Por Jairo Morales Nieto *

Especial para EL NUEVO SIGLO

 

 

Este artículo ofrece unabreveintroducción a unadiscusiónque comienza a despertar particularinterés tanto del lado de lasautoridades económicas del Gobierno, comotambién deorganismos financierosinternacionalesy de cooperación ante la perspectiva realista de un futuroacuerdo de paz entre el Ejecutivo y las organizaciones guerrilleras (Farc y Eln).

Me refiero a la discusión sobre el precio político y económico de la paz que, en términos generales, cubre tres temas: (i) la relación entre estabilización política y estabilidad macroeconómica; (ii) el cálculo del costo económico de la transición hacia la paz y desarrollo en términos de gasto público e inversión;  y, (iii) la capacidad y sostenibilidad de las finanzas públicas para absorber el precio económico de la paz en el mediano y largo plazo.

Todos estos temas usualmente son representados por los economistas mediante el uso de la geometría de curvas, funciones matemáticas y cálculos econométricos que permiten simular escenarios y hacer hipótesis sobre el comportamiento de variables críticas en sus estados estáticos y dinámicos. Obviamente este no es el lugar para realizar estas sofisticaciones por la naturaleza periodística de este escrito, así que pido por adelantado comprensión a mis lectores especializados por el nivel de simplificación de la narrativa económica.

*

 

Estabilidad política y económica de la paz

 

En términos de economía pública, el logro de la paz tiene dos precios: uno político y otro económico. El precio político se refiere a las concesiones que el gobierno tiene que hacer para terminar el conflicto armado y alcanzar el máximo nivel de estabilidad política y seguridad ciudadana. El precio económico concierne al costo de las concesiones políticas del gobierno expresado en magnitudes fiscales, gasto público e inversión y su impacto en el equilibrio económico global de hoy y en el futuro.

El gran desafío que tienen las autoridades gubernamentales responsables tanto del manejo político de la transición hacia la paz como de la política macroeconómica es lograr un balance entre el precio político y el precio económico de la paz, de tal manera que el objetivo de la estabilización política no sacrifique o vulnere el objetivo de la estabilidad macroeconómica y viceversa, más alláde niveles razonables y márgenes manejables.

El equilibrio se produce cuando los dos objetivos (político y económico) se armonizan y maximizan, es decir, cuando no se hacen contradictorios. No es tarea fácil, desde luego, pues en la teoría y en la práctica se pueden presentar de partida dos situaciones contradictorias extremas.

Por un lado, una situación de excesiva laxitud política del gobierno tras la búsqueda de la paz a toda costa sin medir el alcance de los efectos económicos, lo que inevitablemente incidirá en la estabilidad económica global; en el otro extremo, se puede presentar una situación de excesiva rigidez o celo de las autoridades económicas por mantener la estabilidad macroeconómica (fiscal, monetaria y cambiaria) sin atender los requerimientos de la paz lo que a su turno impactará severamente el logro de la estabilización política deseada y buscada.

El análisis de estas situaciones extremas nos dice que el logro del equilibrio entre el objetivo político y el objetivo económico en pos de la estabilidad global no es un proceso automático, ni tampoco asincrónico. Es el resultado de aproximaciones sucesivas que permitan hacer políticas de estabilización complementarias y no contradictorias y, sobre todo, sostenibles en el mediano y largo plazo.

También es el resultado de un proceso consultativo entre los negociadores de paz del gobierno y las autoridades económicas que deben discutir escenarios y márgenes de maniobra y alcanzar acuerdos y compromisos de uno y otro lado para dotar de coherencia y suficiencia a la acción pública gubernamental.

Hay que resaltar que los grupos insurgentes negociadores están llamados también a tener una alta dosis de realismo y pragmatismo en cuanto a sus demandas para ajustarlas a lo que el país efectivamente pueda responder sin afectar degenerativamente la salud global de las finanzas públicas y el ritmo del crecimiento económico que son dos de los indicadores principales para medir el éxito de la transición hacia la paz y desarrollo.

**

 

Cálculo del costo económico de la transición

 

Este es un tema muy complejo de abordar pues cualquier estimación de costos depende de la extensión, profundidad y duración que se le otorgue al proceso de transición hacia la paz y desarrollo de los territorios, poblaciones e instituciones víctimas del conflicto armado.

Si asumimos que el gobierno y la sociedad entienden que la transición hacia la paz es un esfuerzo radical orientado a la eliminación y/o reducción drástica de los factores histórico-estructurales que dieron origen al conflicto armado y a otros factores colaterales corrosivos que con el tiempo se han asociado a este problema (para-militarismo, para-política, narcotráfico, minería ilegal, etc.), entonces estamos frente al desafío histórico de hacer grandes cambios y transformaciones sociales, que si bien pueden tener un elevado costo fiscal y financiero, la tasa de retorno política y económica se estima será mucho mayor por los efectos del ‘dividendo de paz’, concepto que describimos prolijamente en ensayos previos publicados por este Diario. Dicho dividendo de paz se expresa, por un lado, en la reducción gradual del gasto militar y expansión del crecimiento económico; y, por otro, en el logro de la estabilidad política y mejora del bienestar social.

Un ejercicio comprehensivo que permita aproximarse al costo económico de la transición hacia la paz abarca el manejo de tres dimensiones del gasto e inversión pública, a saber:

Una dimensión infraestructural que se refiere a la estimación de las inversiones necesarias para integrar los territorios y poblaciones de paz a las redes y sistemas de infraestructura física, económica, social y sanitaria del país.

Una dimensión estructural que se refiere a las inversiones necesarias para integrar las poblaciones y territorios de paz a los sistemas nacionales e internacionales de mercado y comercio de productos, bienes de capital y tecnología, y por sobre todo, a la formación de capital humano y empresarial y a la vinculación de poblaciones y empresas con la economía del conocimiento;

Una dimensión super-estructural o institucional que se refiere a las inversiones necesarias para consolidar la implementación plena de la justicia transicional (realización de juicios, desmovilización, desarme, desminado, reinserción social de excombatientes, etc.) y para promover reformas políticas, económicas y sociales orientadas a la consolidación de la justicia restaurativa y la justicia distributiva en beneficio de las víctimas sobrevivientes del conflicto armado.

Es obvio que para precisar el quantum de este paquete de inversiones habrá que identificar previamente el universo geográfico de operación. Nos referimos a la necesidad de identificar, clasificar y jerarquizar los territorios de paz y de evaluar sus necesidades de inversión en atención a su emergencia, potencial de estabilidad política y desarrollo económico.

Dado que resulta poco realista hacer estudios de inversión municipio por municipio en un breve plazo, la técnica más expedita para hacer aproximaciones a los costos e inversiones se basa en una estimación del monto de la inversión per cápita anual requerida durante todo el periodo de implementación de la estrategia postconflicto.

El monto de inversión per cápita anual requerida deberá desagregarse por región, sector económico, tipo de actividad y proyecto de inversión y basarse en matrices de costos unitarios standard que permitan hacer extrapolaciones globales. Los organismos de planeación nacional y departamental son diestros en el manejo de estas técnicas, así que el problema de la estimación de costos puede ser fácilmente resuelto y en corto plazo.

Hay que denotar que esta información es extraordinariamente útil para determinar el esfuerzo fiscal requerido y para efectuar las proyecciones de financiamiento global, ambos aspectos de gran interés para la movilización de recursos internos y externos y para la evaluación del costo de la estrategia de paz de acuerdo a estándares internacionales.

***

 

Esfuerzo fiscal y su sostenibilidad

 

¿Cómo se financiarán los gastos e inversiones para la paz? ¿De dónde saldrá la plata? ¿Cuáles el estado de salud de las finanzas públicas para absorber estos gastos sin producir mayores impactos en el déficit fiscal, deuda pública, impuestos, inflación, etc.? Todas estas preguntas tienen que ver con lo que los economistas suelen llamar ‘análisis de sostenibilidad fiscal’.

Sostenibilidad fiscal en el contexto de paz que nos ocupase puede definir en dos sentidos, siguiendo las argumentaciones expuestas en este artículo. En primer lugar, como la habilidad de los negociadores de paz y las autoridades económicas del gobierno para lograr un equilibrio entre el precio político y precio económico de la paz. En segundo lugar, como la capacidad efectiva de las finanzas públicas para absorber los costos y las inversiones de la paz sin afectar sensiblemente la solvencia global de la economía en el mediano y largo plazo. Obviamente, la fortaleza de ambos sentidos estará supeditada a la calidad y confiabilidad de los análisis de los costos de la transición vis-a-vis los beneficios y retornos sociales, económicos y ambientales esperados.

En el corto plazo, seguramente se presentarán obvios desequilibrios y desajustes expresados en un muy probable aumento del déficit fiscal debido a los efectos del endeudamiento público, posible emisión primaria y a la acción de otras variables e indicadores (tasa de interés de la deuda pública, ratio de la deuda pública con respecto al PIB, tasa de crecimiento del PIB, etc.).

Pero estos efectos pueden hacerse transitorios considerando la salud y el buen momento por el que atraviesa la economía colombiana y la existencia de suficiente conocimiento nacional y disponibilidad de técnicas para fraguar distorsiones macroeconómicas riesgosas en el mediano y largo plazo.

De hecho, econometristas colombianos asociados a las investigaciones del Banco de la República vienen desarrollando desde hace años modelos y métodos de cálculo muy bien elaborados y consistentes para hacer simulaciones y estimaciones sobre los efectos de determinadas políticas en la sostenibilidad fiscal y en la actividad económica global (monetaria y cambiaria) del país.

Así pues, este no es un gran problema para la ‘intelligentsia’ nacional. La novedad del ejercicio estaría en aplicar el conocimiento y las técnicas existentes en el análisis de la sostenibilidad fiscal relacionada con el proceso de paz. Esta es una tarea urgente que deben emprender las autoridades económicas del gobierno pues además de mejorar el conocimiento público sobre un tema tan importante, facilitará mucho las negociaciones con los organismos financieros internacionales y también el diálogo con los donantes y organismos de ayuda humanitaria y cooperación.

 

* Doctor en Economía. Experto Internacional en Paz y Desarrollo. Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Febrero 2014. jairo@inafcon.com