozco, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien tras reunirse con las mesas directivas de Senado y Cámara de Representantes dijo que esta reforma es incompatible con los estándares interamericanos en materia de derechos humanos.

En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que tras adelantar un análisis del proyecto mañana hará un pronunciamiento sobre el mismo.

Igualmente se hizo presente en el país José Manuel Vivanco, quien se reunió con el presidente del Senado, Roy Barreras, y el coordinador de ponentes para el octavo debate del proyecto, senador Juan Manuel Galán, para manifestarle su preocupación de que la Fiscalía pierda la competencia de investigar casos como el de los falsos positivos y que queden en la impunidad.

“La Fiscalía debe defender sus fueros para continuar investigaciones en las que pueden estar involucrados miembros del Ejército", dice Vivanco, para quien no es suficiente que la reforma al fuero militar incluya una lista de siete delitos que no serán de conocimiento de la justicia penal militar. "Creemos que hay riesgos serios de que se cuelen en esta reforma los falsos positivos, es decir que sean trasladados algunos de estos casos a la justicia penal militar”, dijo Vivanco.

Igualmente Vivanco muestra sus preocupaciones porque los delitos de homicidio agravado y homicidio en persona protegida no queden en manos de la Justicia Ordinaria.

Sin embargo el Presidente del Senado dijo que los temores sobre la presunta impunidad en casos de falsos positivos “están resueltos con la lista de siete delitos que serán de conocimiento de la Fiscalía”.

Por su parte el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, señaló que este proyecto deja más dudas que claridades, además de anotar que el  mismo creó más funciones electorales para las altas Cortes, pues deberán elegir a los integrantes del Tribunal de Garantías que crea este proyecto.