Portugal, bajo ayuda financiera internacional, se convirtió en el primer país de la Unión Europea (UE) en ratificar, por vía parlamentaria, el pacto presupuestario basado en el rigor y la disciplina para luchar contra la crisis de la deuda.
El Parlamento portugués aprobó asimismo el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que apoyará a los países de la zona euro que --como fue el caso de Portugal-- tienen dificultades financieras.
La votación no planteó ningún problema en la medida en que la derecha, que dispone de una confortable mayoría, fue apoyada por la oposición socialista, excepto dos diputados.
Este pacto "representa nuestro rechazo a repetir los errores del pasado", declaró, durante el debate parlamentario, el primer ministro Pedro Passos Coelho.
"Es en nombre de la opción europea de Portugal que votaremos favorablemente" había anunciado el jefe del Partido socialista, Antonio José Seguro, pese a que los socialistas portugueses, igual que sus homólogos europeos, consideran que el pacto no incluye las suficientes medidas en favor del crecimiento y la creación de empleo.
Firmado el 2 de marzo en Bruselas por 25 de los 27 países de la Unión Europea, el pacto empezará a aplicarse en cuanto haya sido ratificado por 12 Estados.
Prueba de la controversia que suscita fue la negativa de Gran Bretaña y República Checa a sumarse al pacto, mientras Irlanda decidió someterlo a un referéndum.
En Francia, la ratificación del pacto dependerá de la elección presidencial (primera vuelta el 22 de abril, segunda el 6 de mayo).
El candidato socialista, François Hollande, quiere renegociarlo. Pero el actual presidente, Nicolas Sarkozy, en caso de obtener la reelección, debería hacer ratificar el pacto por vía parlamentaria (mayoría de dos tercios), lo que implica el apoyo de los socialistas.
En Alemania, la oposición social-demócrata desea medidas en favor del crecimiento. La ratificación podría producirse solamente a fines de año, aunque el gobierno querría adoptar el texto a fines de mayo.
El pacto instaura sanciones casi automáticas en caso de desviaciones de los déficits públicos. Prevé un déficit público máximo de 3% del PIB y una deuda global no superior al 60 % del PIB.
Aunque Portugal se haya convertido en el primer país de la UE en ratificarlo, también es uno de los que mayores dificultades tiene para respetarlo. La deuda pública portuguesa, actualmente de 110% del PIB, podría llegar a 115% del PIB a fines de año.
Portugal debió solicitar en mayo de 2011, tal como lo hicieran antes Grecia e Irlanda, una ayuda financiera excepcional a la UE y al FMI. A cambio de un préstamo a tres años de 78.000 millones de euros, se comprometió a implementar un plan de reformas, de una inédita austeridad.
Hasta ahora, el gobierno logró respetar lo esencial de sus objetivos recomendados por los acreedores. Por ejemplo, el año pasado consiguió reducir su déficit público a 4,2% del PIB, desde el 9,8% de 2010.
Pero estas medidas de austeridad sumieron al país en la recesión y, según las previsiones, la economía portuguesa caerá este año más de un 3% del PIB, y el desempleo superará el 14%.