El plan de Ordenamiento Territorial (POT) decretado por el alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, seguirá suspendido provisionalmente en el Consejo de Estado por decisión de la Sala Plena. En su más reciente pronunciamiento, el alto tribunal se declaró incompetente para resolver de fondo el recurso de súplica de la Alcaldía Mayor y determinó que le corresponde a un juez administrativo fallar de fondo en ese pleito.
Sin embargo, como ya se preveía, el Consejo dejó en firme las medidas cautelares que desde abril mantiene en el limbo jurídico al Plan de Ordenamiento, que según el burgomaestre capitalino, es el más avanzado de América Latina. No obstante, cabe recordar que la corporación amparó su decisión en el artículo 313 de la Constitución Política donde menciona que los concejos son los facultados para reglamentar los usos del suelo. Eso significa que el Alcalde Mayor no podía decretar el Plan de Ordenamiento, que fue rechazado y archivado por el cabildo distrital.
En la providencia del Consejo del mes de abril se indica que la facultad excepcional entregada a los alcaldes solo es posible“cuando el Concejo no toma ninguna decisión sobre el proyecto de acuerdo de revisión, en el sentido de aprobarlo o negarlo en un plazo de 90 días calendario, lo cual no aconteció en este caso, pues, como quedó visto, la Corporación edilicea de Bogotá se pronunció de manera negativa respecto del proyecto de acuerdo 118 de 2013, por lo que se repite, el alcalde no podía adoptarlo por decreto”.
Desde que el POT quedó suspendido, EL NUEVO SIGLO ha venido recogiendo las visiones de los diferentes sectores que se han visto afectados por este tema. Por un lado, en el sector edificador, la gerente de Camacol Bogotá-Cundinamarca, Martha Moreno mencionó en su momento que “la inseguridad jurídica que se genera por decisiones que se toman sin consultar la normativa constitucional y vigente, obviamente pone en riesgo la inversión, desestimula los nuevos proyectos”.
De otro lado, el presidente de Fedelonjas, César Augusto Llano, calificó al ser consultado por este medio como “irresponsable” las medidas adoptadas por el alcalde Gustavo Petro. Para el dirigente gremial, la suspensión del Plan de Ordenamiento ha generado una especulación que ha llevado a una escalada en los precios de los inmuebles de la ciudad tanto en compra como en arriendo que afectan a todos los estratos de la ciudad.
Al otro lado de la balanza está la Administración Distrital, la que ha defendido las modificaciones del Plan a capa y espada. Por ejemplo para el mandatario distrital, con el POT se gira en torno a una política que protege los recursos hídricos y las áreas protegidas de la ciudad. Así mismo permite la densificación del centro, lo que permite a los capitalinos en un futuro tener mejor movilidad y acceso a los servicios más importantes.
Dentro del Plan también se trató uno de los puntos de interés en la ciudad: el Metro. Allí se contempló formas adicionales de financiar la megaobra como los cobros por construcciones cerca de estaciones y cambio de uso de suelo.