Por considerar que se incurrieron en fallas procesales, fue rechazado el preacuerdo pactado entre cuatro beneficiarios del programa Agro Ingreso Seguro y la Fiscalía. 

 

El juez 54 de conocimiento tomó esta decisión aclarando que las penas de 20 a 22 meses de prisión que debían pagar Juan Manuel Dávila, María clara Fernández de soto, Juan Manuel Dávila y Ana María Fernández de Soto "eran irrisorias".

 

Estas personas, procesadas por delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado, habían reintegrado los 2.400 millones de pesos que recibieron por subsidios de riego y drenaje para sus fincas.