Por Jairo Morales Nieto *
Especial para EL NUEVO SIGLO
La democracia, además de ser un ideal político, decía Schumpeter, es un método de convivencia social y de elección pública.
En una sociedad democrática madura, los ciudadanos no solo participan en la elección de sus representantes ante los diversos órganos del poder público, sino que esperan y exigen que se les tenga en cuenta en las decisiones gubernamentales que tienen que ver con su bienestar y desarrollo. Temas como los impuestos y el gasto público están en el núcleo de las preocupaciones cotidianas de los electores y contribuyentes. Los ciudadanos son además muy exigentes en cuanto a la eficiencia y transparencia de la acción pública y la honestidad de los políticos y de la burocracia gubernamental. Además, la ciudadanía en general está siempre vigilante de los daños e impactos negativos que la acción gubernamental y/o privada pueda causar en la calidad de vida y el medio ambiente; y, se moviliza pacíficamente para expresar su inconformidad a través de múltiples iniciativas ciudadanas, grupos de presión y redes sociales.
No necesitamos hacer estudios muy elaborados para concluir que así, lamentablemente, no funciona y no ha funcionado nuestra sociedad. Los colombianos, es cierto, ejercemos el derecho al voto. Pero carecemos de organismos de participación ciudadana que nos permitan influir en las decisiones públicas y ejercer control sobre la actividad de la esfera gubernamental y sus administradores. No resultaría extraño encontrar en este argumento una de las raíces del conflicto social –armado o no armado- en nuestro país. Así que algún día tendremos que cambiar esta escenografía para mejorar.
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Quiero valerme de esta breve introducción para decir con cierto optimismo que la actual coyuntura política, ligada a un probable acuerdo de paz con las Farc y ojalá con el Eln también, se presenta como el momento ideal para comenzar a corregir defectos y perfeccionar nuestra sociedad democrática haciéndola más participativa, reflexiva y deliberativa, acogiendo la visión de democracia radical de Juergen Habermas, uno de los más grandes pensadores vivos de nuestro tiempo.
Las acciones esperadas de desmovilización y entrega de las armas por parte de los insurrectos habría que interpretarlas esencialmente como una sensata decisión colectiva de solicitud de ingreso al sistema de vida democrático del país con todas sus virtudes y defectos.
Este paso histórico debe ir acompañado de una apertura de la sociedad colombiana para permitirle a los desmovilizados un aprendizaje de las reglas de juego democrático y a la vez para que participen en su continuo perfeccionamiento.
La idea que tengo y deseo exponer aquí brevemente, es hacer del proceso de paz una praxis democrática como lo sugiere el encabezamiento de este artículo. Se trata de establecer un procedimiento metodológico mediante el cual todas las fuerzas sociales involucradas dentro del proceso de paz, participen directamente en la implementación de los acuerdos de paz, su seguimiento y evaluación.
Mi aspiración más ambiciosa es que a la luz de este ‘experimento’ podamos identificar lecciones que nos sirvan para replicar las buenas prácticas en otros contextos y aspectos de la esfera pública nacional y local.
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La propuesta de la praxis democrática de la paz es un procedimiento metodológico que se desarrolla en tres pasos: primero, creación de un mecanismo de gobernabilidad democrática para la paz; segundo, reafirmación del consenso fundamental por la paz; y, tercero, construcción de una visión colectiva de una paz alcanzable y realizable.
Veamos a continuación de manera simplificada las características de cada uno de estos tres pasos metodológicos que sin muchas variaciones han sido aplicados exitosamente por el autor de este artículo en diversos contextos de postconflicto alrededor del mundo.
PASO UNO: Creación de un mecanismo de gobernabilidad democrática para la paz
Por ‘gobernabilidad democrática’ entendemos, la capacidad conjunta de los poderes públicos, los grupos de poder económico y la sociedad civil (grupos de presión, iniciativas ciudadanas y redes sociales) para convivir e interactuar pacíficamente en un marco de corresponsabilidad, respecto a los derechos y libertades mutuas y, para trabajar con honestidad y transparencia.
El ejercicio de la gobernabilidad democrática para la paz requiere de la creación de un mecanismo dúctil de consulta, consenso y concertación que involucre a todos los representantes clave de las fuerzas sociales mencionadas arriba, incluidas, desde luego, las organizaciones políticas y sociales de las víctimas y de los excombatientes.
El mecanismo de gobernabilidad identificado y adoptado no solo es un ambiente deliberativo y de pensamiento estratégico para la paz. Es un centro de elección pública y decisión democrática; por tanto deberá estar dotado de recursos técnicos y de financiamiento que sirvan para direccionar los procesos de paz y también para apalancar recursos de financiamiento externos adicionales, provenientes de la ayuda de la comunidad internacional.
PASO DOS: Re-afirmación del consenso y compromiso fundamental por la paz
Los acuerdos de paz refrendados por los ciudadanos y el Parlamento son la expresión más genuina de la voluntad política por la reconciliación nacional. El organismo de gobernabilidad democrática identificado y adoptado debe basar su existencia y organización en los ideales y principios que dieron origen a esos acuerdos y re-afirmarlos en su carta de constitución.
En términos prácticos se trata de la suscripción de un contrato social donde todas las fuerzas sociales involucradas en la operación del mecanismo, consagran de manera explícita: su voluntad política por la paz; la negación del conflicto armado como mecanismo de imposición de objetivos; la adopción de mecanismos democráticos de elección y decisión; y, el compromiso de compartir responsabilidades en el manejo de la transición hacia la paz en beneficio de las poblaciones y territorios más afectados y vulnerables.
El contrato social debe ocurrir a nivel nacional y local. Su elaboración y perfeccionamiento normalmente se realiza en un taller de gobernabilidad democrática, guiado por especialistas en el tema. En ese mismo evento se establecen las normas y códigos de conducta que son comunes a todas las corporaciones democráticas modernas en cuanto a la valoración y adopción de buenas prácticas administrativas que coadyuven a la transparencia, rendición de cuentas, eficiencia, eficacia y sostenibilidad.
PASO TRES: Construcción de una visión colectiva de una paz alcanzable y realizable
Una vez creado el mecanismo de gobernabilidad y haber reafirmado el consenso y compromiso fundamental por la paz, el siguiente paso concierne a la construcción de una imagen-objetivo de la sociedad de paz a la cual se quiere llegar.
La visión de un futuro deseable y alcanzable es un proceso que usualmente se inicia con un taller de predicción estratégica que desarrolla capacidades de análisis de la realidad presente y sus potencialidades; capacidades de análisis de posibles escenarios de ocurrencia y alternativas de cambio; y, capacidades de pronóstico y toma de decisiones.
Un taller de predicción estratégica es un proceso de formación de pensamiento público moderno a la luz de las grandes tendencias de cambio en el país y en el mundo en materia política, económica, social, tecnológica, empresarial y comercial.
El taller de predicción estratégica está dirigido a todos los miembros del mecanismo de gobernabilidad democrática identificado y adoptado y se realiza tanto a nivel nacional como local en todos los territorios de paz. Al final de este evento se espera que los participantes logren una visión compartida del futuro deseado y alcanzable; dispongan de técnicas e instrumentos de análisis y pronóstico; y, mejoren sus habilidades de trabajo en equipo y de toma de decisión. La ejecución del taller de predicción estratégica debe ser guiada por especialistas en el manejo de esta técnica y sus respectivas herramientas.
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Veamos ahora con cierto detalle el modelo de organización del mecanismo de gobernabilidad para la paz que proponemos.
El diagrama adjunto describe lo que denominamos ‘La gobernabilidad democrática para la paz y sus instituciones’. Básicamente se trata de la creación de una ‘Asamblea Nacional de Paz y Desarrollo’ conformada por representantes de los poderes públicos, los poderes económicos y la sociedad civil (grupos de presión, iniciativas ciudadanas y redes sociales) que incluye a las organizaciones de las víctimas y de los excombatientes.
El presidente de la Republica es el líder del proceso a nivel nacional; a él (o ella) le corresponde hacer la convocatoria de los miembros de la Asamblea, la constitución oficial del organismo y su conducción y orientación general. La Asamblea podrá reunirse una o dos veces al año.
La Asamblea cuenta con un Consejo Nacional Permanente de Paz y Desarrollo conformado por delegados de las tres fuerzas sociales mencionadas que podrán rotar la dirección ejecutiva del organismo cada dos años. El esquema incluye la participación honoraria de la comunidad donante y financiera internacional que puede hacer valiosos aportes a la dinámica y transparencia del proceso de transición hacia la paz y la reconciliación. El Consejo es el órgano directivo encargado de dar dirección estratégica al proceso de transición, movilizar recursos y aprobar la utilización de los mismos, y hacer seguimiento y control de las operaciones técnicas y financieras.
A nivel local, se prevé la constitución de ‘Comités Municipales de Paz y Desarrollo’ conformados igualmente por representantes locales de las tres fuerzas sociales en cuestión. Los alcaldes municipales son los líderes del proceso con funciones similares a las del ejecutivo nacional.
El Consejo Nacional de Paz y Desarrollo establece sus relaciones políticas con el nivel municipal en coordinación con los gobernadores de los departamentos que están llamados a jugar un papel muy importante en el manejo de las consecuencias políticas locales y regionales del proceso de paz.
El Consejo Nacional de Paz dispone de un brazo técnico y otro financiero. El brazo técnico tiene como función primaria compatibilizar la estrategia de paz y desarrollo con las políticas y planes de desarrollo del gobierno; dotar de coherencia y coordinación a las instituciones del estado involucradas en su implementación; y, asegurar la calidad técnica de las propuestas de inversión provenientes de las áreas de paz en coordinación con los puntos focales a nivel municipal.
El brazo financiero puede adoptar la figura de un Fondo Fiduciario para la Paz. El fondo fiduciario es una respuesta idónea para resolver la compleja dimensión financiera inherente a todos los procesos de transición y consolidación de la paz y, fundamentalmente, para dotar de transparencia a la acción inversionista del estado frente a la ciudadanía y a la comunidad internacional. La responsabilidad primaria del fondo fiduciario comprende la evaluación de la capacidad técnica, contable y fiduciaria de los entes de implementación propuestos y seleccionados, sean éstos entes públicos, empresas privadas u organismos nogubernamentales, nacionales o internacionales.
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La exposición de estas ideas seguramente puede ser considerada por unos, como muy anticipada frente a los progresos actuales del proceso de paz; y, por otros, como demasiado prescriptiva por los detalles de la organización institucional que se propone.
Antes de escribir esta propuesta, reflexioné mucho sobre la pertinencia de moverme en esta dirección. Pero llegué rápido a la conclusión de que la propuesta no es anticipada pues la mesa de negociación de la paz en la Habana está abordando justamente los temas de participación política que -desde mi perspectiva- no sólo tienen que ver con arreglos electorales, sino también con los temas de elección y decisión publica relacionados con la transición que han sido el leitmotiv de este artículo.
Tampoco consideré que la propuesta fuese prescriptiva, pues cualquiera sea la evolución del proceso hacia la paz y desarrollo, pienso que siempre habrá la necesidad de crear nuevas instituciones abiertas y participativas que ayuden a perfeccionar el modus operandi de nuestra sociedad democrática y establecer las bases para lograr una paz duradera.
* Doctor en Economía. Experto Internacional en Paz y Desarrollo. Ciudad del Cabo,
Sudáfrica. Julio 2013. jairo@inafcon.com